El Gobierno requiere de incompetencia a la Generalitat por su Plan de Acción Exterior

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes dar el primer paso para recurrir el Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña por entender que excede las competencias de las autonomías en esta materia de acción exterior e incumple por tanto la Constitución. "Ofrece una proyección de Cataluña como Estado", han afirmado desde el Gobierno.

Así ha resumido el Plan la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, el Gobierno va a presentar un requerimiento de incompetencia, un paso por el que el Ejecutivo reclama a la Generalitat que derogue o retire la iniciativa. Si en un mes el Govern independentista de Quim Torra no rectifica, el Gobierno podrá presentar conflicto ante el Tribunal Constitucional.

El Gabinete de Pedro Sánchez tenía dos meses para dar este pas y ha tomado la decisión al filo del plazo, ya que el Plan fue aprobado por la Generalitat el pasado 25 de junio.

Según Celaá, la Generalitat ofrece en esa estrategia de acción exterior la idea de que Cataluña no es una comunidad autónoma española sino un Estado y un sujeto internacional, y "obvia" las competencias estatales en esta materia, reservada en exclusiva al Ejecutivo central por la Constitución.

La portavoz ha asegurado que el propio Tribunal Constitucional ha subrayado ya que la política exterior de las autonomías "debe respetar el ejercicio y la dirección que posee el Estado de esta política", pero que la Generalitat de Cataluña no menciona en su Plan ni la Constitución, ni la Ley de Acción Exterior ni hace referencia a la política exterior española.

Tampoco se refiere en ningún punto a que Cataluña es una Comunidad Autónoma y se privilegia el uso del término “país” -en referencia a Cataluña- o “gobierno” -en referencia al gobierno autonómico, señala el Ejecutivo.

Este requerimiento está previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y su objetivo es asegurar que se respeta el reparto competencial previsto en la Constitución, tanto por parte de las comunidades autónomas como del Estado, de forma que no se vulneren las competencias de cada una de las administraciones.

Concretamente, el art. 63 establece que el órgano competente puede iniciar este requerimiento “cuando una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes”.