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Del Aquarius al Open Arms: Sánchez da un vuelco a su política migratoria en 14 meses

Con apenas 10 días al frente del Ejecutivo tras la moción de censura que tumbó a Rajoy, Sánchez decidió cambiar el rumbo de la política migratoria española. Hoy, todo parece haber cambiado

Foto: El Open Arms se acerca a Lampedusa. (Reuters)
El Open Arms se acerca a Lampedusa. (Reuters)

Un año y dos meses han pasado entre la llegada del Aquarius anunciada a bombo y platillo en junio de 2018 y la desesperación de los tripulantes del Open Arms tras 14 días en el mar con más de 150 personas a bordo. En este lapso, mucho ha cambiado en la actitud y las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez en lo relativo a la inmigración. Si poco después de llegar a Moncloa era el socialista quien sacaba pecho con una decisión tomada personalmente por él, hoy son sus ministros los que salen para gestionar estas situaciones de crisis, teniendo que ser la ministra portavoz, Isabel Celaá, o el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quienes pongan voz a la negativa del Gobierno a ser el "puerto seguro" que buscan los rescatadores de migrantes.

La no aprobación de los Presupuestos, las elecciones generales, autonómicas y locales, la aparición en el mapa de Vox y tres meses y medio de Gobierno en funciones. Todo esto ha pasado desde aquel momento. Con apenas 10 días al frente del Ejecutivo tras la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy, Sánchez decidió cambiar el rumbo de la política migratoria española, o eso decían entonces. El mandatario anunció en su cuenta de Twitter que había dado instrucciones para que el Aquarius se dirigiera al puerto de Valencia con 629 migrantes.

En aquel momento, la Italia de Salvini ya negó el acceso a la embarcación de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée. "Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro", aseguraba entonces Sánchez. Josep Borrel destacaba en aquel momento que se trataba de una decisión "personal y directa" del presidente contra la actitud de "mirar para otro lado" frente al problema de los refugiados en la Unión Europea.

La gestión de la crisis del Aquarius tuvo una gran repercusión en la prensa internacional, que ya una semana antes había alabado la composición del nuevo Gobierno español. Sánchez fue aplaudido por múltiples líderes europeos.Con la hiperactividad de las primeras semanas, el socialista parecía querer diferenciarse al máximo de su predecesor. En España, el socialista fue tachado de populista y demagogo por la derecha. A finales de julio de ese año, un Pablo Casado elegido recientemente nuevo líder del PP inició su dura oposición a Sánchez con la inmigración en primer plano: "No es posible que España pueda absorber a millones de africanos", repetía una y otra vez Casado, que alertaba del "efecto llamada" provocado por la gestión de la crisis del Aquarius.

Sin embargo, la 'obligación' que centraba la política migratoria sanchista no duró mucho. Si el Aquarius llegó a Valencia el 17 de junio, el día 25 de este mes el ministro Ábalos cambiaba el tono y afirmaba que España no iba a dedicarse a atender a toda la inmigración que arriba a la UE por mar: "Otra cosa es que nos constituyamos en la organización de Salvamento Marítimo de toda Europa". El último día de junio de ese año, el Open Arms pidió permiso para desembarcar con 87 personas a bordo. Las organizaciones migratorias criticaron entonces a Sánchez por cómo había solventado esta situación, manejada de manera mucho más discreta. El Ejecutivo se justificaba con que en este caso no se trataba de una "emergencia". En el verano de 2018, Sánchez se llegó a reunir con Merkel para abordar la gestión migratoria.

El 12 de agosto de 2018, el Aquarius solicitaba de nuevo un puerto para llevar a 141 migrantes. En aquel momento, el Gobierno ya comenzó a esbozar el argumento que hoy emplea: "No somos el puerto más seguro". En este caso, no hubo ni rastro de los tuits de Sánchez sacando pecho de su gestión. El navío terminó atracando en Malta y 60 de los migrantes llegaron a España como parte de un reparto acordado entre países. "El primer Aquarius supuso un llamamiento a Europa para decirle que este era un asunto europeo, y el segundo supuso, 'de facto', el reparto de los migrantes", defendía Sánchez entonces. A finales de ese mes, el Gobierno desempolvó un acuerdo de 1992 con Marruecos para efectuar la devolución de 116 personas que habían saltado la valla de Melilla.

En diciembre de 2018, el pesquero español Nuestra Señora Loreto se pasó más de una semana a la deriva tras rescatar a 11 migrantes, que finalmente llegaron a Libia. En ese mismo mes, el Gobierno había autorizado al Open Arms a acceder a sus aguas con más de 300 personas a bordo.

Ya en enero de 2019, tras la aparición de Vox en Andalucía y con un Pablo Casado más rodado al frente del PP, Sánchez fue un paso más allá y consolidó su viraje en materia migratoria. El Gobierno bloqueó el Open Arms en el puerto de Barcelona y el Aita Mari —también de rescate— en Guipúzcoa. Según argumentó entonces el Ejecutivo socialista, la embarcación incumplía varios convenios internacionales. El Gobierno incidía entonces en que con las actuaciones de rescate y desembarco de la ONG, entre otros aspectos, "vulneró lo indicado respecto a la obligación de desembarcar a los náufragos en un puerto seguro lo más cercano posible". El Gobierno se refería así a cuando el Open Arms terminó llegando a Algeciras tras la negativa de Malta e Italia a dejarlo llegar a puerto. Más de 100 días estuvo sin poder zarpar el navío, hasta que recibió la autorización para llevar ayuda humanitaria.

Ábalos justificó el bloqueo con que la negativa de Italia y Malta hacía que los barcos emprendieran el viaje al país de su bandera —española, en el caso del Open Arms—, y que esto ponía en riesgo a tripulantes e migrantes por ser una travesía más larga. El barómetro del CIS de enero recogía que el 11,1% de los encuestados veía la inmigración como uno de los tres principales problemas de España. En el mes de junio previo, ese porcentaje era solo del 3,5%.

En febrero de este año, El Confidencial informó de que el Ejecutivo de Sánchez tenía entre manos una nueva medida migratoria: la de embarcar a la Guardia Civil en el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor, un gran barco civil destinado al rescate de migrantes en el mar de Alborán, según denunciaron entonces los sindicatos de Salvamento Marítimo (Sasemar). Interior afirmó que no se trataba de un plan generalizado. Ya en agosto de 2018, el Gobierno había creado un mando único en materia de inmigración y había puesto al frente a un general de la Guardia Civil. El Clara Campoamor, desde entonces, seguía órdenes de este mando único.

La tensión por los rescates en el Mediterráneo y la respuesta de los países ante este drama no se ha reducido desde entonces. Es más, la inmigración y el caso del Open Arms han entrado de lleno en la política italiana, donde Salvini parece estar ya en campaña electoral de cara a unos posibles comicios nacionales. Precisamente, fue Roma quien llegó a detener a la capitana del Sea Watch, otro barco de rescate, tras llevar sin permiso a Lampedusa a 40 migrantes salvados en el Mediterráneo central.

Ahora, España participará en el reparto de los migrantes a bordo del Open Arms. Lo hará después de que la ONG solicitara asilo a España para los 31 menores que llevaban hasta dos semanas a la espera de pisar tierra firme. En estos 14 días, el Ejecutivo de Sánchez ha vuelto a incidir en que España no puede ser el único puerto seguro en aguas europeas y ha reclamado, de nuevo, una política comunitaria común. Ábalos ha tenido un discurso duro dentro del Gobierno en estas semanas, asegurando que no es una cuestión de ser "voluntarista" y que le "molestan los abanderados de la libertad que no tienen que tomar nunca una decisión".

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