El pistolero de Atocha alegó "persecución política" para evitar su extradición

El pistolero de Atocha alegó ser "víctima de persecución política" para evitar su extradición. Así consta en un informe en que el Ministerio Público de Brasil se muestra a favor de entregar a España a Carlos García Juliá, autor de la matanza de Atocha y detenido el pasado 5 de diciembre en Sao Paulo tras 24 años de huida. Pese a los argumentos de su defensa, la Justicia de Brasil ha atendido la postura del Ministerio Público y ha acordado extraditar al pistolero, que ingresará de forma automática en prisión tras su llegada a Madrid. García Juliá fue condenado en 1980 a 193 años de cárcel por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio, una pena "de la que le restan por cumplir un total de 3.855 días [10 años]", explican fuentes de la Audiencia Nacional.

Tras pasar por Venezuela y Paraguay, García Juliá logró rehacer su vida con una mujer brasileña en Sao Paulo: mientras los agentes le ponían las esposas, él les aseguró que no era más que un conductor de Uber que respondía al nombre de Genaro Antonio Materan Flores. En el informe del 14 de junio, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público detalla los cuatro argumentos que alegó su defensa tras el arresto: la pena que le queda por cumplir en España ha prescrito, el pistolero encaja con un decreto brasileño de diciembre de 2013 que contempla indultos, el uso de una identidad falsa ha prescrito y, en caso de confirmarse su extradición, "sería una víctima de persecución política".

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Los argumentos, sin embargo, no han convencido a la Justicia brasileña. El Ministerio Público sostiene que "no hay evidencia concreta y específica de que haya sido juzgado por un tribunal que no garantiza los principios fundamentales en los procedimientos de protección y defensa, ni de que se emitiese la condena en ausencia de suficiente apoyo probatorio". En la misma línea, apunta a que "no corresponde al Estado brasileño interferir en los criterios de condena o perdón judicial adoptados por el Estado requiriente", pues en caso contrario estaría enfrentándose "a la soberanía" de España.

Más allá del análisis que realiza el Ministerio Público, en el informe se incluye también la solicitud de extradición presentada por España y, en concreto, su descripción de los delitos cometidos por el pistolero:

"Carlos García Juliá, junto con Francisco Albadalejo Corredera, José Fernández Cerra y Leocadio Jiménez Caravaca, ex militantes de la Falange Española y Fuerza Nueva, constituyeron un reducido grupo radical y totalitario en desacuerdo con el cambio institucional que se estaba llevando a cabo en España. Y a la luz de estos ideales y por enemistad con un sindicalista afiliado a Comisiones Obreras, el señor Joaquín Navarro Fernández, que intervino en la huelga de transporte y tuvo asesoría legal por parte de los abogados laboralistas con oficina en el tercer piso del número 55 de la calle Atocha, en Madrid, decidieron vengarse y agredir física y violentamente al señor Navarro y a los abogados de esa oficina, a cuyo fin, el 24 de enero de 1977, armados con pistolas de calibre 9 mm Parabellum, a las 10:30 p.m., llamaron a la puerta de la oficina. Cuando les abrieron, apuntaron a los presentes, los llevaron a una habitación, destruyeron archivos, arrancaron cables telefónicos y con las víctimas quietas y con los brazos arriba, dispararon fría e inesperadamente, causándoles la muerte. Los fallecidos fueron el abogado Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, el abogado Javier Benavides Orgaz, el abogado Enrique Valdevira Ibáñez, el estudiante de Derecho Serafín Holgado de Antonio y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Los heridos fueron el abogado Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, el abogado Miguel Sarabia Gil, el abogado Luis Ramos Pardo y la abogado María Dolores González Ruiz".

24 años de huida

García Juliá fue condenado en 1980 a 193 años de prisión por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio, pero en 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 consiguió autorización para salir de España por una oferta de trabajo en Paraguay, viaje en el que se perdió su pista. Para evitar ser detectado, el pistolero de extrema derecha buscó cobijo en distintos países de Sudamérica, llegando incluso a entrar en prisión en Bolivia por tráfico de drogas y de financiación de grupos paramilitares. Para cuando España advirtió su presencia en este país, García Juliá ya había protagonizado un "nuevo escape", explica el Ministerio Público de Brasil en su informe.

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A los investigadores les sorprende que, al margen del crimen, el detenido no ocultara su pasado en España en todo este tiempo. Según explican las fuentes consultadas, García Juliá se presentaba como militar con formación internacional y aseguraba que era suboficial de paracaidismo, aprovechando así la experiencia que había adquirido durante su juventud: hijo de un comandante de Artillería, entró al servicio militar con 17 años como voluntario en paracaidismo y alcanzó la graduación de cabo. Al mismo tiempo, el detenido reconocía haber trabajado en García y Febrel, una empresa de espionaje e informes comerciales que montó en España con otro ultra de extrema derecha tras salir de prisión.

Piloto de helicóptero, licenciado en Psicología, detective privado, gerente de ventas, gerente de exportación agrícola, gerente de pymes, investigador industrial, conductor profesional, experto en prevención y blanqueo de capitales... El pistolero no escatimaba en títulos a la hora de buscar empleo en Sudamérica, por donde se movía con la identidad falsa de un ciudadano venezolano. Según sostenía en las entrevistas, desde los años setenta no había dejado de trabajar en ningún momento, acumulando experiencia en países como España, Paraguay o Venezuela, un recorrido profesional en el que ocultaba los 14 años que pasó en prisión por el asesinato a sangre fría de cinco personas.