es una actividad prohibida

Justicia pide a la Fiscalía que investigue las agencias de vientres de alquiler

El Estado recuerda que las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países"

Foto: Protesta contra los vientres de alquiler en Madrid. (EFE)
Protesta contra los vientres de alquiler en Madrid. (EFE)

El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España.

Según recuerda este lunes el ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler está prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países". La gestación subrogada no está permitida en España, pero la legislación no sanciona la práctica.

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría "a las mafias" que trafican con los vientres de las mujeres "aquí y donde sea". Delgado ha dejado claro que no se está investigando ni a padres ni a menores, solamente a determinadas agencias y "no a todas", si bien no ha precisado el número de ellas sobre las que existen indicios. Las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, compararon la práctica con "la compraventa de niños".

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia. La legislación española declara "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada "solo hay amor, vida, libertad y respeto" y que recurrir a los vientres de alquiler es "un derecho". Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a este método, por el que llegan a España unos 1.000 niños cada año y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los vientres de alquiler participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas".

Legislación española

La gestación subrogada no está permitida en España, aunque la legislación no sanciona la práctica, por lo que las familias recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera. Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, si bien la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a un millar cada año.

En la actualidad, existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.

Para hacerlo, hay que acreditar que no pueden tener un hijo de forma natural. El futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante y deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja.

Según ha explicado a EFE David Monje, responsable de la agencia Go4baby, su empresa ofrece "paquetes" que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres. Se tarda entre 12 y 18 meses desde que se firma el contrato hasta que se tiene al niño. "Los programas más caros son los cerrados: pase lo que pase durante el proceso —varias transferencias, incluso algún aborto—, se reinicia y no tiene sobrecoste para los padres".

A juicio de la abogada Núria González, autora del libro 'Vientres de alquiler', se trata de "un negocio lucrativo que tiene a un bebé como producto y que alquila el cuerpo de una mujer", compromete su dignidad. Según la letrada, estos contratos abusivos están basados en la "extrema vulnerabilidad" de las gestantes, que suelen ser mujeres pobres. En este sentido, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, manifestó a EFE que los contratos por gestación subrogada "resultan sorprendentes y repugnantes", ya que se plantea lo que la mujer puede hacer y abren "una comercialización, una mercantilización de algo natural que es tener un hijo".

Una opinión que comparte gran parte del feminismo, que entiende la gestación subrogada como "una forma de esclavitud, sobre todo de las mujeres pobres", como asegura la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo. Por el contrario, en la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet considera que todas las críticas hacia la gestación se acabarían si se regulara en España con garantías: "Cuando sean las mujeres españolas con suficiencia de medios y absoluta libertad las que decidan gestar para otros".

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