La 'contrarreforma laboral' y renovar el Pacto de Toledo: el plan de Sánchez a los sindicatos

Pedro Sánchez prosigue esta semana sus reuniones con colectivos sociales. Este lunes retoma su agenda primero en Madrid con ecologistas y con jóvenes en lucha contra la emergencia climática y luego se desplaza por la tarde a Valencia, para verse con los dirigentes de Compromís Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, y el diputado en el Congreso Joan Baldoví. Habrá probablemente más citas con entidades durante la semana, pero quizá la más importante de los próximos días es la que mantenga con los sindicatos y la patronal el próximo jueves en la Moncloa. El Ejecutivo aún no tiene totalmente cerrados los contenidos de ese encuentro, pero sí hay distintos elementos que permiten recomponer el dibujo de lo que está encima de la mesa. Cuestiones como la derogación de los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral —Unidas Podemos quiere acabar, al menos, con toda la legislación en materia de mercado de trabajo del PP—, la apuesta por un nuevo Estatuto de los Trabajadores o el blindaje del sistema público de pensiones.

El Ministerio de Trabajo, que conduce desde hace un año una mujer experta y muy leal a Sánchez (y muy apreciada por él), Magdalena Valerio, fue el principal caballo de batalla entre socialistas y morados en su negociación exprés para la investidura de Sánchez. El presidente no quería perder un departamento que considera clave para su proyecto, del que depende el impulso del diálogo social. El PSOE no comparte la visión del mercado laboral que tiene Unidas Podemos, que entiende demasiado rígida, ni tampoco su ruptura de última hora del consenso que se alcanzó en el Pacto de Toledo. Ahora el jefe del Ejecutivo ha vuelto a la casilla de salida e intenta sacar adelante un Gobierno en solitario, con el apoyo externo de Pablo Iglesias, un objetivo que se antoja, a día de hoy, imposible, por la insistencia de este en la fórmula de la coalición. Sánchez busca aumentar la presión sobre sus socios con una ronda de contactos con distintos colectivos, para armar con ellos un programa "abierto" y "común" que luego llevará al resto de formaciones políticas. También a los morados.

Trabajo fue uno de los caballos de batalla de la negociación fallida con Iglesias. El PSOE no estaba dispuesto a ceder una cartera que cree fundamental

El Gobierno, como expresó el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, quiere "mejorar y actualizar" el discurso de investidura que Sánchez expuso al Congreso el pasado 22 de julio con las aportaciones de distintas entidades progresistas. No especificó hasta qué punto se modificaría el programa socialista para abrirse a esas incorporaciones. La dinámica seguida por el presidente en estas reuniones, hasta ahora, es la de "escuchar" a los representantes de los colectivos que acuden a la llamada, para a partir de ahí "tomar nota", según manifestaba el pasado jueves Nuria Coronado, de Stop Vientres de Alquiler, que acudió al primer encuentro organizado por Ferraz, con asociaciones feministas y en el que también participó la vicepresidenta, Carmen Calvo.

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El primero de los seis objetivos de país

Se espera que en la reunión con CCOO y UGT, con quienes la relación ha sido fluida en este último año de Gobierno socialista, opere el mismo procedimiento, si bien la Moncloa y Ferraz no han ultimado el temario. Pero Sánchez ya expresó en su discurso en la Cámara Baja cuáles eran sus prioridades para esta legislatura. Sus seis grandes objetivos de país. El primero de ellos era, precisamente, "empleo digno" y sostenibilidad del sistema público de pensiones. Los otros cinco ejes, revolución tecnológica y digital, igualdad, transición ecológica de la economía, lucha contra la exclusión social y modelo territorial y Europa. En su intervención en el Congreso [aquí en PDF] ya apuntaba cuáles serían los pilares que cimentarán su oferta renovada a los agentes sociales y que, en síntesis, son estos:

• Derogación de los "aspectos más lesivos de la reforma laboral" del PP de 2012. El Ejecutivo renunció a promover una 'contrarreforma laboral' en los estertores de la pasada legislatura por falta de consenso, pero su promesa sigue viva. Entre las medidas que el Ministerio de Trabajo ultimaba, figuraba la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos —esto es, que los convenios sigan aplicándose tras su caducidad hasta que sean renovados—, y la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa si establece mejores condiciones para los trabajadores. Estos dos puntos son básicos para las centrales sindicales, y estaban ya muy avanzados. El objetivo es reforzar la negociación colectiva, que quedó muy debilitada con la legislación del PP.

Sánchez quiere acabar con los "aspectos más lesivos" de la ley, para recuperar la ultraactividad de los convenios, reformar la subcontratación...

Una de las iniciativas más conflictivas, por el rechazo de la patronal, es la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, para cambiar los requisitos de la subcontratación. Ese punto permite a las empresas externalizar sus procesos internos a otras compañías sin que los trabajadores de estas tengan por qué estar sujetos ni al convenio de la sociedad contratante ni al del sector. Es una de las vías por las que se ha precarizado el empleo en los últimos años, y cuya cara más visible han sido las camareras de hotel, las 'kellys'. El Gobierno quiere modificar la norma para que sea obligatorio respetar el convenio más favorable para el trabajador, pero la patronal se opone porque cree que así desaparecerían las subcontratas, ya que no se ahorrarían costes al externalizar procesos internos.

El Ejecutivo sí que aprobó, con las elecciones ya convocadas, tanto el registro de jornada como la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años, que el PP había eliminado hasta elevarlo a los 55 años. El PSOE ya no se plantea "recuperar la causalidad y proporcionalidad del despido, incluyendo la revisión de los costes del mismo", como decía en su programa de 2015 y 2016.

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• Un nuevo Estatuto de los Trabajadores que "blinde derechos y regule las nuevas regulaciones laborales". Esta es una mirada más a medio y largo plazo, con la que el Gobierno pretende renovar de manera integral una norma que data de los ochenta. Sánchez lo cree necesario "porque las plataformas digitales o la robotización han desfigurado completamente los conceptos clásicos del empresario, del trabajador por cuenta ajena, incluso también del trabajador autónomo", según aseguró en el discurso de investidura.

El presidente quiere que ese nuevo Estatuto de los Trabajadores "tenga como fundamento el paradigma del trabajo decente de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo", que exige que la contratación indefinida sea la habitual o que se garantice seguridad jurídica para todas las partes. Los sindicatos han venido recelando de esta formulación, porque piden cambios inmediatos en la reforma laboral, y un nuevo Estatuto puede tardar mucho tiempo en llegar. Lo ven más como una obra a largo plazo.

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• Promoción de la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo "a través de ayudas, programas, prácticas y también de políticas activas de empleo", pero también a través de la aprobación de un nuevo Estatuto del Becario para fomentar su retribución y evitar el encadenamiento "ilimitado" de periodos de prácticas.
• Plan estratégico de retorno para recuperar el "talento profesional" de los españoles que tuvieron que marchar al extranjero (en especial investigadores y científicos).

Sánchez persigue un nuevo Estatuto de los Trabajadores, mejorar las condiciones de becarios y autónomos y seguir subiendo el salario mínimo

• Transformación de las políticas activas de empleo para "garantizar la formación continua a lo largo de la vida y mejorar las oportunidades de los desempleados de larga duración". El Gobierno quiere elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de los subsidios por desempleo.
• Aprobación de un nuevo plan de director por el trabajo digno.
• Mejora de las condiciones de los autónomos, "universalizando sus derechos laborales y reduciendo trabas y cargas administrativas". El propósito es reformar el régimen especial para que coticen de acuerdo a sus ingresos reales.
• Refuerzo del apoyo a las empresas de la economía social como modelo de empresa "sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad".
• Impulso de un pacto social y político para la racionalización de horarios.

• Aprobación de un pacto de rentas para mejorar los sueldos de los trabajadores y en el que la "punta de lanza será, lógicamente, el crecimiento y la elevación del salario mínimo interprofesional, en consonancia con lo marcado por la Carta Social Europea". El acuerdo presupuestario firmado por Sánchez e Iglesias subió el SMI para 2019 hasta los 900 euros.
• Reconocimiento del derecho a la educación a lo largo de toda la vida, para promover la formación continua y adaptar el modelo de enseñanza a los nuevos tiempos. Sánchez propuso en la investidura desarrollar "un nuevo ecosistema educativo integrado por universidades, por centros públicos de formación profesional, pero también por centros privados, y por empresas". Nuevo ecosistema que permitirá proveer de cursos e itinerarios flexibles y adaptados a la realidad laboral. Ello facilitaría la reinserción laboral, cree el presidente.

El PSOE desea blindar el sistema de pensiones en la Constitución, asegurar su actualización conforme al IPC real y eliminar el déficit de la Seguridad Social

• Acuerdo político y social dentro del Pacto de Toledo. El consenso estuvo a punto de firmarse en la pasada legislatura, pero Unidas Podemos lo rompió. El Gobierno quiere consolidar la actualización de las pensiones conforme al IPC real, eliminando el índice de revalorización en vigor (el del 0,25%), reducir la brecha de género y reformular el factor de sostenibilidad. Los sindicatos quieren que se garantice que las pensiones no suban en 2020 solo un 0,25%, pero para que puedan incrementarse conforme al IPC, como este 2019, el Ejecutivo debería aprobar un real decreto ley, y lo tiene muy complicado si sigue en funciones.

• Blindaje en la Constitución del carácter público del sistema de pensiones y su revalorización anual en base al aumento del coste de la vida.
• Eliminación del déficit del sistema de la Seguridad Social, que ronda los 18.000 millones de euros, "en un horizonte de cinco años". El Gobierno está dispuesto a estudiar nuevas fórmulas que aseguren la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La coreografía de reuniones, que seguirá toda la semana —con paso obligado por Marivent, para despachar con el Rey, el próximo miércoles 7 de agosto—, busca "labrar un espacio común de reflexión", decía Celaá, y "actualizar" el programa de gobierno de los socialistas. Pero el problema no reside tanto en los contenidos, sino en la composición del Ejecutivo. El atasco está en el mismo punto, en la coalición. Pero Sánchez prefiere dilatar ese momento y seguir una estrategia distinta a la primera con la que abordó su investidura. Por eso el Gobierno y el PSOE quieren "escuchar antes" a los colectivos y después llamar a Pablo Iglesias. La conversación con él llegará, pero "cada cosa a su tiempo". No parece que sea inminente. Por lo pronto, tiene cita con Compromís, este mismo lunes.