El Gobierno defiende la "coherencia" del PSN con Ferraz y acusa al PP de buscar elecciones

El Gobierno y Ferraz no se han aplicado en exceso en la pedagogía del pacto en Navarra, gracias al cual María Chivite recibió este viernes la presidencia de la comunidad foral en virtud de un acuerdo con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra con la necesaria abstención de EH Bildu. Pero la cúpula de Pedro Sánchez defiende, cuando se le ha preguntado, que el Partido Socialista de Navarra no se ha despegado de la doctrina oficial y que actúa en "coherencia" con las directrices que el presidente se ha impuesto para su propia investidura.

Así lo dijo este viernes la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecencia en la que se volvió a tomar la temperatura a la difícil investidura de Sánchez: los socialistas siguen queriendo cortejar a Podemos, aunque no hay llamada inminente prevista a Pablo Iglesias, y reclaman la abstención una y otra vez a PP y Ciudadanos. No obstante, el estreno de la nueva portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, apostando por elecciones antes que la entrada de un Gobierno "nacional populista", apoyado por independentistas, "presuntos delincuentes y filoterroristas", ha dado nuevas bazas al Gobierno: son realmente los conservadores los que buscan las urnas.

Respecto a Navarra, Sánchez autorizó a María Chivite a tejer finalmente un acuerdo con los nacionalistas de Geroa Bai —coalición en la que el socio mayoritario es el PNV—, Podemos e Izquierda-Ezkerra (suma de IU y los vasquistas de Batzarre), pese a las reticencias iniciales. Los cuatro partidos agrupan 23 escaños, frente a los 20 de la alianza ganadora, Navarra Suma (Na+). La líder autonómica socialista logró esta tarde la investidura gracias a la abstención de cinco de los siete diputados de EH Bildu. Y, como decía ayer su portavoz, Bakartxo Ruiz, la izquierda 'abertzale' será la llave que sirva para "abrir y cerrar puertas" durante toda la legislatura. La gobernabilidad, pues, dependerá de la formación de Arnaldo Otegi.

Chivite es "coherente absolutamente" con el PSOE. "No pacta con ningún independentista y el resto de fuerzas políticas lo saben", remarca la portavoz

En paralelo, Sánchez sigue pidiendo la abstención de PP y Ciudadanos para que su Ejecutivo no dependa de las fuerzas secesionistas. A Celaá se le preguntó si no era incongruente esa tesis con la aceptación de los votos de Bildu, que además serán necesarios para la gobernabilidad, a diferencia de lo que ocurriría en el Congreso. La portavoz defendió que la posición del PSN es "coherente absolutamente" con la línea marcada por el PSOE. "No pacta con ningún independentista y el resto de fuerzas políticas lo saben", subrayó. Chivite ha respetado la orden de Ferraz de no sentarse siquiera con la izquierda 'abertzale' y, al menos que se sepa, no hay ningún acuerdo del PSN con ella.

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El futuro Gobierno será "transversal"

Celaá, antes de la segunda votación en el Parlamento foral, hizo hincapié en que Chivite dirigirá un Ejecutivo en el que no estarán dentro los separatistas navarros. De hecho, el futuro Gabinete tendrá 13 consejerías, ocho de ellas lideradas por el PSN, cuatro por Geroa Bai y una más por Podemos. Bildu, en cambio, "sí estaba" en el Gobierno saliente, el presidido por Uxue Barkos (GBai), "y nadie se escandalizaba". Además, apuntaló, el PSN es "garantía, igual que el PSOE", de "pluralismo, justicia y convivencia democrática". "Es transversal y en él podrán respirar con normalidad las distintas formas de sentir de la comunidad", valoró.

Celaá justifica el 'no es no' de Sánchez en 2016 para pedir la abstención a todo el PP: el PSOE como "colectivo" lo hizo, al margen de vías "individuales"

Durante su intervención inicial, la portavoz volvió a reclamar a los partidos de derechas que se abstengan para que el futuro Ejecutivo de Sánchez no dependa del soberanismo, y así evitar unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. "Una opción —apuntó— que al parecer le gusta a la derecha, a juzgar por las declaraciones que realizan sus portavoces". Celaá, aunque no la citó, se refería a Álvarez de Toledo, quien el pasado miércoles señaló que prefería urnas antes que un Gobierno "nacionalpopulista" apoyado por separatistas, "presuntos delincuentes y filoterroristas".

El Gobierno no ofrece nada a cambio de esa abstención. Cree que el PP ha de darla igual que la dio en 2016 el PSOE, de manera gratuita, para que gobernara Mariano Rajoy, y eso que entonces su partido estaba envuelto bajo "una ola de corrupción", algo que ahora no ocurre. "No ofrecieron nada, solo pidieron responsabilidad y con esa responsabilidad el PSOE, con gran esfuerzo y gran sufrimiento interno se abstuvo por respeto institucional".

En aquel 2016, sin embargo, el propio Sánchez como secretario general se negaba a dar esa abstención a Rajoy. Fue defenestrado y finalmente dimitió como diputado para no tener que facilitar el Ejecutivo al PP. "El colectivo" se abstuvo, justificó Celaá, por mucho que él no lo apoyara. "Estamos hablando de fuerzas políticas, no de soluciones respetables, pero individuales. Estamos hablando del colectivo político, del partido. Lo hizo y se abstuvo. Eso es lo que pedimos", indicó. Los populares, a su vez, están dispuestos a hablar de pactos de Estado con el PSOE. Pero Celaá, como en otras ocasiones ha dicho Sánchez, recordó que solo se pueden discutir ese tipo de materias una vez se haya cruzado "el puente" de la investidura, una vez que haya Ejecutivo.

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"Espacio común y compartido"

Ahora el presidente está, no obstante, en otra fase. En la de las reuniones con colectivos y agentes sociales para "mejorar y actualizar" el programa de la investidura. Ayer arrancó esa tarea, que le ocupará también la semana próxima. Sánchez, dijo la portavoz, trabajará "denodadamente" durante todo el mes de agosto para conseguir la confianza de la Cámara y, a partir de ahí, si no consigue los números, "adoptará sus decisiones".

El presidente trabajará en agosto "denodadamente" para lograr su investidura. Habrá una llamada a Iglesias "a su debido tiempo", indica la ministra

"Sin duda" que habrá una llamada a Iglesias, porque Unidas Podemos sigue siendo su "opción preferente". Pero no ahora. Las conversaciones con los líderes políticos, indicó, se producirán "a su debido tiempo". El presidente apuntaba ayer, y luego lo ratificaban desde su equipo, que no descolgará el teléfono hasta tener construido ese programa abierto y común con los colectivos en pos de ese Gobierno "progresista". El lunes le tocará el turno a los ecologistas. Y habrá citas con la patronal y los sindicatos (el jueves 8), con el tercer sector... Los socialistas quieren llegar a ese "espacio común y compartido" entre distintas "sensibilidades de la izquierda". El objetivo último es presionar a los morados.

Celaá reiteró que la fórmula de la coalición, que sigue persiguiendo Iglesias, queda descartada. "No pudo ser" porque PSOE y Podemos tenían "concepciones contrapuestas". Mientras que el primero quería un solo Ejecutivo "cohesionado, fuerte, sostenible y solvente", el segundo pensaba que podía haber "dos gobiernos en uno, uno coordinado por una vicepresidenta de distinto signo [Irene Montero] y otro coordinado por el presidente". Esas contradicciones "socavaron la confianza" entre las dos organizaciones.

No obstante, el PSOE, dijo la ministra, sigue "trabajando por construir" con Unidas Podemos. "Seguimos queriendo compartir con ellos un Gobierno progresista, de futuro que, efectivamente, con sus tintes diferentes, pueda avanzar y por eso hemos puesto otra fórmula encima de la mesa", la de un Ejecutivo en solitario del PSOE apoyado desde el Parlamento por los morados. Un Gabinete a la portuguesa o a la danesa. De ahí que el primer paso en ese recorrido sea "expandir" el programa y acabar colaborando con Podemos y con otras fuerzas. Por las palabras de Celaá, se podía intuir que el Ejecutivo ha rebajado el tono de nuevo con los morados, al hablar de ellos como aliados "preferentes" o al invitarles a "construir" legislatura juntos. Pero las tesis de los socialistas, su rechazo a negociar una coalición, de momento se mantienen firmes, si bien la ministra portavoz no respondió a la pregunta de si esa negativa se mantendrá intacta ahora y en septiembre, cuando acabe el plazo constitucional de dos meses para lograr una investidura. Si no hay para entonces nuevo presidente, España caminará automáticamente a elecciones el 10-N.