El extraño suicidio del venezolano clave en la red del embajador de Zapatero en Caracas

"No se suicidó. Lo mataron. Juan Carlos Márquez armaba jurídicamente los guisos en PDVSA [la estatal petrolera de Venezuela] en la época de Rafael Ramírez", aseguran a El Confidencial fuentes militares del país caribeño y un agente europeo de Inteligencia. "Habrá más muertos porque los poderosos que han saqueado el país buscan su impunidad a cualquier precio", sostienen esos mismos profesionales conocedores y analistas de una gran parte de las tramas de corrupción institucionalizada operativas en Venezuela desde hace lustros.

El domingo 21 de julio, el abogado venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera, de 48 años, apareció muerto en su despacho de la Consultora Alcander SL en la primera planta del Edificio Cristal, ubicado en la avenida de Somosierra 12 de la ciudad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Eran las tres de la tarde cuando alertados por su socio, quien no podía acceder a la oficina porque la puerta estaba atrancada, agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que forzar la cerradura para entrar. Lo hallaron colgado de su cinturón. Había prestado declaración en la Audiencia Nacional dos días antes por un caso de blanqueo de capitales que afecta a Raúl Morodo, exembajador de España en Caracas (2004-2007). Había sido citado de nuevo en la Audiencia el día posterior a su fallecimiento.

Resulta inverosímil que una persona que se suicida mediante ahorcamiento presente también heridas en pecho y en cabeza

Un despacho de Efe del 23 de julio informaba de que "el informe preliminar de la autopsia practicada a Juan Carlos Márquez" concluía que se había suicidado. La agencia de noticias citaba a fuentes próximas de la investigación. Añadía el texto de EFE lo que sigue: "Además de encontrar restos de sangre en el pecho y en la cabeza, los agentes hallaron sobre la mesa del despacho una carta manuscrita en la que se manifiesta su deseo de quitarse la vida y que está siendo analizada por los investigadores para determinar si la escribió el propio Márquez".

Este diario trató de obtener datos de la autopsia a través del Instituto Anatómico Forense y la Policía Nacional, pero desde ambas instituciones esgrimieron la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal para no facilitar información porque supuestamente se trata de un suicidio. La investigación judicial recae en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas, al norte de la capital.

Consultadas otras fuentes policiales y de Inteligencia, estas sostienen que resulta inverosímil que una persona que se suicida mediante ahorcamiento presente también heridas en pecho y en cabeza. Añaden que tampoco es fácil tener la pericia de intentar colgarse con un cinturón y lograrlo al primer intento, como ocurrió en el caso del abogado venezolano el pasado domingo.

El Confidencial visitó su oficina de San Sebastián de los Reyes el viernes pasado. Encontramos cómo el bombín de una de las cerraduras había sido forzado. Alguien caminaba al otro lado de la puerta. Llamamos y preguntamos: "¿Nos puede abrir? Nos gustaría entrar en el despacho y poder hablar con Carlos Adolfo Prada". Recibimos la siguiente respuesta de un hombre con acento venezolano: "No estoy autorizado a abrir ni a darle el contacto que quiere. Él no está. No insista. Páseme sus señas por debajo de la puerta y yo las traslado". Así hicimos, pero no recibimos la llamada del socio de Márquez Cabrera.

¿Quién era Juan Carlos Márquez Cabrera y por qué es relevante su fallecimiento? Ejerció como jefe del gabinete jurídico de la estatal petrolera venezolana PDVSA entre 2004 y 2013, donde además fue miembro del Consejo de Administración. Alto funcionario y directivo muy discreto —apenas existen referencias a su persona en las hemerotecas digitales—, fue parte del círculo de confianza de Rafael Ramírez, quien desempeñó los cargos de ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA justo entre 2004 y 2013.

Márquez Cabrera "era un hombre que sabía demasiado", apunta una fuente militar de Venezuela

Ramírez contó con la confianza de Hugo Chávez y se convirtió en el hombre más poderoso de la economía venezolana durante más de un decenio. Es decir, Márquez Cabrera firmó todos los contratos y transferencias de dinero del principal recurso económico de Venezuela, PDVSA, en un periodo en el que se sustrajeron de las arcas públicas unos 20.000 millones anuales y se desviaron a cuentas de bancos en Suiza, Andorra, España, Portugal y otros muchos lugares para el enriquecimiento personal de dirigentes del chavismo. El exministro vive hoy en Italia protegido por los servicios de Inteligencia de ese país.

Márquez Cabrera "era un hombre que sabía demasiado", apunta una fuente militar que conoce perfectamente las entrañas de los esquemas de corrupción en PDVSA y en otras instituciones claves de Venezuela.

Investigado por la Audiencia Nacional

Uno de los asuntos turbios que conocía al detalle el fallecido está relacionado con una causa abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales. Tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga desde la primavera pasada a Raúl Morodo (Ferrol, 1935) por haber urdido una trama que habría blanqueado blanqueado supuestamente 4,5 millones de euros originados en el ingente saqueo que ha padecido PDVSA en los últimos 15 años. Morodo fue nombrado embajador de España en Caracas en 2004 por José Luis Rodríguez Zapatero, a instancias de su entonces ministro de Defensa, José Bono.

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Su hijo, Alejo Morodo, su nuera y un matrimonio de venezolanos afincados en nuestro país fueron detenidos el 20 de mayo por la misma causa. El hombre de la pareja es Carlos Adolfo Prada, socio de Juan Carlos Márquez en diversos negocios fundados conjuntamente en España desde 2014.

Cuando Raúl Morodo cesó al frente de la legación diplomática en Caracas en 2007 y tras haberse granjeado una gran amistad con Chávez, su hijo Alejo comenzó a viajar a Venezuela con asiduidad a partir de finales de ese año. De acuerdo con las pesquisas de los investigadores, desde entonces y hasta al menos 2013, la familia Morodo y sus cómplices habrían montado una estructura 'offshore' para cobrar honorarios a través de cuentas en Suiza a cambio de servicios ficticios de asesoría para PDVSA. Una gran parte de los 4,5 millones de euros cobrados de caudales públicos venezolanos habría sido blanqueada posteriormente en España mediante adquisiciones inmobiliarias. Fuentes de la investigación subrayan que la cifra de 4,5 millones es conservadora y que la suma manejada podría ser muy superior al final del proceso. La Audiencia Nacional investiga a los acusados por posibles delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y delito fiscal.

Como hacía habitualmente desde su posición en PDVSA, Márquez Cabrera autorizó con su firma el consentimiento de los pagos por los contratos de consultoría ficticia a Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, sociedades de las que es administrador único Alejo Morodo. Al respecto, un par de documentos elocuentes fueron publicados por 'El País', ambos, efectivamente, firmados por Morodo y Márquez Cabrera.

Las sucesivas facturas pagadas por PDVSA fueron canalizadas a través de la sociedad panameña Furnival Barristers Corporation, creada en abril de 2008 con "hombres de paja" y mediante acciones al portador, una forma de participación usada para ocultar a los últimos beneficiarios de las empresas inscritas en paraísos fiscales. Hasta octubre de 2016, no apareció en el Registro Público de Panamá el nombre de Alejo Morodo Cañeque como presidente de la sociedad ni las acciones pasaron a ser nominativas en lugar de permanecer anonimizadas al portador. Curiosamente, en esas fechas, la Fiscalía Anticorrupción ya había iniciado las indagaciones.

Lo que desconocíamos hasta hace unos días es el hecho de que Márquez Cabrera también estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional. El procedimiento se está llevando con sumo sigilo.

El jueves 18 de julio, el abogado había llegado al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en vuelo procedente de Estados Unidos y allí mismo fue arrestado porque sobre él pesaba una orden de busca y captura. Pasó la noche en un calabozo y el viernes 19 prestó declaración ante el juez Pedraz por estar implicado en la supuesta trama urdida por los Morodo en connivencia con altos ejecutivos de PDVSA. Quedó en libertad provisional y se le emplazó a acudir de nuevo a la Audiencia Nacional el lunes 22 para declarar, pero su muerte impidió esa diligencia.

Entre el viernes y el momento de su muerte, alguien había reservado en su nombre un billete de avión con destino a Chicago. Interpol avisó a las autoridades españolas. Lo cierto es que Márquez Cabrera nunca se personó en el Aeropuerto de Madrid para tomar ese vuelo.

Su vida en España

Tras acabar su periplo como abogado en PDVSA, Juan Carlos Márquez se instaló en España en 2014. Aquí comenzó una nueva vida. Compró un piso en la calle Valcarlos 9, en una típica urbanización de nuevo cuño del barrio de Las Tablas, al norte de Madrid. Nada glamuroso y muy poco del estilo de los venezolanos que se han enriquecido al calor de la cleptocracia practicada durante el chavismo: bloques de seis pisos que cuentan con zona común para los residentes con piscina, jardín y algunas pistas deportivas sin mayor encanto. Pero el portero de la finca informó a este diario de que se había mudado a la exclusiva urbanización de La Moraleja, sita en el municipio madrileño de Alcobendas, hacía "dos o tres años". Cuenta este mismo empleado que Márquez Cabrera viajaba continuamente a otros países.

En 2008, los socios de Márquez Cabrera, los hermanos Carlos Adolfo y Francisco Javier Prada, crearon la Consultoría Alcander SL, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y también a la consultoría en hidrocarburos, según se recoge en el Registro Mercantil. En ella se desempeñaba ahora el finado. Según las cuentas depositadas en 2017, el patrimonio de la sociedad se elevaba a 12,2 millones de euros. Apenas tenía pasivo, solo deudas por poco más de 121.000 euros. En 2017, los socios ganaron 366.000 euros; en 2016, 353.000. En mayo pasado, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la consultora amplió su capital en 2,2 millones de euros.

Ninguna de las cuatro empresas operativas en España relacionadas con Juan Carlos Márquez tenía empleados

En octubre de 2014, el exabogado de PDVSA domicilió en su casa de Las Tablas la sociedad Márquez Ulloa Consultores SL, dedicada a actividades jurídicas para asesorar en operaciones de comercio exterior. Él poseía el 100% de las participaciones y Carlos Adolfo Prada fungía como administrador único.

En 2009, también fundó junto a Prada Gómez Inversiones Generales 89 2009 SL, cuyo objeto social es la compra-venta de solares e inmuebles de todo tipo, entre viviendas, locales comerciales e industriales.

Ambos también compartían intereses societarios en Marpra Asesores y Consultores desde 2007. "Mar" de Márquez y "Pra" de Prada. La empresa madrileña se dedicaba a la consultoría en el ámbito de los mercados de hidrocarburos y las materias primas. Según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, en los ejercicios 2009 y 2010 la mercantil facturó un total de 5,4 millones de euros.

Ninguna de las cuatro empresas operativas en España relacionadas con Juan Carlos Márquez tenía empleados. Los dos socios gestionaban directamente los servicios de consultoría inmobiliaria y en el sector de los hidrocarburos.

La carrera profesional de Márquez Cabrera se truncó el pasado 21 de julio. "La mano que meció la cuna del asesinato de Juan Carlos Márquez dio las órdenes desde Italia", afirma una fuente de Inteligencia. Las investigaciones que se llevan a cabo en el juzgado de instrucción 1 de Alcobendas y en la Audiencia Nacional dictaminarán si él mismo puso fin a su vida o si "lo suicidaron" para silenciarlo al más puro estilo de la Cosa Nostra.