En el caso Villarejo

BBVA, camino de la imputación: el antecedente legal que acorrala al banco

Dos reformas legales complican el futuro legal de la entidad lo que inevitablemente incrementará la presión del Banco Central Europeo, muy pendiente de la instrucción

Foto: La sede del banco BBVA. (Foto: iStock)
La sede del banco BBVA. (Foto: iStock)

La pieza del caso Villarejo en la que se investiga la relación del excomisario con el BBVA desembocará previsiblemente en una imputación del banco. Dos reformas legales complican el futuro legal de la entidad, lo que inevitablemente incrementará la presión del Banco Central Europeo, muy pendiente del desarrollo de la instrucción, a la que la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional han dado un impulso en las últimas semanas con la citación de ocho directivos y exdirectivos.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se estrenó en el Código en 2010 y terminó de atarse en 2015. La primera de las modificaciones legislativas convirtió a personas y compañías en sujetos directos del Derecho Penal, organismos susceptibles de cometer delitos y ser, por ello, condenados. En 2015 el foco de la normativa se centró en la respuesta desde la compañía ante las acciones de sus empleados. A partir de ese año, las imputaciones comenzaron a caer una tras otra.

En la Audiencia Nacional, el caso Bankia abrió la veda. La investigación por irregularidades en la fusión y posterior salida a Bolsa del Banco acumuló en la lista de investigados a tres personas jurídicas: la propia Bankia, a su matriz, el Banco Financiero y Ahorros (BFA), y a la consultora Deloitte. Los casos de Defex y Mercasa no han dejado tampoco fuera a ambas empresas, imputadas en los correspondientes procedimientos. El Santander corrió mejor suerte, pero no se libró del sobresalto. En su caso, permaneció como investigada unos meses por la gestión del Popular antes de que lo adquiriese por un euro en junio de 2017. La Sala de lo Penal acabó atendiendo su recurso y dejo fuera a la entidad.

Los antecedentes son bastante expresivos. En el caso del banco, la situación se complica más aún debido a la relación contractual que mantuvo con el excomisario, de forma sostenida en el tiempo durante la etapa de Francisco González. Si bien el arranque de los primeros trabajos se sitúa en 2004, antes por tanto de las reformas legales que conducirían a la imputación, la investigación apunta a que los pagos a la empresa de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), se prolongaron hasta 2017.

Montaje: El Confidencial
Montaje: El Confidencial

Entre las labores encargadas al excomisario se incluyeron presuntas escuchas telefónicas ilegales y seguimientos para frustrar la entrada de la constructora Sacyr en la entidad. Las grabaciones incorporadas a la causa indican que aquello solo fue la punta del iceberg. La firma de detectives vinculada al policía en prisión en el marco de la operación Tándem diversificó sus cometidos hasta acumular cantidades supuestamente entregadas a Villarejo por importe de más de diez millones de euros.

El banco mantiene abierta una investigación interna desde hace un año y encargó posteriormente a PwC un informe en profundidad que incluyera el nivel de conocimiento que desde el banco se tenía de las actividades del excomisario. Pero, desde el entorno económico, se acumulan las voces críticas. Es previsible que una imputación, que ya estudia pedir la Fiscalía Anticorrupción, empeoraría aún más su posición.

Desde el Banco Central se piden explicaciones. Su vicepresidente Luis de Guindos reclamó hace solo unas semanas un análisis profundo y rapidez de actuación. En una reciente entrevista concedida a 'El Mundo', el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, trataba de imprimir, también, más celeridad. "Comparto la idea de que BBVA está tardando demasiado, francamente. Cuanto antes se despejen incógnitas que pueden afectar a la reputación de una entidad cotizada tan importante como BBVA, mejor", decía.

Una vez el Ministerio Público formule su petición, la cuestión quedará en manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial indican que, a la vista de la normativa vigente y, descartada la prescripción, todo apunta a que el magistrado aceptará la solicitud.

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