La lucha de Ángel empieza antes en los juzgados de violencia que en el Congreso

El debate de la despenalización de la eutanasia vuelve a la agenda política en mitad de las negociaciones de investidura que buscan poner en marcha el nuevo Congreso. Mientras tanto, este viernes, Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple durante 30 años, llegó a la Cámara con un millón de firmas bajo el brazo esperando a que los grupos políticos escucharan por fin a la ciudadanía. El médico Marcos Hourmann recabó 600.000 apoyos en 'Change.org' para que la Fiscalía no presente cargos contra el viudo, mientras que Txema Llorente —que vio morir a su mujer, enferma de alzhéimer sin poder remediar su dolor y sin cumplir la promesa de que lo haría dignamente— también llevó 374.000 firmas.

Sin embargo, el caso de Hernández continúa avanzando en el juzgado de violencia de género y difícilmente conseguirá que el nuevo Congreso pueda luchar por su situación incluso si se dan los consensos. Como publicó este diario, la anterior legislatura finalizó sin conseguir sacar adelante la ley de muerte digna (por apenas un trámite) y tampoco alumbró más que los comienzos de la futura ley de eutanasia. Por lo pronto, los nuevos diputados deberán comenzar de cero el trabajo y, por mucha voluntad que exista, los plazos se retrasarán como mínimo un año y medio.

El marido de Carrasco sigue su lucha en los juzgados en una marejada de recursos difíciles de explicar. Lo más inmediato ahora es el recurso de casación que su abogada, Olatz Alberdi, ultima para finales de mes ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía fue la que a finales de junio pidió que Hernández pudiera recurrir al Alto Tribunal, entendiendo que de ninguna manera podía ser juzgado por violencia de género, tal y como avanzó este diario tras el fallecimiento de Carrasco.

El lío jurídico comenzó el mismo 3 de abril, cuando el hombre fue detenido en la casa del matrimonio en la calle Federico Sainz de Robles de Madrid (distrito Moncloa-Aravaca). Tras años de debate y peticiones reiteradas por su esposa —que ya ni siquiera tragaba el líquido a causa del avanzado estado de su enfermedad— Ángel decidió cumplir con su promesa y le suministró una sustancia letal que María José había comprado cuando todavía podía utilizar las manos. Su defensa se temió entonces que, tras pasar por el Juzgado de Instrucción, el caso quedara derivado en uno de violencia de género. Y sus peores temores se confirmaron.

El Juzgado número 5 de Violencia sobre la Mujer de Madrid recibió el caso, aunque rápidamente decidió rechazarlo. Entendía que no era su competencia y rehusó la inhibición que había acordado el de Instrucción. Entonces, se planteó la cuestión de competencia de oficio en la Audiencia Provincial, entendiendo que era necesario resolver de inmediato cuál de los dos debía ocuparse del caso. El fallo se repitió: la sección 27 (encargada de dirimir) consideró que el juzgado competente era el de violencia.

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A partir de ese momento, los recursos de la abogada de Ángel Hernández van en dos direcciones. Por un lado, está el recurso de casación al Supremo tras el fallo de la sección 27 y, por el otro, el que ya había interpuesto tras conocer que el caso iría a un juzgado de violencia de género. En este segundo caso, era la sección 29 de la Audiencia la encargada de resolver y, en vista de lo que falló la 27, se decantó por no entrar en el fondo, entendiendo que el recurso carecía ya de objeto. Olatz Alberdi no está de acuerdo y no le temblará el pulso para seguir recurriendo.

Eso sí, mientras tanto, el juzgado número 5 de Violencia sobre la Mujer continúa su curso y ya ha empezado a aplicar diligencias. Los primeros citados a declarar son los periodistas que estuvieron con Ángel Hernández y María José Carrasco aquel día y, por otro lado, el juzgado también ha solicitado información médica de la mujer. En resumen: a pesar de los recursos, Ángel se encuentra imputado en un juzgado de violencia de género y el caso ha echado a andar. Justo lo que la defensa quería impedir de cualquier manera.

"La incertidumbre es total ahora e imposible prever plazos", explica Alberdi a este diario. Lo que está claro es que la lucha de Ángel se resolverá en los juzgados porque una vez más, los políticos van por detrás. Si la ley de eutanasia se aprobara antes de que llegara el juicio o de la sentencia, podría ser muy beneficioso ya que se aplicaría la ley más favorable. Pero para afirmar algo así, queda mucho camino.

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Por lo pronto, el primer debate de investidura de Pedro Sánchez, convocado para la próxima semana, sigue más cerca del fracaso que del éxito. Aunque el Congreso consiguiera ponerse en marcha (sea en dos semanas, en septiembre o antes de que se agote el tiempo para ir a unas nuevas elecciones), los plazos parlamentarios son los que son. Como publicó este diario, la situación legislativa actual es exactamente igual a la de hace muchos años.

En este campo, la normativa vigente es la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, que únicamente reconoce el derecho a no recibir tratamientos que alarguen la vida de los pacientes, pero en ningún caso permite que un tercero actúe para ayudarlos a morir, como fue el caso de María José Carrasco o Ramón Sampedro. En esa misma línea se mueven las leyes de muerte digna que existen en algunas comunidades autónomas.