SE ENFRENTA A UNA INHABILITACIÓN

El TSJC sienta en el banquillo al 'president' Quim Torra por desobediencia con los lazos

En un escrito presentado ante el instructor del procedimiento, el Ministerio Público precisa que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado apertura de juicio oral contra el 'president' Quim Torra por desobediencia. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el líder independentista, acusación que se basa en que no retiró los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) en la campaña previa a los comicios. A falta de que se fije fecha para el arranque del juicio, el tribunal da ahora 10 días a Torra para presentar un escrito de conformidad o de disconformidad con las acusaciones, pero la decisión del juez Carlos Ramos no se puede recurrir.

En el escrito presentado ante el instructor del procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ministerio Público precisa que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. "La inhabilitación conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y los honores que le sean anejos", sostiene en el mismo. Además de la Fiscalía, Vox también ejerce como acusación popular en el procedimiento y solicita para el 'president' una multa de 72.000 € y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años.

La causa arrancó en marzo a instancias de la Fiscalía General del Estado, cuya petición de condena supondría por tanto una retirada temporal del escenario político del actual 'president' de la Generalitat. Torra declaró el 15 de mayo ante el TSJC por esta causa y admitió haber desobedecido, tras lo que el TSJC ha declarado ahora la competencia de la Sala de lo Civil y Penal para enjuiciar lo ocurrido. Ni Fiscalía ni Vox han pedido ninguna medida cautelar contra Torra antes del juicio.

Del lazo amarillo al lazo blanco

El auto del TSJC destaca que los escritos de acusación se basan por ahora "exclusivamente en indicios", pero al mismo tiempo relata que la Generalitat, con Torra a la cabeza, acordó exhibir en la fachada de edificios públicos "diversos símbolos o emblemas, tales como banderas esteladas y/o lazos amarillos, solos o integrados en carteles en los que aparecían lemas con los que se demandaba la libertad de quienes se denominaban en ellos 'presos polítics'". Según sostiene el escrito, estos símbolos "son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos", por lo que "no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".

El 11 de marzo, tras las protestas de Ciudadanos, la JEC ordenó a Torra retirar los símbolos en 48 horas, pero el 'president' se negó una y otra vez. Tras ampliarse el plazo y advertir al político de las posibles "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales", el líder independentista siguió sin dar su brazo a torcer, para lo que alegó distintas razones que iban desde la "dificultad para su cumplimiento" hasta la supuesta aclaración que había solicitado al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.

Pero las excusas de Torra chocaban con los anuncios del propio Govern a los medios. El 20 marzo, cuando presuntamente el Síndic ya le había sugerido acatar las órdenes de la JEC, el Govern publicó incluso una nota de prensa en la que aseguraba que Torra no había dado ni daría "ninguna orden como le había exigido la Junta Electoral Central". Pese a ello, un día después, a la vista de las consecuencias que podía traer su enfrentamiento con la JEC, las autoridades catalanas cambiaron el lazo amarillo del Palau por uno blanco, manteniendo en todo momento el lema de 'Llibertat presos polítics i exiliats' en el mismo. La estrategia se repitió en otros edificios de la Generalitat.

La JEC dictaminó entonces que cambiar el lazo amarillo "por otros con idéntico significado partidista" implicaba seguir incumpliendo su orden, mensaje que trasladó una vez más al Govern: "Procedan a retirar de los edificios públicos [...] banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de análogo significado, fotografías de candidatos o políticos así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

En esta ocasión, la JEC dio un plazo de 15 horas para que se cumpliera lo acordado, pero a la vista de que Torra no cedía, remitió "testimonio a la Fiscal General del Estado por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el presidente de la Generalitat". El acuerdo de la JEC del 21 marzo fue entonces recurrido por la defensa del 'president' en el Tribunal Supremo, solicitando una suspensión cautelar de la orden que fue denegada. Torra terminó por ceder el 22 de marzo, fecha en la que se dio orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos, pero para entonces la Fiscalía ya preparaba el escrito que le lleva ahora a sentarse en el banquillo.

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