El Estado demanda a los Franco para reclamar el Pazo de Meirás

La Abogacía del Estado ha presentado este miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de A Coruña, una demanda contra los herederos de Francisco Franco por entender que la compra del Pazo de Meirás por parte del dictador en 1941 fue "simulada y fraudulenta". El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio al inmueble durante la dictadura.

La presentación de esta demanda resulta del estudio jurídico llevado a cabo por la Abogacía General del Estado en cumplimiento de la Resolución de 11 de julio de 2018 aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia, en la que se instaba al Estado a ejercitar las acciones legales procedentes para la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

El estudio jurídico realizado en estos términos por la Abogacía del Estado ha concluido que es viable jurídicamente la reclamación de dicha propiedad y ha permitido sacar a la luz un documento clave que demuestra que Francisco Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad. Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada Junta pro Pazo del Caudillo integrada, entre otras autoridades, por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña. Su fin era adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Francisco Franco, autoproclamado ya Jefe del Estado, para su utilización como residencia veraniega.

El 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, y la Junta pro Pazo del Caudillo, por un precio de 406.346 pesetas. Esta escritura, desconocida hasta el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus trabajos. La financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales.

Desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado.

Aunque desde la venta a la Junta pro Pazo del Caudillo, el inmueble ya se usaba como residencia veraniega oficial de Francisco Franco, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo de Meirás por parte de Manuela Esteban Collantes - que ya se lo había vendido tres años a la Junta -, esta vez, a favor de Francisco Franco, por un supuesto precio de 85.000 pesetas.

Compraventa ficticia

Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción, derivada de una compraventa ficticia, es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos.

En los casi 40 años en los que fue utilizado como residencia oficial de verano de Francisco Franco, el Pazo de Meirás fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, con el mismo uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose exclusivamente con fondos y funcionarios públicos. Incluso después del fallecimiento de Franco, el inmueble continuó durante varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil. En 2008, el Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia. Actualmente se encuentra a la venta.