La CUP desvió 168.666 euros del Parlament para pagar publicidad del referéndum

El grupo parlamentario de la CUP destinó fondos públicos a sufragar gastos relacionados con el referéndum ilegal de 2017. En concreto, los diputados que entonces dirigía Anna Gabriel —hoy huida en Suiza— justificaron a la Cámara gastos por valor de 168.666,63 euros en una subcuenta denominada "campanya referèndum", que pertenecía a una cuenta principal, la número 627, relativa a "publicidad, propaganda y relaciones públicas". Así aparece reflejado en el 'Informe sobre la contabilidad específica de las subvenciones a los grupos parlamentarios' del Parlament correspondiente a ese año, elaborado por l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria (el servicio de auditoría independiente de la Cámara encargado de fiscalizar los gastos y la percepción de ingresos de cada partido).

Ese pago para la campaña del referéndum a cargo del grupo parlamentario 'cupero' supuso el 92% de los fondos declarados en la cuenta 627, cuyo montante total ascendía a los 183.276 euros, tal y como figura en los libros de contabilidad examinados por el servicio de auditoría. El informe obra en poder de la Mesa del Parlament —dirigida por Roger Torrent— desde febrero de este año, aunque el órgano de gobierno de la Cámara aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Al contrario: considera presentada toda la documentación de los grupos relativa a su contabilidad de 2017 y entiende que al ser un informe interno no debe hacerse público, a pesar de que la contabilidad de la CUP apunta a pagos relacionados con la organización del 1-O.

Sin embargo, no es la primera vez que parte de ese informe sale a la luz. Este diario ya publicó el febrero pasado una factura abonada por Junts pel Sí (grupo parlamentario que entonces unió a ERC y el PDeCAT) de 17.690 euros al Teatre Nacional de Catalunya, con el objetivo de sufragar el acto que fue el pistoletazo de salida del intento de desconexión. Aquel evento, celebrado el 4 de julio de 2017, fue la verdadera puesta de largo de Carles Puigdemont con la presentación de la Ley 19/2017 del referéndum de autodeterminación.

La factura cayó como un jarro de agua fría en el Parlament hace meses, porque suponía que su contenido (como el del resto del informe de los auditores) ya estaba en manos de la Mesa y dejaba claro que el acto se sufragó con fondos públicos del grupo parlamentario. Todo ello en pleno juicio del 'procés' y mientras todos los acusados insistían en que no se había dedicado "ni un euro" de dinero público al 1-O.

Ante la creencia de que el caso de Junts pel Sí no fue un hecho aislado ni el único, el grupo parlamentario de Ciudadanos registró este miércoles una propuesta de resolución en la Cámara para exigir explicaciones. Su actual portavoz, Lorena Roldán, insta a la Sindicatura de Comptes a realizar "una fiscalización específica en el plazo máximo de seis meses" acerca del posible uso de subvenciones públicas recibidas por parte de los distintos grupos autonómicos y que se pudieran haber destinado a pagar los gastos de la organización del 1-O.

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Marcos Lamelas. Barcelona

En este sentido, la contabilidad de la CUP estaría ahora bajo lupa. Especialmente los 168.666,63 euros que aparecen claramente justificados como campaña publicitaria para la consulta ilegal. En el escrito, Ciudadanos recuerda que la legislación actual "es muy clara" con respecto a que las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios con cargo al Presupuesto del Parlament para desarrollar sus funciones con eficacia y eficiencia no pueden destinarse en ningún caso "a sufragar actividades ilícitas".

No está de más recordar que el presupuesto de la Cámara autonómica forma parte a su vez del propio de la Generalitat, sobre el que el Tribunal Constitucional se pronunció en varias ocasiones, advirtiendo al Govern una y otra vez de que se abstuviera de utilizar cualquier partida presupuestaria para la convocatoria u organización del referéndum. El grupo parlamentario naranja "constata, ante la gravedad de los indicios", la necesidad de realizar dicha fiscalización para comprobar de primera mano que ninguna subvención pública en manos de grupos autonómicos o municipales fue a parar a tal fin.

El registro en la sede de la CUP

La sede del partido antisistema de Barcelona fue objeto de un registro por parte de varios agentes de la Policía Nacional el 20 de septiembre de 2017, justo 10 días antes del 1-O. Según el atestado policial de aquella jornada, el dispositivo de vigilancia detectó "la salida de varias personas con material publicitario sobre el referéndum y varias cajas que introdujeron en el interior de tres vehículos", dando lugar a la inmovilización del mismo de inmediato. Tal y como aparece enumerado en el escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en total se incautaron 5.974 carteles con un escrito que decía 'Referèndum 1 de octubre, vota si viure vol dir prende partit'; otros 120 carteles con la frase 'No votes el 1 de octubre. No a la república' con una imagen de Franco de fondo; 802 más que referían 'Movem-nos! Remunicipalitzem l'aigua'; 326 que decían 'L'1 d'octubre república desde baix', y otros 54 en los que ponía 'Anar-hi. La república és a les nostres mans'.

Con los mismos mensajes en algunos casos u otros muy similares, la Policía se incautó de 18 carteles más constituidos por tres piezas a modo de tríptico, dos pancartas de gran tamaño, 58 petos verdes fluorescentes destinados a voluntarios, nueve petos más de color verde claro y otro más oscuro. También sacaron de la sede de la CUP 300 banderines de tele que decían 'Referèndum 1 de octubre de 2017', una caja de pegatinas con mensajes de movilización y 30 sombreros en la misma línea.