El TC admite a trámite el recurso de Cs contra la ley vasca de abusos policiales

El Tribunal Constitucional ha acordado trasladar la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno

Foto:  El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas (i); el portavoz adjunto del grupo, Joan Mesquida (2i), y los diputados de Ciudadanos, Edmundo Bal (2d) y Sara Giménez (d), tras  el registro de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas (i); el portavoz adjunto del grupo, Joan Mesquida (2i), y los diputados de Ciudadanos, Edmundo Bal (2d) y Sara Giménez (d), tras el registro de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Ciudadanos contra los primeros artículos de la conocida como ley vasca de abusos policiales.

Los recurrentes alegaron que la ley impugnada puede invadir competencias reservadas al poder judicial y vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal dispone, en un comunicado, que se traslade la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Parlamento y Gobierno vasco, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

En concreto, Ciudadanos presentó el recurso contra los artículos primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley del Parlamento Vasco 5/2019 de 4 de abril, que da nueva redacción a diversos preceptos de la Ley 12/2016, de 28 de julio, que se refieren al reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

El texto que ha recurrido Ciudadanos modifica parcialmente la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, aprobada en 2016 y que no pudo aplicarse tras ser también recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP.

El Ejecutivo del PP argumentaba que la comisión de valoración que figuraba en la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial, no podía ejercer esta función porque es una labor que compete a los jueces.

Cuando el PSOE llegó a La Moncloa, su Gobierno acordó con el vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que se introdujeran varios cambios que dejaran claro que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados. Con este espíritu se aprobó una reforma de esta norma, contra la cual presentó el recurso ahora admitido Ciudadanos, con modificaciones que especifican que no se invaden competencias reservadas al poder judicial y que su fin no es buscar responsabilidades de esos abusos.

Esta ley se circunscribe a las víctimas que sufrieron abusos policiales entre 1978 y 1999. Las que padecieron estas vulneraciones entre 1969 y 1978 ya han sido reconocidas a través de un decreto que aprobó en 2012 el Gobierno Vasco socialista con Patxi López como lehendakari.

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