La OID sigue vendiendo su lotería ilegal aun debiendo 86 millones de euros a Hacienda

Es mediodía de un sábado de julio. La temperatura ya alcanza los 32 grados a la sombra en las calles de Getafe, ciudad situada a unos kilómetros al sur de Madrid. A la puerta de un supermercado, una mujer menuda y delgada lleva colgada al cuello una ristra de boletos de lotería.

No se trata de una vendedora de la ONCE. Un quiosco de esta organización se sitúa a escasos 50 metros de donde esa señora intenta vender su papel. En su rostro se dibuja una mochila biográfica llena de sinsabores. El hombre discapacitado que despacha cupones de "los ciegos" trabaja por cuenta ajena, goza de alta en la Seguridad Social, tiene un sueldo digno y lleva a cabo una actividad económica absolutamente legal. La mujer enjuta que intenta sacarse unas perras a la entrada del supermercado de Getafe no goza de ninguno de esos derechos. De ninguno, su trabajo es muy precario.

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EC

La actividad económica ilegal de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) desde hace casi 30 años resulta apenas comprensible para la persona no iniciada en la materia. Fundada y presidida por el toledano Dionisio González Otero (1957, Alberche del Caudillo) y con sede en Talavera de la Reina, la OID se presenta como una oenegé sin ánimo de lucro que ofrece "la posibilidad a miles de personas con algún tipo de discapacidad a que se inicien en el mundo laboral y tengan una estabilidad que, a su vez, sirva para poder vivir dignamente con un salario justo". Intentemos arrojar un poco de luz sobre el tema.

Su única actividad, en la práctica, es la comercialización de productos de lotería desde 110 delegaciones repartidas por España y cuyos números premiados hace coincidir con los elegidos por los diferentes sorteos de la ONCE.

Se trata de la historia de una organización sin ánimo de lucro que genera pingües beneficios para sus dirigentes a través de la venta de lotería no reglada desde 1992 en gran parte del territorio nacional (unos 57 millones de euros en ingresos anuales, según la Policía Nacional); versa sobre las deudas de la OID que se niega a abonar a la Agencia Tributaria (más de 86 millones); es el relato de una asociación que acumula no menos de 63 sentencias en su contra por vía administrativa y que fueron dictadas por tribunales superiores solo para el periodo comprendido entre 2014 y enero de 2019; es la crónica de unos 2.500 vendedores de cupones que no están dados de alta en la Seguridad Social porque simplemente realizan una actividad ilegal y, por tanto, el sistema estatal no puede integrarlos como trabajadores, algo equiparable a como si trapichearan con cocaína o alquilaran su propio cuerpo; constituyen las memorias de una organización que plagia los productos de lotería de la ONCE y que se aprovecha de la celebración de sus sorteos para ahorrarse la confección de los suyos propios; conforma el relato de una oenegé que pretende reventar el duopolio estatal de lotería física que por ley ostentan únicamente la ONCE y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ello con el fin de realizar sorteos legales bajo un autorización administrativa que hasta la fecha nunca ha poseído.

En la lista de los grandes morosos

El pasado 27 de junio, el Ministerio de Hacienda publicaba el listado de deudores de la Agencia Tributaria. Una organización sin ánimo de lucro destacaba entre las personas jurídicas que acumulan mayor deuda: la OID. Debe al Erario público 86.136.150 euros. Esa cantidad conforma la suma de tasas impagadas por actividades de juego, multas por hechos ilícitos y por sanciones administrativas recogidas en fallos judiciales ratificados por diversos tribunales superiores de algunas comunidades autónomas y por el propio Tribunal Supremo.

Como ya informó este diario, el 27 de diciembre de 2014, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución del Ministerio de Hacienda contra la OID por la "fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados: 'Euroboleto, Euromillonario', 'Busca OID', 'Busca 25.000' y 'Superbusca 10 millones' en todo el territorio nacional, sin constancia de título habilitante ni nacional ni autonómico".

Hacienda aplicaba en esa resolución una sanción por valor de 25 millones de euros a la OID "como responsable de una infracción muy grave establecida en la Ley de Regulación del Juego, al realizar actividades ilícitas de juego". Dicha resolución señalaba que "la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de Internet".

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Presentado recurso administrativo ante la Audiencia Nacional por parte de la OID, en marzo de 2017 la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de ese tribunal lo desestimó. Entonces, la OID presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyos jueces también fallaron, la desestimación en julio de 2017.

La realidad es que la legislación vigente de regulación del juego solo concede habilitación para comercializar productos de lotería física a la ONCE y la SELAE, y también a las Comunidades Autónomas exclusivamente dentro de su ámbito territorial. La Dirección General de Ordenación del Juego nunca ha concedido ninguna licencia para comercializar lotería a la OID.

El jefe de los servicios jurídicos de la OID, Javier Gallego, afirma a este medio que "ese duopolio de la lotería física de la SELAE y la ONCE contraviene los principios del Derecho comunitario". ¿Por qué? "Los jueces españoles aplican la legislación española, ese es el problema, ya que las prácticas de las instituciones españolas con la OID van contra las medidas antimonopolio establecidas en el Tratado de Roma y contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos", explica el abogado. Por esas razones, Gallego asegura que la OID tiene planteados recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos para que se le permita su actividad en España y con el fin de conseguir la anulación de sus deudas a Hacienda.

El letrado de la OID reconoce que la OID "no tiene un título administrativo legal" para comercializar lotería, pero insiste en que han solicitado multitud de veces la licencia y siempre se la han denegado. La última desestimación de la Dirección General de Ordenación del Juego data de 2016.

Para los servicios jurídicos de la ONCE no cabe duda de que las actividades de la OID "suponen una ilegalidad desde el punto de vista administrativo". Un abogado de la ONCE indica que la OID les hace daño porque usan sus mismos productos de lotería.

Añade el letrado: "Hacen muchas triquiñuelas, como organizar el mismo sorteo de verano que nosotros. Para dar apariencia de que se ciñen a la legalidad piden la autorización para realizar ese sorteo especial con solo cuatro o cinco días de antelación, sabiendo de antemano que el plazo de dan a la administración para resolver esa solicitud es imposible. Entretanto, venden los cupones para el sorteo y aquí paz y después gloria".

Otras sentencias condenatorias

La OID acumula en los cajones de sus oficinas decenas de fallos judiciales en su contra. La jurisprudencia que juzga sus actividades ilegales es generosa. Siempre por la vía administrativa, ya que nunca ha perdido una querella criminal, según recalca su abogado Javier Gallego. "Todas las querellas contra la OID, hasta 140, han sido archivadas", sostiene Gallego. Entre los querellantes están la Agencia Tributaria, la ONCE o la Abogacía del Estado.

Este diario no ha encontrado sentencias condenatorias por la vía penal contra la OID, ni por fraude fiscal ni por otro delito estipulado en el Código Penal. Sin embargo, sí hemos hallado decenas de fallos por la vía administrativa que condenan a sanciones de muy diferente cuantía a la organización que preside Dionisio González Otero. Solo entre 2014 y enero de 2019, los tribunales superiores de justicia de nueve regiones desestimaron total o parcialmente los recursos de la OID hasta en 63 fallos. El pago de sanciones económicas por sus actividades ilegales ascendía a 4,4 millones de euros, además del abono de las costas de los procedimientos judiciales.

Víctimas de la OID

Los vendedores del cupón de los discapacitados se llevan un 30 por ciento de las ventas. Cada cupón diario cuesta un euro. Es decir, de cada venta, el vendedor se lleva limpios 30 céntimos. Se trata de voluntarios que no tienen ninguna vinculación laboral con la OID y, por tanto, no están dados de alta en la Seguridad Social ni pagan impuestos por su actividad. Al ser ilegal, la comercialización de la lotería de la OID no existe en el control regular de Hacienda.

Los vendedores, que pueden pasar hasta 12 y 14 horas recorriendo las calles para sacar un salario base, no son todos discapacitados físicos, sino que también se encuentran entre ellos desempleados de larga duración. A estos la OID los llama "discapacitados sociales" para justificar su voluntariado.

La OID tiene un claro ánimo de lucro que consigue a costa de la salud de los discapacitados

Ramón Ramiro (Madrid, 1986) trabajó vendiendo el cupón durante año y medio a partir de 2012. Estaba en paro y su hijo de apenas un año sufría una discapacidad física del 77%. Sacaba limpios unos 600 al mes tras trabajar prácticamente todos los días durante unas 12 horas. "Al cabo del tiempo, nos mudamos a Alcázar de San Juan en [Ciudad Real] y allí me hicieron inspector. Me encargaba de la gestión de la oficina en todos sus aspectos y estaba allí unas 8 o 10 horas, pero solo me habían dado de alta en la Seguridad Social durante dos horas al día", explica Ramiro. Así que en un momento dado decidió solo acudir tres o cuatro horas por las tardes para hacer las tareas mínimas de gestión. Esto enojó a la empresa.

Lo despidieron con la excusa de que él y los voluntarios no sacaban suficiente dinero. Además, le solicitaron vía judicial 3.675 euros porque que la OID lo acusó de haberse quedado con dinero. Ramiro niega la acusación y dice haber sufrido multitud de problemas físicos y mentales tras su despido. "Intentas llevar adelante a tu familia por 250 euros al mes y encima te maltratan", dice con tristeza.

Por su parte, Diego Nevado, de 27 años, vendió el cupón de la OID en Valencia desde abril de 2014 hasta el verano de 2015. Sostiene que trabajaba todos los días unas 12 horas recorriendo la ciudad para ganar no más de 200 euros al mes. Relata que el problema no solo era la precariedad del trabajo, sino que además la gente se metía con él por la imagen que vertía la prensa sobre el cupón del OID y por la presión de la policía municipal que incautaba de vez en cuando los cupones. A Nevado le decomisaron su ristra de boletos y le pusieron una multa de 300 euros. El juicio lo afrontará el próximo mes de septiembre.

Su situación económica y personal es penosa. Tiene reconocida ahora una incapacidad del 35% por ansiedad y depresión, algo que no tenía aceptado cuando vendía el cupón. Este joven acusa a los dirigentes de la OID de ser "unos mentirosos y de promocionar un trabajo muy precario". Niega que la oenegé no tenga entre sus objetivos hacer negocio. "La OID tiene un claro ánimo de lucro que consigue a costa de la salud de los discapacitados", concluye Nevado

Un entramado de empresas

Los servicios jurídicos de la ONCE advierten a El Confidencial que la Organización para la Integración del Discapacitado y sus directivos han urdido un conglomerado de empresas de una actividad que es opaca e ilegal. "Cuando los delegados y vendedores de la OID ingresan el dinero de sus ventas lo hacen en cuentas de otras sociedades ajenas a la OID como en la de Aserdisca SL", asegura un abogado de la ONCE.

Uno de los sentidos de ese entramado societario, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, consiste en liberar a la OID de patrimonio y, de ese modo, que le resulte imposible afrontar las sanciones por más de 86 millones de euros que pesan sobre ella.

El presidente de la OID ha creado sociedades en Reino Unido, Gibraltar, Malta y Venezuela para intentar lograr autorizaciones de lotería

Dionisio González es el administrador único o administrador solidario de 11 sociedades en España, a parte de ser presidente de la OID. Entre ellas, es administrador único de Aserdisca SL, una empresa que se dedica a "actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal”, según reza en el Registro Mercantil. González Otero usa Aserdisca para gestionar la producción, comercialización y contabilidad de la OID. Cuenta con alrededor de 60 empleados y está radicada también en Talavera de la Reina.

Las otras diez sociedades se dedican a actividades muy diversas, desde el comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos (Ortodisca SL), hasta la organización de viajes (Discaviajes SL), pasando por el alquiler de inmuebles (Discapiso SL) o la asistencia residencial a ancianos (Residencia de Discapacitados Balcón de Gredos SL).

Dionisio González es el administrador único o administrador solidario de 11 sociedades en España, a parte de ser presidente de la OID

El presidente de la OID, que ha acumulado un gran patrimonio gracias a la venta de cupones, también ha creado empresas en otros países. En Venezuela puso en marcha un proyecto de lotería física entre 2006 y 2008, con sede social en Isla Margarita. Igualmente ha creado sociedades en Reino Unido, Gibraltar y Malta. Según el abogado de la OID, se acometió el registro de esas empresas con el objetivo de solicitar autorizaciones administrativas en otros países al no poder obtenerlas en España. Apunto Javier Gallego que durante unos ochos meses la lotería en Venezuela estuvo activa.

En Malta, según ha podido comprobar este diario en su registro mercantil, Dionisio González y su hija Gema crearon dos sociedades en mayo de 2012: Casino OID Limited y Discapiso Limited. El presidente de la OID es el accionista mayoritario de ambas empresas maltesas. Las cuentas anuales no arrojan mucha actividad. Así lo refrenda Gallego.