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El exjefe de seguridad de BBVA debe entregar 300.000 euros en 15 días para no ir a prisión
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NO PODRÁ SALIR DE ESPAÑA

El exjefe de seguridad de BBVA debe entregar 300.000 euros en 15 días para no ir a prisión

El BBVA contrató en 2004 al comisario jubilado para frustrar el asalto de Sacyr y el PSOE al banco, un trabajo que se centraba en investigar a los principales promotores de la operación

Foto: El excomisario general de Policía Judicial Julio Corrochano a su llegada hoy a la Audiencia Nacional. (EFE)
El excomisario general de Policía Judicial Julio Corrochano a su llegada hoy a la Audiencia Nacional. (EFE)

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha dejado en libertad al exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, bajo la condición de que deposite una fianza de 300.000 euros en 15 días. En caso contrario, el que fuera directivo del banco ingresará en prisión, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. El magistrado le había citado este viernes por la mañana como investigado por su posible relación con los trabajos realizados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el BBVA, pero tras negarse a declarar, la Fiscalía ha solicitado que se le imponga esta medida cautelar. Además de la fianza, Corrochano tendrá que comprometerse a no salir de España, para lo que se le retirará el pasaporte, y a comparecer una vez al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.

El exjefe de seguridad del BBVA y otras ocho personas fueron imputadas esta misma semana por cohecho activo y descubrimiento de secretos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pone el foco en los trabajos de Villarejo para la entidad de los últimos años. Entre los servicios prestados, destaca la operación que se llevó a cabo en 2004, cuando el banco pagó medio millón de euros al excomisario para que investigara al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, al industrial Juan Abelló y al jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

Además de Corrochano, este viernes han pasado también por la Audiencia Nacional Inés Díaz Ochagavia, que le sustituyó como responsable de seguridad del banco, y Nazario Campo Campuzano, otro de los trabajadores de este departamento. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar y han abandonado el tribunal en apenas media hora, mientras que el cuarto imputado al que se había citado esta mañana, el abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo, sí ha respondido a las preguntas.

Entre las otras cinco personas que se encuentran imputadas, destaca el exCEO del BBVA, Ángel Cano, que este jueves no acudió a declarar al alegar un viaje al extranjero, por lo que se le ha vuelto a citar el próximo 11 de julio. El listado de investigados lo cierran Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial de BBVA; Javier Malagón Navas, ex director general de Finanzas; Antonio Béjar, ex responsable del área inmobiliaria, y Ricardo Gómez Barredo, ex responsable de contabilidad y supervisión. A excepción del último, que tampoco pudo presentarse ayer ante el juez y ha sido citado de nuevo el próximo 11 de julio, el resto optó por no declarar.

La relación de Villarejo con el BBVA

El BBVA contrató en 2004 al comisario jubilado para frustrar el asalto de Sacyr y el PSOE al banco, un trabajo que se centraba en investigar a los principales promotores de la operación y que, según las primeras pesquisas, se materializó en la intervención de más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas, lo que derivó en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor. Los contratos que se firmaron entre el banco y las empresas de Villarejo, a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com', prueban que la relación entre la entidad y el policía encarcelado fue más intensa de lo que se pensaba, pues en ellos se establece que Villarejo llevaría a cabo un "asesoramiento continuo y sostenido durante las 24 horas del día sin interrupción de fines de semana ni festivos".

Foto: El ya expresidente de BBVA Francisco González, en una imagen del pasado mayo. (EFE)

A falta de que se aclare la posible relación de cada uno de ellos con la mencionada operación, cabe señalar que Corrochano aparece en las grabaciones del comisario jubilado asegurando que despachaba estos asuntos con “el presidente” y "Ángel", a lo que se suma que los mencionados contratos entre el BBVA y las empresas de Villarejo los firmaban tanto él como Redondo. Antes de su salto a la empresa privada en 2002, Corrochano ocupó destacados puestos policiales, como el de comisario jefe de la Policía Judicial o el de jefe superior de Policía de Madrid.

Pero tras este trabajo de 2004, la relación de Villarejo con el banco siguió durante gran parte del mandato de Francisco González. Como informó El Confidencial, entre 2012 y 2016, la entidad pagó a la oficina de investigación del comisario hasta cinco millones de euros para que investigara a la asociación de usuarios de banca Ausbanc y al presidente de esta, Luis Pineda. El propio Villarejo presentó una denuncia anónima contra Ausbanc ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional con el resultado de sus averiguaciones. La información terminó desencadenando unos meses después, en abril de 2016, la llamada operación Nelson contra Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha dejado en libertad al exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, bajo la condición de que deposite una fianza de 300.000 euros en 15 días. En caso contrario, el que fuera directivo del banco ingresará en prisión, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. El magistrado le había citado este viernes por la mañana como investigado por su posible relación con los trabajos realizados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el BBVA, pero tras negarse a declarar, la Fiscalía ha solicitado que se le imponga esta medida cautelar. Además de la fianza, Corrochano tendrá que comprometerse a no salir de España, para lo que se le retirará el pasaporte, y a comparecer una vez al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.

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