El acuerdo en Navarra prevé actualizar los "derechos históricos" con más competencias

El preacuerdo de gobierno que han alcanzado el PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IE) contempla "avanzar en la actualización de los derechos históricos" de Navarra y "la defensa e impulso de nuestro autogobierno dentro de la legalidad y lealtad institucional" desde "la responsabilidad y la solidaridad con el resto del Estado y partícipes en el proyecto de Europa" como forma de "respeto a nuestro modelo institucional". A efectos prácticos, este planteamiento se plasma, entre otras medidas, en el compromiso de "culminar" con el Gobierno español el traspaso de las "competencias no transferidas" de Tráfico y Seguridad, esta "ya comprometida", y de la investigación científica y técnica y de sanidad penitenciaria, ambas en el plazo de un año.

Asimismo, el pacto recoge la apuesta por "la modificación de la Ley del Convenio Económico entre Navarra y el Estado así como de actualización de la aportación económica a fin de lograr mayores cotas de autonomía en los tributos convenidos y salvaguardar la capacidad de Navarra para establecer nuevos tributos con respeto a la Constitución, la LORAFNA [la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra] y la propia ley del Convenio".

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Estas propuestas se recogen dentro del apartado de autogobierno del preacuerdo programático que han alcanzado esta mañana los cuatro partidos que sustentarían el Gobierno liderado por la socialista María Chivite y que ahora debe ser ratificado por los órganos de decisión de las diferentes formaciones. El pacto programático alcanzado allana el camino a la investidura de la líder del PSN, si bien, en todo caso, los socialistas dependen del apoyo por acción u omisión (abstención) de EH Bildu para llegar a la Presidencia de la Comunidad Foral.

El documento suscrito, de 77 páginas, salva la cuestión de la política lingüística, uno de los principales escollos a superar durante las negociaciones, con el compromiso de las cuatro fuerzas a estudiar en el plazo máximo de un año el "funcionamiento" de la polémica normativa vigente del uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra aprobado por el anterior Ejecutivo de Uxue Barkos y con el que el PSN ha sido muy crítico durante la pasada legislatura para "impulsar una modificación de la normativa vigente de cara a buscar un mayor consenso sindical, social y político".

Se impulsará en un año la modificación de la ley del euskera en las administraciones públicas de cara a buscar un mayor consenso sindical, social y político

Igualmente, en esta materia, el preacuerdo establece que se procederá al estudio y, en su caso, adaptación de la normativa que regula el uso del euskera para "garantizar un tratamiento acorde con la demanda y la realidad sociolingüística del territorio, a la vez que ampare el uso y conocimiento" de la lengua vasca por la ciudadanía "de forma acorde con los principios de voluntariedad e igualdad de oportunidades". A este respecto, se "mantiene como norma de consenso y, en su caso, de desarrollo la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera, la cual se podrá ser modificada respetando en todo caso lo dispuesto al respecto en la LORAFNA". El euskera forma parte de los activos a "preservar y proteger" de "la realidad histórica, cultural y social de Navarra", entre los que se incluyen "las lenguas propias que forman parte de la misma".

Solventadas las diferencias sobre la política lingüística, el otro gran motivo de disenso entre el cuatripartito, la apuesta por el tren de alta velocidad, no ha acabado en entendimiento por la desaprobación de Podemos e I-E a la llegada del AVE a la Comunidad Foral. De este modo, la construcción del denominado "corredor navarro de altas prestaciones" se incluye dentro de los "desacuerdos pactados y cuestiones pendientes de estudio", donde también se incluye la devolución de las retenciones de IRPF en los permisos por maternidad ante el rechazo de Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra a aceptar esta cuestión.

El AVE y la devolución de las retenciones de IRPF en los permisos por maternidad están dentro de los "desacuerdos pactados"

En este apartado de disensos pactados, también se recoge la propuesta de "establecer como objetivo y ámbito de especial incidencia el fomento del plurilingüismo” en el ámbito educativo, con la que no está de acuerdo el PSN, así como el hecho de "no separar al alumnado en diferentes centros escolares en función del modelo lingüístico" ante la disconformidad de Geroa Bai. En su conjunto, el preacuerdo establece 15 "desacuerdos pactados" en materias de educación (3), política sanitaria (2), empleo y progreso económico (3), fiscalidad (4) y autogobierno (3).

En este último aspecto, el disenso afecta al impulso "del pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento” ante la reserva de I-E "a asumir la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social que recoge la propia LORAFNA". Esta formación también se opone al estudio de "la puesta en marcha de un instrumento financiero público, arraigado en el territorio, cercano a la sociedad y empresas, y comprometido con el desarrollo de la Comunidad Foral”. Por su parte, Geroa Bai muestra su desaprobación con relación a la negociación de competencias no transferidas por el Estado a la no inclusión de la asunción de la competencia “Gestión de becas y ayudas de carácter estatal al estudio”.

El acuerdo defiende que la Policía Foral sea la "de referencia" en materia de seguridad ciudadana y muestra el "compromiso inequívoco con los símbolos propios de Navarra"

Sí existe en materia de autogobierno consenso para lograr más competencias para el Gobierno de Navarra, en especial la transferencia de tráfico y seguridad vial dentro del objetivo de "seguir trabajando para que la Policía Foral sea la policía de referencia" en la Comunidad Foral "en materia de seguridad ciudadana y medioambiente". El traspaso de esta competencia fue comprometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el transcurso de una reunión con Barkos en La Moncloa el pasado año, si bien no se culminó a lo largo de la pasada legislatura. Por su parte, en materia de símbolos, una de las cuestiones más polémicas de la pasada legislatura por el apoyo institucional a la ikurriña, lo que enfrentó al PSN con los que ahora pueden ser sus socios de Gobierno si EH Bildu facilita con su abstención la investidura de Chivite, el documento consensuado recoge "el compromiso inequívoco con los símbolos propios de la Comunidad Foral".

Otro de los motivos de enfrentamiento la pasada legislatura, la polémica Ley de Reforma de la Administración, se solventa en el preacuerdo alcanzado, donde se refleja que, "entendiendo que hay cuestiones que deben de resolverse con celeridad y otras que pueden debatirse y acordarse por una mayoría más amplia, se acuerda la prórroga de los diferentes plazos que marca la ley hasta el 31 de diciembre de 2020 con posibilidad de nueva prórroga si se considera necesario hasta el 31 de diciembre de 2021 para poder estudiar los cambios necesarios" en determinadas cuestiones, "sin perjuicio de que aquellas materias a las que se llegue a consensos se puedan desarrollar de forma anticipada".

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Con este documento, los cuatro partidos que lo suscriben aspiran a conformar ese gobierno "plural, progresista y feminista" que reivindica el PSN. De hecho, el pretendido carácter igualitario se refleja en el mismo preacuerdo, bautizado como "programa para una legislatura de convivencia, igualitaria, innovadora y progresista", donde se deja constancia en su comienzo de que el documento está "pendiente de revisión para adaptarlo a lenguaje inclusivo y perspectiva de género".