RESPONSABILIDAD CONTABLE DEL REFERÉNDUM

Paso clave del Tribunal de Cuentas para reclamar a Puigdemont los fondos del 1-O

El organismo se ha dirigido al tribunal del 'procés' con la intención de recabar datos respecto de los gastos efectuados para la preparación y celebración del referéndum

Foto: Protesta en Estrasburgo. (EFE)
Protesta en Estrasburgo. (EFE)

La derivada económica del referéndum del 1-O ya está en marcha. El Tribunal de Cuentas ha activado las diligencias para establecer la responsabilidad contable por la consulta a la que tendrán que hacer frente Carles Puigdemont y otros 18 ex altos cargos del Govern. Unos días después de que se designara instructor de las actuaciones, el organismo se ha dirigido al tribunal del 'procés' con la intención de recabar datos respecto de los gastos efectuados para la preparación y celebración de la votación.

La instructora Esperanza García, que firma la solicitud, considera clave la información que consta en el procedimiento en el que se ha juzgado a Oriol Junqueras y otros 11 políticos catalanes y, según un oficio remitido al alto tribunal al que ha tenido acceso El Confidencial, ha solicitado que se le remita la información que obra en la causa especial "a la mayor brevedad posible". Según informan fuentes jurídicas, el Supremo ha acordado ya remitir el testimonio solicitado.

Así, el Tribunal de Cuentas estudia ya la cantidad que reclamará por la desviación de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal con el objetivo de recuperar el dinero supuestamente malversado. Todo apunta a que el procedimiento derivará en embargos millonarios a los afectados. El objetivo es determinar con precisión los fondos desviados para el referéndum ilegal. La solicitud de fianzas tras el cálculo de la cantidad se ordenará de forma anterior al inicio del juicio contra los investigados.

Además de Puigdemont, la responsabilidad contable afectaría a los exmiembros del Govern en el momento de la declaración unilateral de independencia, como Oriol Junqueras y también los que dimitieron en julio de 2017. También se procede contra la interventora de la Generalitat Rosa Vidal.

Las diligencias parten de una demanda de Sociedad Civil Catalana y otra de la Fiscalía contra 19 personas vinculadas a la Generalitat, con Carles Puigdemont a la cabeza. Si bien la cifra redonda del desvío aún no está cuantificada, será sin duda millonaria y se reclamará de forma independiente al juicio penal que ha seguido el Supremo, donde las acusaciones imputan malversación además de delitos de rebelión y sedición.

El antecedente de Artur Mas

Así, el antecedente de otro 'expresident', Artur Mas, sobrevuela a Puigdemont. El procedimiento es similar al que ya se llevó a cabo contrael primero por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que terminó con una condena para el expresidente catalán en la que se le obligaba a pagar de forma solidaria con otros nueve miembros del Govern 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable. Además de Mas, también están condenados y deben afrontar partes menores de este pago la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, así como cargos funcionariales de la Generalitat.

En esta ocasión, fue el Ministerio de Hacienda quien dio el pistoletazo de salida con una denuncia en noviembre de 2017 contra el destituido Govern y las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Acudió a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por el 1-O, pidiendo al Ministerio Público que calculase "los daños causados al erario público" en la organización del referéndum.

En la misma línea, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifró el pasado diciembre en más de ocho millones de euros el dinero desviado ilícitamente por el Gobierno de Carles Puigdemont para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Presentó entonces un escrito en el que recogía esta cantidad, que supera con creces la descubierta por el Ministerio de Hacienda o por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero matizó que se trataba de una fase inicial de instrucción en la que irá reclamando nuevos datos para determinar el importe exacto.

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