UN JUEZ ACEPTA PARALIZARLA Y OTRO LA DENIEGA

Madrid Central, de nuevo en los juzgados: guerra de recursos por la moratoria

La moratoria aprobada por el nuevo Ayuntamiento ya es el nuevo quebradero de cabeza. Un juez admitió uno de los recursos paralizándola... mientras que otro denegó la cautelarísima

Foto: Activistas de Greenpeace cortan accesos al tráfico en Madrid central. (EFE)
Activistas de Greenpeace cortan accesos al tráfico en Madrid central. (EFE)

Madrid Central sigue siendo el principal quebradero de cabeza del Ayuntamiento. Lo fue en su día para el consistorio dirigido por Manuela Carmena a pesar de la firmeza con la que lo defendió, y lo es ahora para la nueva administración que cogobiernan PP y Ciudadanos. La iniciativa encaminada a reducir drásticamente los niveles de contaminación en la ciudad ha vuelto a los juzgados antes de que se cumpla un año desde la primera vez que se judicializó.

El motivo: la moratoria que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, puso en marcha hace apenas unos días. Un juzgado decidió adoptar la cautelarísima solicitada en un recurso por Ecologistas en Acción y la paralizó cautelarmente. De forma paralela, otro magistrado denegó la misma petición en respuesta al recurso presentado por el PSOE madrileño. El consistorio, por su parte, anunció que recurrirá la decisión del primer juez porque está convencido de que la moratoria "se ajusta a derecho". Eso sí, advierte que acatará cualquier resolución judicial.

El nuevo Ayuntamiento está decidido a repensar la medida y quiere plantear cambios, aunque no ha dejado muy claro por donde van los tiros. El regidor del PP aseguraba en campaña que lo revocaría por completo, pero Ciudadanos y la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís, dejaron claro que el plan no pasaba por dar marcha atrás, sino por mejorar las cosas "que no funcionaban".

En realidad, el motivo clave de impulsar la moratoria fueron los fallos registrados en el primer periodo —aún con Carmena— que obligaron a anular en el mes de abril en torno a 6.600 sanciones, el 81% de las que se habían establecido en un mes. Quedaron sin validez porque, a pesar de haberse registrado de forma correcta, existía un problema con el formato horario. El Ayuntamiento explica que el sistema estaba programado solo durante 12 horas y no distinguía antes de mediodía y después. Dicho de otra manera: un vehículo sancionado a las cinco de la tarde podía recibir una multa fechada a las 5 de la mañana. La "inseguridad jurídica" que producían aquellos errores hicieron a Ahora Madrid anular la mayor parte de las multas.

Almeida y Villacís anunciaron la suspensión de esas multas durante todo el verano (julio, agosto y septiembre) para, al mismo tiempo, desarrollar una auditoria sobre el sistema y dar con el motivo del fallo. Además, pretendían avanzar en algunos asuntos pendientes como un sistema de paneles informativos sobre los aparcamientos libres antes de que los ciudadanos cruzaran Madrid Central sin saber si accederían a una plaza para su vehículo o no.

Pero los partidos de la oposición y algunas asociaciones como Ecologistas en Acción y Greenpeace se tomaron muy mal la medida de la moratoria. Entendían que era dar un paso atrás y que el Gobierno municipal lo que debía hacer es seguir concienciando a los ciudadanos de la importancia de dejar el coche, usar más el transporte público y, sobre todo, luchar contra la contaminación.

En nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, estas dos organizaciones interpusieron en la mañana de este viernes un recurso contencioso-administrativo solicitando una cautelarísima para paralizar de forma inmediata la moratoria a las sanciones económicas, que arrancó el pasado 1 de julio y que se extendía hasta el 30 de septiembre. En el auto, según publica la agencia ‘Efe’, se adopta la medida cautelar "provisionalísima" de "inmediato cumplimiento", al tiempo que da al Ayuntamiento un plazo de tres días para "alegar por escrito lo que estime procedente”.

Madrid Central, de nuevo en los juzgados: guerra de recursos por la moratoria

El magistrado señala que, de no adoptar la suspensión cautelar, se perdería la "finalidad legítima al recurso", dado que "se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes" en la zona de Madrid Central a causa de "la entrada de vehículos contaminantes no autorizados, que al no ser sancionados durante el periodo de aviso entrarán sin limitación ni control alguno". En este auto se acuerda también la apertura de una pieza separada para entrar en el fondo del asunto, pues el magistrado no lo hace con el fin de adoptar esta suspensión cautelar.

De esta forma, el juzgado devuelve Madrid Central a su estado original, por lo que los conductores que accedan indebidamente a esta área de bajas emisiones recibirán la sanción en vigor hasta el pasado lunes, 1 de julio.

Y este recurso no es el único. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento presentó este jueves un escrito en los tribunales en el que califican la moratoria de "trampantojo jurídico", y la consideran "ilegal" porque "lesiona gravemente derechos constitucionales de los ciudadanos, como el de la protección de la salud o el de disfrutar de un medio ambiente adecuado". Sobre las multas erróneas, los socialistas que dirige Pepu Hernández aseguran que se trata de un problema "corregido" y piden que no se justifique la medida del nuevo equipo de Gobierno. Sin embargo, el juez que recibió este recurso pensó de forma distinta a la de su compañero de otro juzgado: según adelantó 'Europa Press', el magistrado denegó en este caso las mismas cauteralísimas.

Este mismo viernes la coportavoz de Más Madrid, Rita Maestre, reaccionó de inmediato celebrando la noticia del juzgado. "Es una buena noticia para los pulmones de los madrileños", aseguró, dejando claro que a su juicio la decisión del nuevo consistorio es "una chapuza".

Precisamente fue el pasado octubre cuando Madrid Central entraba en los tribunales por primera vez. Tanto el Gobierno de la Comunidad dirigido entonces por el ya expopular Ángel Garrido como el grupo municipal del hoy alcalde interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos contra la iniciativa por la falta de informes de impacto económico y de otro tipo. En el caso de los populares municipales insistían también en la "voluntad de imposición sobre un determinado modelo del centro, que perjudicará no solo al centro sino al conjunto de la ciudad". Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la suspensión cautelar de la medida.

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