El exCEO del BBVA no acude a declarar por el caso Villarejo: alega un viaje al extranjero

El exCEO del BBVA Ángel Cano no ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional. El magistrado que intruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, le había citado la mañana de este jueves como investigado, pero el empresario ha alegado que tenía programado un viaje al extranjero para aplazar su comparecencia, que se celebrará finalmente el próximo 11 de julio. Cano ha sido imputado por cohecho activo y descubrimiento de secretos esta misma semana junto a otras ocho personas, entre ellas el exjefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, que acudirá este viernes al juzgado. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de todos ellos por su posible relación con la operación que se llevó a cabo en 2004, cuando el banco pagó medio millón a Villarejo para que investigara, entre otras personas, al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, al industrial Juan Abelló y al jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián. También se investigan otros trabajos realizados por el expolicía para la entidad en los últimos años.

Además de Cano, la mañana de este jueves había sido citado como investigado Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial de BBVA, pero las fuentes consultadas explican que se ha acogido a su derecho a no declarar. El directivo ha entrado pasadas las 10:30 y no ha tardado más que un cuarto de hora en salir de la sede judicial. Situación similar se ha repetido ya por la tarde con otros dos investigados: Javier Malagón Navas, ex director general de Finanzas, y Antonio Béjar, ex responsable del área inmobiliaria. El primero no ha declarado y el segundo solo ha respondido a las preguntas de su abogado, pero solo ha defendido su inocencia y en ningún momento ha mencionado al que fuera presidente de BBVA, Francisco González, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. Aunque este jueves también se había citado a Ricardo Gómez Barredo, ex responsable de contabilidad y supervisión, el directivo no ha podido acudir y su comparecencia se ha aplazado al 11 de julio.

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El BBVA contrató en 2004 al comisario jubilado para frustrar el asalto de Sacyr y el PSOE al banco, un trabajo que se centraba en investigar a los principales promotores de la operación y que, según las primeras pesquisas, se materializó en la intervención de más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas, lo que derivó en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor. Los contratos que se firmaron entre el banco y las empresas de Villarejo, a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com', prueban que la relación entre la entidad y el policía encarcelado fue más intensa de lo que se pensaba, pues en ellos se establece que Villarejo llevaría a cabo un "asesoramiento continuo y sostenido durante las 24 horas del día sin interrupción de fines de semana ni festivos".

A falta de que se aclare la posible relación de cada uno de ellos con la mencionada operación, cabe señalar que Corrochano aparece en las grabaciones del comisario jubilado asegurando que despachaba estos asuntos con “el presidente” y "Ángel", a lo que se suma que los mencionados contratos entre el BBVA y las empresas de Villarejo los firmaban tanto él como Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo.

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Según ha podido saber este diario, la cantidad total cobrada por el policía por estos servicios ascendió a 417.000 euros (IVA incluido), dinero al que se sumó un pago adicional de 120.000 euros. Destaca también un escrito de marzo de 2005 en el que Villarejo exige esta última cantidad al banco porque, según sostiene, el BBVA no había cumplido "el compromiso acordado" tras lograrse los objetivos "a pesar del riesgo". En este documento, el trabajo realizado por el comisario se menciona como operación Trampa, nombre que lleva también la pieza 9 de la Audiencia Nacional en la que se investigan los servicios prestados por Villarejo al BBVA. El banco esperaba además del policía un "análisis estratégico-empresarial" de la entidad, abriendo al mismo tiempo la puerta a que este pudiese "intervenir 'a posteriori" utilizando "de manera quirúrgica la información para demostrar la verdad".

Pero tras este trabajo de 2004, la relación de Villarejo con el banco siguió durante gran parte del mandato de Francisco González. Como informó El Confidencial, entre 2012 y 2016, la entidad pagó a la oficina de investigación del comisario hasta cinco millones de euros para que investigara a la asociación de usuarios de banca Ausbanc y al presidente de esta, Luis Pineda. El propio Villarejo presentó una denuncia anónima contra Ausbanc ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional con el resultado de sus averiguaciones. La información terminó desencadenando unos meses después, en abril de 2016, la llamada operación Nelson contra Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.