El Constitucional avala la aplicación del 155 en Cataluña

El Tribunal Constitucional ha avalado la aplicación del 155 en Cataluña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. En dos resoluciones, desestima en su práctica totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados de Unidos Podemos y del Parlamento de Cataluña contra el acuerdo del pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, mediante el que se aprobaron las medidas requeridas por el Gobierno. El recurso de inconstitucionalidad de Unidos Podemos se presentó en diciembre de 2017 y el del Parlament en enero de 2018.

El tribunal de garantías ha hecho pública la parte dispositiva de las dos resoluciones. En ellas, se estima únicamente la impugnación en lo relativo a la regla que privaba de efectos a la publicación oficial de disposiciones normativas o actos, sin autorización del Gobierno o en contra de lo dispuesto por este. "Desestimar el recurso en todo lo demás", precisa el TC, que ha tomado la decisión por unanimidad.

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EFE

El Constitucional tomó estos recursos como una oportunidad para fijar una doctrina constitucional para el futuro sobre la aplicación de este artículo, tanto en los procedimientos como en el contenido y sus límites. Habrá que esperar a conocer ambas sentencias al completo para conocer el fondo, pero solo la parte resolutiva ya indica que se consideran ajustadas las medidas que implementó el Ejecutivo de Rajoy, incluyendo una de las partes más controvertidas: la intervención del Parlament de Cataluña. Los magistrados avalan la disolución de la Cámara y la posterior convocatoria de elecciones.

El recurso de los de Pablo Iglesias fue impulsado por En Comú y se sumaron sus aliados de Podemos, Izquierda Unida, En Marea y Equo. La redacción es obra del catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, uno de los expertos nombrados por el Gobierno de Carles Puigdemont para supervisar el recuento del referéndum ilegal.

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En el texto se solicitaba la nulidad del acuerdo adoptado por el Senado, que aprobó la aplicación del 155 y que posibilitó la disolución del Parlament, la destitución del Govern de Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas. Por su parte, la Cámara catalana también recurrió al entender que el 155 vulneró el principio de autonomía y de participación política y se aplicó de forma "desproporcionada", ante una "mera declaración retórica" del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Su recurso de inconstitucionalidad argumentaba que las medidas del 155 supusieron una suspensión 'de facto' de la autonomía catalana y, con la disolución del Parlament, acarrearon un "control político de conveniencia", situando la Cámara catalana "en una posición de subordinación jerárquica" respecto al Gobierno.