Torra será juzgado por los lazos en pleno aniversario del 1-O: hasta 3 años inhabilitado

Todo por un quítame de ahí esos lazos. El pulso de Quim Torra en plena campaña con la Junta Electoral Central a cuenta de las pancartas solicitando la libertad de los presos catalanes y los lazos amarillos en edificios públicos puede suponer un empujón definitivo para apartarle del tablero político del PDeCAT en el que, ateniéndose a los hechos, no parecía ya tener mucha relevancia. El 'president' se arriesga a una condena de hasta tres años de inhabilitación en aplicación de los delitos que el instructor del procedimiento le atribuye y la resolución del asunto se calcula para este próximo otoño, según las fuentes jurídicas consultadas.

El juez, que ya ha dado un primer paso para sentarle en el banquillo, le atribuye delitos de desobediencia o denegación de auxilio. Se refiere en concreto a que su comportamiento encaja con el artículo 411 del Código Penal en el que se recoge: "La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquellos hubieren desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

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El procedimiento se abrió en marzo a instancias de la Fiscalía General del Estado que ya apuntaba en su querella a delitos similares y que instará a la apertura de juicio oral. Se abre ahora un plazo para que las partes informen de cómo proceder: sentarle en el banquillo o no. El trámite se llevará así a cabo durante el mes de julio y la presumible decisión de continuar adelante coloca la celebración de la vista a finales de septiembre o principios de octubre. En plenos fastos del aniversario del 1-O y en la horquilla en la que también se espera la sentencia del 'procés'. Solo otro de los juicios pendientes, el que debe celebrarse contra la Mesa del Parlament por el 'procés' puede alterar este calendario.

La sentencia, avisan las fuentes consultadas, no se hará esperar. El procedimiento no es complejo y solo se acusa a una persona por lo que el juicio se espera rápido y la resolución también. A finales de año, Torra podría llevar sobre los hombros una prohibición de ejercer cargo público. En caso de resultar condenado, le quedaría la carta de acudir en amparo al Tribunal Supremo. Ironías del destino.

El procedimiento no es complejo y solo se acusa a una persona por lo que el juicio se espera rápido y la resolución también

En cualquier caso, la inhabilitación le impediría concurrir a elecciones pese a que la sentencia no sea firme. La Ley Electoral establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación. La desobediencia se considera delito contra la Administración Pública.

Un solo vistazo a los hechos probados en los que el magistrado del TSJ de Cataluña, Carlos Ramos, condensa los hechos, sirve para ver que son demoledores. El pulso que puede apartar de la política a Torra comenzó durante la campaña de las generales, periodo en el que todos los poderes públicos "están obligados a conducirse con estricta objetividad y neutralidad. Entre el 5 de marzo y el 28 de abril estaba prohibido, por ello, lucir en edificios sede de poderes públicos "símbolos, emblemas o lemas ideológicos o partidistas".

El tira y afloja

En la Generalitat, Palau de San Jaume, llevaba colgada una pancarta desde mayo de 2018. En otras consejerías o delegaciones territoriales de Cataluña se lucían distintos emblemas. Esteladas, lazos amarillos, fotos de los presos... El magistrado apunta que todos ellos son emblemas de un anhelo de independencia. Llegado el 5 de marzo, inicio de la campaña, toda la parafernalia seguía allí. Dos días después, el 7, Ciudadanos pidió a la JEC que ordenara su retirada. El primer acuerdo de la Junta llegó el 11 de marzo y dio 48 horas para retirar los símbolos.

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A partir de ahí, Torra comenzó su flirteo con la desobediencia. En palabras del juez, desarrolló todo tipo de argucias para mantener los lazos. El día en el que vencía el plazo dado, pidió más tiempo y la JEC le dio 24 horas suplementarias. La fecha tope fijada fue el 19 a las tres de la tarde. Torra continuó mareando la perdiz. Pidió aclaraciones, alegó dificultad en la ejecución y se agarró a un informe del Síndic de Greuges que ya tenía y en el que se recomendaba acatar la orden. En un último giro, cambió la pancarta por otra reivindicando libertad de expresión y se inventó un lazo distinto, blanco con un trazo rojo. Tras todas las idas y venidas, la simbología acabó retirándose el 22 de marzo.

Pero el gesto no fue suficiente para la Fiscalía, que consideró que el delito ya estaba cometido y presentó querella. Además de la inhabilitación, la desobediencia y el delito subsidiario están penados con multas de hasta 24 meses que alcanzarían, en su rango más elevado, los 29.000 euros.