La cinta de Juan Ignacio Blanco: la última gran incógnita (o fraude) del caso Alcàsser

Más de 26 años después, y con las emociones resurgidas tras el documental de Netflix, el triple crimen de Alcàsser no cierra incógnitas pero sí parece reabrir otras. Al menos, si se da credibilidad a la versión del periodista Juan Ignacio Blanco, recién fallecido este jueves 4 de julio a los 63 años. Los nuevos testimonios aportados en la miniserie, sumados a las últimas declaraciones del forense Luis Frontela —ya se han cumplido los tres meses previstos sobre la aparición de nuevas pruebas—, resucitan la curiosidad de los espectadores y plantean nuevas preguntas: ¿Existe realmente la polémica cinta que incriminaría a altos cargos?

Según el escritor de novela negra, sí. Y con ella se corroborarían dos de las elucubraciones que se barajaron desde un principio en la investigación: la existencia de más implicados además de Antonio Anglés y Miguel Ricart y la participación de personajes con gran influencia en el país. Sin embargo, tras su muerte, la duda podría no llegar a resolverse.

Amparándonos en esta hipótesis, que muchos tachan de teoría de la conspiración y otros tantos dan por válida, los asesinatos y torturas contra Toñi, Miriam y Desireé formarían parte de un macabro juego por parte de una trama criminal, compuesta por políticos y empresarios de gran poder que habrían aprovechado sus influencias para lavarse las manos y culpar a los actuales sospechosos.

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La teoría, en definitiva, se resume en una posible organización dedicada a la grabación de vídeos 'snuff'; una idea que siempre fue defendida por Juan Igancio Blanco, quien aseguró en el controvertido programa 'Esta noche cruzamos el Mississippi' —presentado por Pepe Navarro—que los integrantes de este tipo de grupos criminales pagan elevadas cantidades de dinero a cambio de matar a la persona de las cintas o de quedarse con una parte del cuerpo de la víctima, "generalmente las manos", agregó.

Casualmente, este apunte coincide con los testimonios de los dos apicultores que encontraron los cuerpos de las menores el 27 de enero de 1993 en una fosa de La Romana; según los cuales, fue una mano sobresaliendo de la tierra lo que llamó su atención. Estas conjeturas fueron respaldadas por García y alimentadas más tarde por los medios de comunicación.

Según el propio Blanco, fue Juan Bautista Antolí, párroco de la localidad, quien los alertó de que poseía una cinta en la que aparecían las menores siendo torturadas por varios hombres de altos cargos.En el documental, el interapelado niega que eso ocurriera: "Eso no es verdad".

Pero el escritor se reafirma: el cura recibió un misterioso sobre en un confesionario. Después de tener en su mano la supuesta cinta, García y Blanco la visionaron. Blanco lo niega en rotundo; él nunca ha visto ese vídeo y, añade: "Ha habido cosas que él (Blanco) no me ha contado nunca ni yo le he preguntado a fondo".

Según el escritor, esta cinta fue entregada al Ministerio del Interior. Así lo cuenta en sus conferencias, promulgando que en sus manos está la respuesta al crimen de Alcàsser. Sin embargo, nadie puede verificar la existencia de dicha cinta ni de su contenido, ya que es algo que el periodista siempre ha mantenido en secreto sin dar explicaciones.

García y Blanco, considerados un fraude

El fiscal jefe de Valencia, así como el tribunal instructor encargado del caso entonces, hizo un comunicado por el que anunció la presentación de una querella contra Fernando García y el periodista por estafa tras la creación de una Fundación por la que pedían dinero a los ciudadanos para poder financiar la investigación del caso, de cuyas donaciones no se han tenido noticias (desvelado por el controvertido reportaje de Canal 9, 'Alcàsser, vidas marcadas').

Esta no fue la única confrontación judicial de ambos protagonistas, ya que se emprendieron acciones legales contra ellos tras finalizar el juicio contra Miguel Ricart y a raíz de la emisión del programa 'Esta noche cruzamos el Mississippi', en el que pregonaron los nombres de cuatro importantes personalidades como los autores materiales del triple crimen.

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En 1997, un alto cargo de la Guardia Civil se querelló contra García y Blanco después de que ambos vertieran acusaciones de ocultación de pruebas por parte del cuerpo durante la investigación del crimen.

Las denuncias se saldaron en el juicio celebrado en 2009, con la condena hacia el periodista de dos años de prisión y una multa de 350.000 euros por un delito de injurias. Mientras que el padre de Miriam fue penado con una indemnización de 285.000 euros por el muismo delito.