Los policías de Emperador: "La Fiscalía nos destrozó la vida; no encuentro trabajo"

En 2011, la Fiscalía Anticorrupción dio su visto bueno para ejecutar una operación sin precedentes hasta el momento contra la mafia china. Decenas de agentes de la Policía accedieron, por orden de la Audiencia Nacional, a oficinas, domicilios y naves del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada con el fin de desmantelar la supuesta trama en la que inicialmente había más de un centenar de personas involucradas. En el marco de aquella investigación, denominada caso Emperador, Anticorrupción reclamó también iniciar una pieza separada con el fin de indagar los presuntos negocios sucios que un grupo de policías nacionales y locales mantenía con los responsables de la organización.

Han pasado ya ocho años desde que el Juzgado Central 4 pusiera en marcha aquel operativo y el caso abierto contra el supuesto líder, Gao Ping, y sus cómplices —entre los que había reputados empresarios, miembros de la aristocracia e incluso del mundo del espectáculo— sigue sin sentencia. El pasado diciembre, en el último paso dado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó finalizar la instrucción abierta desde 2011 contra el criterio de Anticorrupción, que había pedido alargar aún más las diligencias. En concreto, la Fiscalía había reclamado una prueba pericial para determinar con exactitud la cuota defraudada por Ping.

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Sí concluyó totalmente la mencionada pieza separada que rastreó la vinculación económica entre los citados policías y los líderes de la trama. Todos los funcionarios fueron absueltos de cualquier delito por la Audiencia Nacional, en primer término, e incluso por el Tribunal Supremo, en última instancia, en julio de 2017. La resolución exoneró a los policías al entender que no había quedado acreditado que estos hubieran incurrido en delito de cohecho, como les atribuía la Fiscalía, que pedía entre uno y nueve años de prisión para ellos. La sala argumentó que no había quedado probado que recibieran regalos o dádivas a cambio de favores de uno de los supuestos líderes de la organización, Yongping Wu Liu, a quien el ministerio público consideraba lugarteniente de Ping.

El comisario Manuel Patricio Rodríguez San Román, el agente de Policía Blas Donoso Adán, el inspector Federico Sánchez de Frutos, el comisario Ángel Luis Olmedo, el policía Óscar García Frade, el agente de la Policía Local de Fuenlabrada Mario José Selas Martínez, el excoordinador de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) Pablo García Lozano y el mencionado empresario chino Yongping Wu Liu fueron declarados no culpables. Sin embargo, todos ellos sufrieron las consecuencias de haber estado en las portadas de todos los medios de comunicación durante años bajo el estigma de policías corruptos. Su reputación, según denuncian ahora ante El Confidencial por primera vez, ha quedado tocada de por vida.

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La Audiencia Provincial de Madrid desestimó recientemente el recurso de uno de ellos, que acusaba a los agentes de Asuntos Internos de falsificar documentos para encausarle. "La absolución lo fue por falta de acreditación de los hechos, no por la falsedad de los oficios", defendió la sala en línea con el auto previo del Juzgado 6 de Fuenlabrada que rechazó investigar a los investigadores. En su sentencia, la Audiencia Provincial destacó también que la imagen de los funcionarios ya había sido restablecida por el auto de agosto de 2015 en el que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu descalificaba la labor de los agentes de Asuntos Internos y acordaba el archivo de la causa, que posteriormente fue reactivada. Ese auto, prosigue el tribunal provincial, dijo que el procedimiento judicial no podía afectar a la reputación de los policías acusados y ahora resulta "firme respecto al hoy recurrente", que no necesitaría, por lo tanto, que sean condenados los investigadores para resarcir su imagen.

Sin embargo, no están en absoluto de acuerdo con esa tesis los afectados, que consideran que su reputación ha quedado dañada para siempre. "Nadie va a limpiar mi nombre ni va a devolverme mi anterior vida", afirma García Frade. "Este proceso me destruyó la vida", añade el policía, que considera que todos sus agarraderos se desplomaron poco a poco. "Yo tenía un negocio lícito mientras era policía, una correduría de seguros que daba servicio a la población china; cuando empezó Emperador, se fue a pique de golpe", recuerda con rabia. "A nivel laboral, los compañeros empezaron a desconfiar de mí y en casa había una enorme tensión", afirma el funcionario, que tiene claro que volver a limpiar su nombre "es complicado". "El proceso me destrozó la vida", resume.

Como un policía corrupto

"Salí en todos los medios como si fuera un corrupto", se queja aún emocionado el comisario Olmedo, que se mantuvo al frente de la Brigada de Extranjería de Madrid a pesar de estar imputado durante años. "En ningún momento me apartaron, porque sabían que yo no había hecho nada", afirma. "Me hicieron una patrimonial en la que vieron que yo no tenía ni un puto duro más que para ir andando, pero aun así me seguían imputando", agrega el policía, que durante su declaración contó que a él solo le acusaban de aceptar una invitación para ir al Bernabéu a ver el fútbol, cuando aquella entrada la aceptó por deferencia con el empresario chino. "Fui porque mi jefe de grupo me pidió que fuera porque le venía bien desde el punto de vista de las relaciones; yo tengo las entradas que quiera porque en jefatura hay muchas para los jefes", destacó entonces Olmedo, que considera que aparecer en todos los medios le afectó en todos los aspectos.

El comisario, ahora jubilado, asegura que por aquella época tenía la posibilidad de recibir una medalla roja al mérito policial, una condecoración que va aparejada de un incremento salarial. Él llevaba seis años como jefe de la mencionada Brigada de Extranjería y estuvo otros cuatro como número dos o jefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), méritos suficientes para recibir el premio que finalmente no se embolsó. Sin embargo, no ve él aquí el principal daño que experimentó. "Mis hijos y mi mujer estuvieron muchos años sufriendo por esto", recuerda. Además, añade, tenía la posibilidad de aceptar una oferta de empleo muy jugosa de una de las empresas más importantes de España. "No pude aceptarlo por estar imputado", sostiene.

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Un caso similar le ocurrió al inspector Frutos. A él el caso Emperador directamente le provocó un despido. "Cuando comenzó la investigación, yo ya no estaba en el cuerpo y tenía un futuro prometedor en la empresa privada, donde ejercía como director de seguridad; cuando estalló todo, fui fulminantemente despedido por estar implicado en el caso Emperador y ahora no soy capaz de encontrar trabajo porque no logro quitarme de encima el estigma de policía corrupto", asegura Frutos, autor del recurso que pedía investigar a los agentes de Asuntos Internos por falsear documentos y que ha sido desestimado por la Audiencia Provincial.

"Uno de los autores de los informes que me inculparon, en los que vertieron 50 mentiras sobre mí, en los que me acusaban de vivir por encima de mis posibilidades como inspector, tiene una hipoteca de 485.000 euros; yo vivo en un piso de protección oficial de una cooperativa que costó 40.000 euros y está situado junto a un bloque de realojo en Leganés", describe Frutos. "Todo esto me provocó tal ansiedad que he necesitado ayuda médica", asegura el exinspector, que tiene claro que la mala imagen no se la quita nadie.

"El estigma de policía corrupto sigue ahí, nadie me quiere dar trabajo, te conviertes en la comidilla de los vecinos, no puedes ni visitar dependencias policiales porque despiertas sospechas, te preguntan que cuál es el motivo de tu visita, que con quién has hablado, te hacen sentir un delincuente", describe. "Hasta algún jefe ha prohibido a sus subordinados hablar conmigo", apunta. "Mis hijos se han visto obligados a responder preguntas de sus amigos sobre su padre corrupto con situaciones muy tensas; ser víctima de mentiras es algo que no cabía en mi concepto de policía", concluye.

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"Todo esto nos pilló en medio de un problema entre dos comisarios", asegura García Frade en referencia al hoy encarcelado por la operación Tándem José Manuel Villarejo y al que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. El primero, de hecho, en su declaración ante el Juzgado 2 de Madrid en el marco del caso Nicolay, relató que su enemistad con el segundo principia en la operación Emperador. Contó, en concreto, que él le recriminó a Martín Blas investigar a estos "policías inocentes". "Inventaron pruebas contra nosotros", asegura en línea con el escrito que presentó Frutos y que fue rechazado por el Juzgado 6 de Fuenlabrada, primero, y por la Audiencia Provincial después.

Uno de los funcionarios incluso fue en persona a la Fiscalía Anticorrupción a pedir explicaciones una vez finalizado el procedimiento y con la sentencia absolutoria en la mano. "Estuvo de baja mucho tiempo; no quiere hablar, porque no quiere saber nada de todo esto; todo lo que sale publicado le supone un golpe anímico", explican fuentes policiales. "La Fiscalía le recibió, pero solo para decirle que abandonara el edificio", cuentan las mismas fuentes, que dan fe del vacío que sufría el imputado en las dependencias policiales donde trabajaba. Este bajón psicológico lo confirma García Frade, que lo vivió en sus carnes". Yo estaba destrozado a nivel psicológico; la indiferencia de los compañeros cuando eres inocente te hace aún más indefenso", reflexiona.

"Mi foto apareció en todos los telediarios y aún sigue ahí cuando te metes en internet", concluye Olmedo, quien apela al derecho al olvido en términos generales. "No sé si fue Asuntos Internos o la Fiscalía quien quiso aguantar hasta el final y sentarnos en el banquillo hasta agotar todos los recursos posibles; quiero pensar que ellos pensarían que éramos culpables, porque fue un empecinamiento total", reflexiona el comisario.