YA TENÍA UN ESCRITO LLENO DE ADVERTENCIAS

La defensora del pueblo de Terrassa sabía lo que pasaba en los colegios desde diciembre

En diciembre, el grupo municipal de Cs puso en conocimiento de la Sindicatura de Greuges varios episodios de distintos colegios: los profesores no tenían comportamientos adecuados

Foto: Colegio público Font de l’Alba de Terrassa.
Colegio público Font de l’Alba de Terrassa.

La 'síndica de greuges' de Terrassa (figura similar al defensor del pueblo) tenía en sus manos desde el pasado diciembre un escrito del grupo municipal de Ciudadanos en el que advertían de comportamientos cuestionables por parte de profesores que se estaban produciendo en colegios e institutos públicos de la localidad. Y todo a raíz del 1-O.

El partido que dirige Inés Arrimadas en esta comunidad se lo entregó directamente en una reunión el pasado 3 de diciembre celebrada en el propio ayuntamiento en la que estaban presentes, además de la 'síndica', el concejal naranja David Aguinaga Abad, un padre afectado y otra colaboradora del grupo. Le pidieron que actuara de oficio, asegurando que la tensión generada a raíz del 'procés' había llegado a las escuelas catalanas y los alumnos estaban sufriendo algunas consecuencias. La síndica optó por inhibirse y simplemente emplazó por e-mail al grupo a dirigirse al Síndic de Greuges de Cataluña, a pesar de conocer que el partido a nivel municipal no tiene esa competencia. En marzo, tras no ver ningún avance, Ciudadanos se reunió con la comisionada de Educación del consistorio.

El escrito al que ha tenido acceso este diario, fechado el 21 de noviembre y que la Sindicatura recibió días más tarde, "constataba" varios ejemplos denunciados a través de familiares, niños y otras personas de los centros educativos, incluido el Font de l’Alba, que fue noticia justamente hace dos días por la supuesta agresión que una de sus alumnas sufrió cuando escribió "viva España" y dibujó banderas nacionales en un álbum de fin de curso. El informe de urgencias del Hospital de Terrassa es claro: cuando la profesora vio lo que había escrito "comenzó a gritar, le cogió de la camiseta y, al hacerlo, la alumna cayó contra el suelo golpeándose la espalda", tal y como explicó la niña. Después, la cogió por el cuello para sacarla de clase.

Pero ya en diciembre, Ciudadanos había trasladado a la 'síndica' municipal, Isabel Marqués Amat, otros hechos que sucedieron en ese mismo colegio público. Por ejemplo, que los niños que hablan en español en el patio durante el tiempo de recreo son sancionados. "La sanción consiste en una bolsa de puntos que la clase pierde en su conjunto si algunos alumnos son descubiertos hablando español". No es el único motivo, pegar o insultar a un compañero también es motivo de pérdida de puntos. "Equiparan hablar español con actos incívicos", denunciaba la formación naranja. En función de los puntos que lograran al final de la semana, accedían a un premio (normalmente golosinas), que también podían perder si se habían quedado sin ellos. "Por que algún niño hablara en español, toda la clase podía quedarse sin golosinas", denuncian desde el partido naranja.

Además, según el documento, los profesores del Font de l'Alba se negaron a hablar en español durante la reunión de inicio de curso 2018-2019 a pesar de reiteradas peticiones por parte de algunas familias, alegando que la normativa de la escuela obligaba a que las comunicaciones se produjeran exclusivamente en catalán. Algunos de estos profesores, explica Ciudadanos en el escrito, exhiben lazos amarillos durante las horas lectivas.

Un lazo amarillo, en la fachada del edificio de la Consellería de Economía de la Generalitat. (EFE)
Un lazo amarillo, en la fachada del edificio de la Consellería de Economía de la Generalitat. (EFE)

No es el único centro educativo. También en el IES Montserrat Roig de la misma localidad se notificaron altercados parecidos. Por ejemplo, que dos semanas después del 1-O una niña sacó al patio una bandera independentista sin ser amonestada por ello. Sin embargo, unos días más tarde dos alumnos decían exhibir una insignia española y un profesor los regañó de inmediato y los llevó a la dirección del centro. "Estuvieron retenidos en torno a dos horas hasta que llamaron a las familias de ambos para asegurar que estaban provocando", recoge el texto presentado a la 'síndica'. En otra ocasión, aconsejaron a un alumno quitarse una pulsera con la bandera nacional porque "podía crear un conflicto".

En el documento también aparecen episodios sucedidos durante algunas clases en ese mismo instituto. En Matemáticas, prohibieron hablar español entre los alumnos, ya que la profesora insistía en que la lengua oficial era el catalán. Amenazó con bajar las notas finales si continuaban haciéndolo. En clase de Sociales, se produjo alguna cuestión similar: un profesor aseguró que en España había "presos políticos" y que en países como Francia o Inglaterra la democracia era mucho más sólida. "También nos contó que Cataluña siempre fue un territorio independiente de España", explicaron, según denunció Ciudadanos.

Con todos estos ejemplos, el concejal naranja de Terrassa se dirigió a la 'síndica' pidiendo que actuara lo antes posible para garantizar que los profesores no pudieran negarse a emplear la lengua española para tratar a las familias de los alumnos, y que los docentes no prohibieran en ninguna circunstancia el uso de la misma.

El partido naranja también exigía que los profesores prescindieran de símbolos independentistas "que supusieran una apología de reivindicaciones políticas", y preservaran la neutralidad "esperable de quien desempeña una función pública". Citaron incluso jurisprudencia, recordando la sentencia del TSJC de septiembre de 2018 (de solo dos meses antes del escrito) en la que se prohibía a los funcionarios judiciales la exhibición de lazos amarillos durante el desempeño de sus funciones.

Según ha explicado Ciudadanos a este diario, la Sindicatura de Greuges no emitió una respuesta oficial al concejal ni se pronunció públicamente sobre el escrito. Solo envió un correo electrónico en el que sugería que se dirigieran a la Sindicatura autonómica con la queja. Esta figura de defensora del pueblo existe a nivel municipal y depende de cada consistorio. En Terrassa su creación data 2017. Los grupos políticos municipales solo pueden pedir al síndic municipal que actúe de oficio según la normativa, y solo las familias son las que pueden elevar la queja al Síndic de Greuges catalán (que rinde cuentas al Parlament) que, en muchos casos, "no lo hacen por miedo", insisten fuentes del grupo naranja.

Justamente este jueves, la diputada naranja en el Parlament Sonia Sierra se pronunciaba sobre la posible agresión que sufrió la niña de la localidad hace unos días, asegurando que de confirmarse "que una maestra agredió a una alumna por motivos ideológicos, estaríamos ante un caso de extrema gravedad". Afirmó que el grupo municipal de su partido en Terrassa ya denunció "acontecimientos del todo reprobables" en el mismo colegio y que aparecen recogidos en el escrito que publica este diario.

Inés Arrimadas, durante una sesión de control en el Parlament. (EFE)
Inés Arrimadas, durante una sesión de control en el Parlament. (EFE)

Al Congreso de los Diputados

A raíz de la supuesta agresión, el grupo parlamentario de Ciudadanos registró este miércoles un escrito a la Mesa en el que exige al Ministerio de Educación que se pronuncie. La formación de Albert Rivera decidió elevar el caso a la Cámara Baja dada la "gravedad" de los posibles hechos, haciendo hincapié en que encuentran "intolerable" el suceso e insisten en que la cartera que dirige en funciones Isabel Celaá debe explicar si hay agresiones a menores en centros catalanes "por motivos ideológicos".

También solicitan que dé cuentas de las medidas que piensa tomar su ministerio "para proteger a los alumnos catalanes del adoctrinamiento y señalamiento ideológico" que sufren "por dibujar o mostrar símbolos nacionales en los colegios, garantizando la neutralidad ideológica de los centros y acabando con el adoctrinamiento en Cataluña". Y, en segundo lugar, preguntan si el Gobierno "piensa mandar un requerimiento a través de la Alta Inspección Educativa para comprobar que la inspección autonómica está garantizando la libertad y la integridad de menores y docentes en estos casos".

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