Acuerdo programático

PP y Ciudadanos firman un acuerdo de 100 medidas para gobernar Castilla y León

Ambas formaciones han cerrado un pacto una hora antes de constituirse el Parlamento autonómico, con puntos decisivos en materia de fiscalidad, sanidad o políticas sociales

Foto: Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos en Castilla y León. (EFE)
Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos en Castilla y León. (EFE)

El PP y Cs han firmado este viernes, a una hora de constituirse el Parlamento autonómico, un acuerdo programático de cien medidas que se inicia con 18 medidas destinadas a la regeneración política, pero que incluye otros puntos como la fiscalidad, sanidad, educación o políticas sociales, entre otras.

El documento programático presentado en una rueda de prensa por los líderes autonómicos de ambas formaciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs) arranca con el compromiso mutuo de reforzar la protección de los informantes sobre delitos contra la Administración.

Asimismo, las dos formaciones han acordado impulsar una reforma "urgente" del Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el fin de suprimir los aforamientos tanto de los procuradores de las Cortes como de los miembros del Ejecutivo autonómico.

Entre los puntos incluidos en este apartado de regeneración se incluyen compromisos mutuos como la restricción de los puestos de libre designación, la simplificación burocrática, el reparto objetivo de los planes de medios y publicidad institucional o la limitación de mandatos a ocho años para los cargos públicos, entre otros.

En concreto y según figura en el punto 15 del acuerdo, no podrán ser nombrados titulares de una consejería, una viceconsejería, una secretaría general, una dirección general o una delegación territorial de la Junta quienes hayan estado en ese cargo durante 8 años. Las excepciones, que no serán aplicables a los consejeros, deberán estar justificadas y, "en todo caso," aceptadas por ambas partes.

Además, PP y Cs expresan su "voluntad" de extender "con carácter general" la limitación de mandatos de ocho años a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputaciones provinciales de Castilla y León en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta entre ambos y cuando así se determine para los que fueran alcaldes y presidentes desde hace cuatro o más años, el cómputo del plazo de ocho años comenzará desde la firma de los acuerdos de gobernabilidad PP y Ciudadanos suscrito hace cuatro años.

Endurecer el Código Ético

Otros de los acuerdos pasan por endurecer el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos, "prohibiendo la recepción de gratificaciones, regalos, viajes y comidas", y por que la distribución de las subvenciones e inversiones en las diputaciones y ayuntamientos sostenidos por PP y Cs se basen en criterios de objetividad, resultados, beneficio público y libre concurrencia para lo que se implementará un control de eficacia en la ejecución de dichas inversiones. Todas ellas podrán ser sometidas a evaluación por la Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

También han firmado constituir una comisión paritaria entre PP y Cs para "analizar" la Ley Electoral de Castilla y León y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para estudiar "posibles mejoras" que en el caso de la norma autonómica pueda traducirse en una iniciativa legislativa conjunta encaminada a la proporcionalidad en el reparto de escaños, sistema de listas cerradas frente a otros sistemas y "necesaria" reducción de los gastos electorales, especialmente en lo referido a envíos postales.

Por otro lado, ambas formaciones se comprometen a crear un grupo de trabajo de expertos independientes a propuesta de las Cortes de Castilla y León con el fin de elaborar un diagnóstico y proponer en un año un informe de propuestas de actuación.

En el programa que PP y Cs han puesto sobre la mesa este viernes como "paso crucial" para ese gobierno de coalición, pendiente aún de la estructura de ese Ejecutivo, han admitido Fernández Mañueco e Igea, se comprometen también a impulsar una EBAU única en toda España, a crear la tarjeta sanitaria única y a exigir un sistema de financiación autonómica más justo y transparente con una mejor ponderación de los criterios incluidos en el Estatuto de Autonomía.

PP y Ciudadanos, la segunda y la tercera fuerza más votada en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo que ganaron los socialistas, pero no con mayoría absoluta, se comprometen a través de este acuerdo programático a orientar la prioridad de las políticas públicas hacia el crecimiento económico y hacia la creación de empleo a través de una reducción de impuestos, avanzar en la eliminación de la brecha de género y a dar más oportunidades a los jóvenes.

Reparto de poder

El acuerdo entre ambas formaciones está condicionado a que en las dos próximas semanas lleguen a un acuerdo sobre la estructura del Ejecutivo, el reparto de consejerías y los nombres que las dirigirán.

Aunque han ensalzado la importancia del acuerdo suscrito, el "si" condicional que han asumido los dos dirigentes autonómicos de los partidos es de un "tamaño medio", en palabras Igea, que aspira a que no sea la proporcionalidad de escaños -29 del PP y 12 de Cs- la que determine el reparto de poder, sino que se visualice cierta paridad.

"La representación no puede ni debe ser proporcional", ha subrayado Igea, quien ha citado una frase de Francisco de Quevedo, popularizada después por Antonio Machado, de que "sólo un necio confunde valor y precio", en referencia a la importancia decisiva que tienen los 12 procuradores de Ciudadanos para que el PP mantenga la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

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