El tribunal del 'procés' deniega la libertad a los políticos presos

El tribunal del procés ha denegado este viernes la puesta en libertad de los políticos a los que se mantiene en prisión preventiva. Los magistrados no aprecian motivos sobrevenidos para levantar la medida cautelar una vez finalizada la vista oral. Defienden la necesidad de salvaguardar los fines del proceso, que está ya en el último tramo y en plena deliberación para definir el desenlace. "El desarollo del juicio oral no ha eliminado el riesgo de fuga ni los demás presupuestos que hacen aconsejable el mantenimiento de la prisión", dicen, por unanimidad, los siete magistrados.

En un auto ponencia de Manuel Marchena, la sala especifica que, una vez visto para sentencia el juicio, los magistrados se encuentran en una posición privilegiada, hasta ahora inédita, para valorar las medidas cautelares que se han ido manteniendo a lo largo de todo el procedimiento.

Sobre el fondo de lo señalado en el informe, el Supremo señala que la petición "olvida que el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", y contiene también inasumibles valoraciones probatorias acerca de la concurrencia de violencia como elemento típico del principal delito por el que se ha formulado acusación, incluyendo "una valoración a ciegas de elementos probatorios cuya verdadera realidad no ha podido ser apreciada por los redactores del informe". El tribunal creo que "no faltan en el dictamen afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal".

La Sala rechaza de plano la idea de que las acusaciones penales de esta causa tengan por objeto coaccionar a los acusados por sus opciones políticas en torno a la independencia de Cataluña: “Sólo a partir del desconocimiento de nuestra realidad política y jurídica, pueden suscribirse mensajes de esa naturaleza. El proceso penal no incluye entre sus fines coaccionar o inhibir a los líderes políticos que quieren llevar a cabo un programa independentista. Esta línea argumental prescinde del hecho de que las ideas políticas hechas valer por algunos de los acusados son las mismas que identifican a los partidos políticos que sostienen al actual gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña”.

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"Se olvida, además -añade el auto- que a lo largo del juicio han estado presentes, en todas las sesiones, representantes del gobierno autonómico con reconocida identidad ideológica respecto de unos u otros procesados. Todos ellos -más de un centenar- han recibido el trato protocolario que nuestra legislación dispensa a las autoridades autonómicas", dicen.

Varapalo al informes del grupo de trabajo de la ONU

El auto también se refiere a las alegaciones de las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart que respaldaban su petición de libertad en base a un dictamen del grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Dice que el dictamen no tiene valor vinculante, en contra de lo que sostienen las defensas, y que no se refiere a los presupuestos que hacen imprescindible la medida cautelar de prisión. La valoración se realiza, así, a espaldas de la actividad probatoria desarrollada durante cuatro meses en el Supremo. "Mal puede reivindicarse la libertad de un acusado cuando lo que se está pidiendo en ese dictamen es que el Gobierno remedie la situación", dice.

"Esta petición ignora una de las notas esenciales que definen a cualquier Estado de Derecho, esto es, aquella que impide al poder ejecutivo dirigir instrucciones, requerimientos u órdenes a los tribunales de justicia. Menos sentido tiene sostener que 'el remedio adecuado sería poner a Cuixart, Sànchez y Junqueras inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización'", destaca.

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En las solicitudes de puesta en libertad reclamadas de forma casi unánime por todos los presos el Supremo se apoya además en los informes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en relación al dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU. Así, destaca que la Fiscalía tiene razón cuando lo califica de grupo puramente auxiliar e informativo de eventuales y futuros posicionamientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en relación con la Abogacía del Estado, la Sala recuerda que ha solicitado la revisión del mencionado dictamen por falta de imparcialidad y objetividad en los miembros del Grupo de Trabajo, aludiendo entre otros extremos a la sospecha de filtración del informe por el abogado de Cuixart, Sánchez y Junqueras, que habría sido relator de Naciones Unidas hasta 2017 y habría desarrollado una actividad concomitante con dos miembros del Grupo de Trabajo.

Coincidiendo con la decisión, el tribunal ha hecho público un oficio de su presidente remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior en el que se indica al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que no está prevista la práctica de actos procesales que exijan la intervención personal de los procesados. "De ahí que no exista obstáculo para hacer efectiva la decisión adoptada por ese departamento de proceder al traslado de los procesados presos a centros penitenciarios radicados en Cataluña", dice Marchena.