De Junqueras al Prenda: 2 jueces del 'procés' revisarán este viernes el fallo de la Manada

A lo largo de cuatro meses, el juicio del 'procés' ha sido noticia a diario. Y con él, los siete jueces que han compuesto el tribunal. Las deliberaciones para la sentencia ya han comenzado y este mismo jueves se reunieron por primera vez para realizar una aproximación a los hechos, tras lo que se espera que el fallo llegue en septiembre u octubre. Mientras tanto, los magistrados tendrán que compaginar esta labor con los nuevos casos que lleguen a sus manos, responsabilidad que en el caso de Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer se refleja en una nueva fecha marcada en su calendario: este viernes, ambos escucharán junto a otros tres jueces los recursos de casación contra el fallo de la Manada que se van a presentar en el Supremo.

La Audiencia de Navarra condenó el 26 de abril de 2018 a los cinco miembros de la Manada a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento por los hechos ocurridos durante los Sanfermines de 2016, descartando así que hubiera violación alguna a la joven de 18 años. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó el fallo el pasado noviembre en una resolución que dividió a la sala: dos de los cinco magistrados quisieron endurecer las penas impuestas hasta los 14 años de cárcel al defender que incurrieron en un delito de agresión sexual continuado. No conformes con la decisión, tanto las acusaciones como las defensas recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, que tendrá la palabra en última instancia.

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Jose Mari Alonso. Pamplona

El alto tribunal escuchará en vista pública dichos recursos este viernes. Y en concreto, cinco jueces se encargarán de revisar la sentencia. La sala estará presidida por Andrés Martínez Arrieta, que formó parte del tribunal del 'procés', al igual que la magistrada Ana Ferrer. Junto a ellos se sentarán los magistrados Francisco Monterde, Vicente Magro y Susana Polo, actuando esta última como ponente.

En el juicio del 'procés', las sesiones se han retransmitido en directo y la sala se llenaba de periodistas todos los días, por lo que hasta el más mínimo detalle se ha sometido a escrutinio. También los de los magistrados, situados en el foco mediático durante cuatro meses. Pero Martínez Arrieta y Ferrer se enfrentan ahora a un caso en el que el interés informativo vuelve a ser absoluto y, al igual que con el 'procés', la posibilidad de movilizaciones en las calles es constante. Prueba de ello es lo ocurrido en abril de 2018, cuando tras descartar la Audiencia de Navarra que hubiera violación miles de personas se manifestaron en distintos puntos de España. En aquella ocasión, el magistrado Ricardo González, que había pedido con su voto particular la absolución de los jóvenes, se convirtió en el enemigo público número uno. Ahora, los cinco condenados se encuentran en libertad en espera de la resolución de los cinco jueces del Supremo.

Los recursos de defensas y acusaciones

La Fiscalía, la acusación particular que actúa en nombre de la víctima y las acusaciones populares, que representan al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, piden en su recurso que se condene a los miembros de la Manada por agresión sexual y no por abuso, lo que implicaría elevar la actual pena de nueve años de prisión. Frente a ellas, las defensas de José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Jesús Cabezuelo se apoyan en el voto particular de Ricardo González y solicitan su absolución.

El Ministerio Público solicita en concreto penas de 18 años de cárcel por delitos de agresión sexual, para lo que apunta en su escrito que los hechos objeto de enjuiciamiento "fueron realizados mediante intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima" y "no es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores". La clave, por tanto, pasa por decidir si hubo o no intimidación grave, pues para condenar por agresión sexual deben darse factores de intimidación o violencia que la Audiencia de Navarra no apreció.