El acta ante notario de Puigdemont: "Por imperativo legal, acato la Constitución"

El pasado 4 de junio, Carles Puigdemont se dirigió a un notario de Bruselas para acatar la Constitución, uno de los actos que exige la ley electoral española para acceder al escaño en el Parlamento Europeo para el que fue elegido. En presencia de Bernard van der Beek, el expresidente catalán, fugado en Waterloo, pronunció esta corta frase en francés: "Par impératif légal, je promets de respecter la Constitution", que aparece traducida en el mismo documento, aportado por su defensa ante la Junta Electoral Central, como "por imperativo legal, prometo acatar la Constitución". El exconsejero Toni Comín realizó el mismo trámite.

Así consta en la declaración jurada a la que ha tenido acceso El Confidencial y en la que el notario refleja todas sus manifestaciones en francés y español. Este documento, junto a otros, fue registrado este lunes en el Congreso de los Diputados por su abogado en España, Gonzalo Boye. El letrado acudió en nombre de su cliente al acto convocado por la JEC para que los eurodiputados electos prestaran juramento y recogieran sus actas. Quiso entonces recoger la acreditación en su nombre y entregar esta promesa realizada desde Bélgica, pero se le pidió que abandonara el acto y solo después pudo depositar la documentación ante el registro de la JEC. Consultado el abogado, asegura que no se le desalojó de la sala y que se le invitó a quedarse o seguirlo desde otro lugar. Indica que fue él quien decidió retirarse.

El documento adjunto a esta información refleja que Puigdemont explicó ante el notario belga que fue elegido diputado ante el Parlamento Europeo en las elecciones del 26 de mayo en las que obtuvo 1.025.411 votos, un 4,58% de los emitidos en su circunscripción electoral. Lo acreditó con el correspondiente certificado del Ministerio del Interior. A continuación, señaló que la ley electoral dispone en su artículo 224.2 que el acatamiento es obligatorio.

"Comparece ante mí para prestar el juramento o promesa de acatamiento previstos en dicho precepto y, ello, sin perjuicio de entender que dicha norma es contraria a las normas de la Unión Europea, particularmente a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa", indica el acta notarial. Eso incluye el núcleo de la oposición del expresidente catalán a los pasos obligados para obtener su escaño y que implican necesariamente una jura o promesa ante la JEC. El texto traduce 'respetar' por 'acatar', aunque según la RAE acatar tiene una implicación de sometimiento que va más allá del respeto. Una traducción errónea al francés en la querella contra Llarena en Bélgica que beneficiaba al 'expresident' provocó hace meses una rectificación ante el juez civil belga que la admitió a trámite.

La JEC ha considerado hasta ahora que el acto debe ser presencial y un traslado de Puigdemont a España para llevarlo a cabo en estos términos implicaría su detención automática en aplicación de la orden de arresto que mantiene viva en su contra el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena. La JEC tiene aún que estudiar el escrito de la defensa de Puigdemont.

En el documento, el notario Van der Beek explica también que Puigdemont otorgó en su presencia poderes especiales al abogado Gonzalo Boye y a su procurador para que comparecieran en el plazo previsto por la ley ante la JEC "a representarle, presentarle y realizar, en su nombre y representación, la promesa arriba indicada" y, también, para hacer entrega del acta en sí misma.

"Es prueba de la prestación de la precitada promesa a los efectos legales oportunos y, ello, sin perjuicio de entender que dicha norma es contraria a las de la Unión", repite en este punto, de nuevo Puigdemont. El acta informa también que el documento se conservará en la notaría, con carácter confidencial, y que el 'derecho de escritura', la tasa por levantarlo, asciende a 50 euros.

Se acompaña de un escrito dirigido a la JEC en el que los letrados de Puigdemont ponen de manifiesto que le ha sido imposible presentarse en persona después de que se les negara la desactivación de la orden de arresto en España, "con lo que se ha vulnerado la inmunidad parlamentaria" de la que, según su criterio, gozan desde su proclamación. "En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica, que entroniza como uno de sus valores el pluralismo político, que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal (...) no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración", dice.

También se refiere al caso de cuatro senadores que no acudieron a la sesión constitutiva de la Cámara Alta y prestaron acatamiento de la Constitución mediante documento fehaciente. Se da la circunstancia de que el reglamento del Senado prevé expresamente una jura o promesa no presencial y mediante este sistema "en caso de enfermedad o de imposibilidad física", cosa que no sucede, por ejemplo, con el del Congreso.

El compromiso

Según el acta, Puigdemont se compromete a asumir preceptos como el que refleja la Carta Magna en su artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". En el 8, indica, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Cataluña es, según el texto de 1978, una "nacionalidad histórica".

El lunes Boye, intentó recoger las credenciales de Puigdemont con este documento. Pero fue desalojado de la sala del Congreso donde se celebraba el acto porque no era eurodiputado electo. A su salida, el abogado aseguró que se había presentado con los poderes, tanto de Puigdemont como del otro eurodiputado huido, Toni Comín, para prestar juramento en representación de ellos con apoyo del escrito, formalizado "ante autoridad legal en Bélgica". "La JEC los ha rechazado, entienden ellos que no es necesario que se presente esta documentación pero, a nuestro entender, y a efectos jurídicos, el trámite ya está cumplido", dijo.

Lo sucedido el pasado día 17 fue otro paso más en la lucha del 'expresident' para obtener formalmente su acta de eurodiputado. Además de este intento, reclamó días antes a la JEC que se le remitiera la acreditación a Bélgica y pidió al juez Llarena que levantara la orden de arresto que pesa en su contra para poder acudir personalmente a efectuar el trámite. Ninguna de las dos cuestiones fue admitida. Además, el Supremo multará a la lista de Puigdemont por "mala fe procesal", porque "presentó un recurso contra la JEC sin apariencia de buen derecho".

La fórmula utilizada por Puigdemont, el tradicional imperativo legal, fue admitida por la Junta, el Congreso y antes el Tribunal Constitucional junto a otras incluso más polémicas, como la empleada por la eurodiputada de ERC, Diana Riba, esposa de Raül Romeva, que acató "por el derecho de autodeterminación" y por los presos políticos. Eso sí, hubo dos votos en contra en este último caso.

El vocal Andrés Betancor, catedrático que ha emitido un voto particular, fundamenta su rechazo en el uso de fórmulas que sirven para la puesta en escena de posiciones políticas o ideológicas. En su opinión, la expresión empleada por Riba no manifiesta una voluntad incondicionada de acatar la Constitución. "No hay a mi juicio un acatamiento, no hay una aceptación, con sumisión, como expresa el 'Diccionario de la Lengua Española', de una autoridad o unas normas legales", indica el voto.

El acatamiento ha sido polémico en las últimas legislaturas porque diputados independentistas han usado fórmulas que van más allá del 'sí, juro' o 'sí, prometo'. En la sesión constitutiva de las Cortes, ni los taquígrafos pudieron registrar todas las fórmulas del jaleo que armó Vox en protesta y porque los diputados no usaron micrófono. La JEC sí grabó a los eurodiputados electos y acabó dando por buenas todas las fórmulas. El Constitucional ha aceptado que se incluyan coletillas siempre que el acatamiento sea "incondicional". Cuando el PSOE estaba en la oposición, planteó una ley para regular esta ceremonia.