La ONU tendrá que posicionarse sobre la extradición del triple asesino de Usera

El próximo sábado se cumplen tres años desde que un hombre —presuntamente el soldado norteamericano Dahud Hanid Ortiz— se presentara en un despacho de la madrileña calle Marcelo Usera y acribillara a machetazos a dos empleadas y un cliente. Durante este tiempo, el triple crimen se ha convertido en uno de los homicidios más universales de la historia de España, con implicaciones en Venezuela, Estados Unidos, Cuba o Alemania. Esta internacionalización, que tiene su origen en las diferentes nacionalidades del militar y de las víctimas, tiende ahora a hacerse aún más aguda.

El dueño del bufete donde se produjeron los hechos, Víctor Salas, es otra víctima más del crimen. El asesino prendió fuego a su inmueble, con lo que le provocó un daño patrimonial; él era el auténtico objetivo de Ortiz, pues este le buscaba tras conocer que el letrado mantenía una relación con su expareja, y una de las asesinadas era su cónyuge. De ahí que este haya decidido recurrir la decisión de Venezuela de no extraditar al acusado con el fin de que el norteamericano pueda sentarse en el banquillo en España y ser juzgado por los tres crímenes y por el incendio, que son los delitos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado 41 de Madrid e instructor de la causa que investiga los hechos.

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El recurso interpuesto por Salas lo ha presentado el abogado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al entender que la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de rechazar la extradición no permitía más quejas ante la jurisdicción bolivariana. En el recurso, el letrado argumenta que el alto tribunal venezolano ha vulnerado "el derecho al juez natural establecido por ley y consagrado en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" al que se debe atener el Estado bolivariano.

"Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil", reza el artículo apelado por el abogado peruano afincado en España, que considera que, "en atención" a ese punto, la Ley Orgánica del Poder Judicial española establece que "en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español".

Por lo tanto, sostiene Salas, "son los jueces y tribunales españoles los competentes" para juzgar el caso, ya que el triple crimen fue cometido en Madrid. "Por el principio de territorialidad, el juez competente, independiente e imparcial para la investigación judicial y el juicio de los hechos delictivos que se atribuyen a Dahun Hanid Ortiz son los tribunales de Madrid", subraya el abogado en su recurso. Sin embargo, continúa, el Supremo venezolano declaró "improcedente" la extradición que pedían las autoridades españolas, lo que a juicio del letrado vulneraría el mencionado artículo del pacto internacional.

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Salas arguye asimismo que la propia sentencia del alto tribunal bolivariano admite que el acusado tiene nacionalidad estadounidense, con lo que no cabría el razonamiento esgrimido por el Supremo bolivariano, según el recurso, que alega que no puede extraditar a Hanid Ortiz porque no hay pruebas de que este haya dejado de tener nacionalidad de Venezuela, país donde nació. El soldado, argumenta el letrado, renunció a su país de origen en 2001, cuando se presentó para ser oficial del Ejército de Estados Unidos.

El recurrente asegura también que juzgar al acusado en Caracas supone un agravio para las víctimas. "No solo por la dificultad de la distancia, sino también porque los tribunales de Venezuela, que no son competentes, no garantizan independencia e imparcialidad por el deterioro de la institucionalidad, la falta de instituciones democráticas, la impredectibilidad de los pronunciamientos judiciales y la notoria falta de autonomía e independencia del poder judicial", esgrime el escrito presentado por Salas ante Naciones Unidas, que tendrá que dirimir ahora si la decisión de las autoridades venezolanas vulnera el mencionado pacto.