El juez mantiene al PP en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El PP se sentó este viernes en el banquillo por la destrucción en 2013 de los ordenadores de Bárcenas, en pleno escándalo de la caja B de la formación. Su defensa, ejercida por el abogado Jesús Santos, trató de sacarle del juicio desde el primer momento. Se apoyó para ello en que la Fiscalía considera que el partido no ha cometido delito alguno, lo que le permitió poner sobre la mesa la conocida como doctrina Botín: pidió que se evite mantener un procedimiento judicial con tan solo la acción popular como acusación, que en este caso la ejercen Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc. Ante esta petición de levantar la imputación del PP, el titular del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid anunció que no se pronunciará al respecto hasta dictar sentencia, por lo que el partido seguirá como acusado hasta el último momento.

El Ministerio Público ha pedido una y otra vez el archivo de la causa, pero Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc consideran que el PP debe ser condenado por daño informático, acusación que las defensas tacharon este viernes de insuficiente ante el juez. "En sus intervenciones se ha puesto de manifiesto su objetivo principal: el Partido Popular", aseguró el abogado de la formación. "Son teorías imaginativas". Tras anunciar el juez que no se pronunciaría sobre la doctrina Botín hasta la sentencia, Santos volvió entonces a la carga al considerar que aplazar la decisión hasta ese punto carece de sentido: "Pedimos que reconsidere su señoría su decisión". Pero el magistrado no cambió de postura.

Daños informáticos y encubrimiento

El PP se enfrenta así a una posible condena por daño informático, delito por el que Izquierda Unida pide una multa de 10,9 millones de euros, Adade una de 109.500 euros y el Observatori Desc la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y la prohibición de recibir donaciones por cinco años. Junto a la formación política, se sientan también en el banquillo la extesorera del partido Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno. Además del delito de daños informáticos, a ellos se les acusa de encubrimiento, por lo que las condenas que solicitan las acusaciones incluyen penas de cárcel: IU pide cuatro años y seis meses de prisión para los tres; el Observatori Desc lo rebaja a dos para Navarro, un año y once meses para Durán y un año y diez meses para Moreno, y Adade vuelve a solicitar dos para la extesorera y el abogado, pero uno para el informático.

El juicio arrancó este viernes en el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid con las cuestiones previas. Tras un primer rifirrafe por la persona que el PP había designado como representante en el procedimiento, el juez resolvió la última petición de la acusación de Izquierda Unida: retransmitir por vídeo y en directo la primera y última sesión del juicio. El magistrado prohibió esta misma semana que se televisasen las vistas, pero IU volvió a la carga con una nueva solicitud en la que se centraba solo en estas dos jornadas concretas: "Creo que hubiese sido positivo que la sociedad española tenga conocimiento", lanzó su abogado este viernes. Pese a ello, el juez no dio su brazo a torcer: "No se impide que se ejerza el derecho de información", argumentó a la hora de rechazar la petición.

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Tras resolver esta primera cuestión, las partes pasaron a abordar la siguiente polémica: la posible declaración de Bárcenas como testigo a través de videoconferencia. Al oponerse las acusaciones a ello, el juez decidió que el extesorero tendrá que comparecer en persona la próxima semana, comparecencia a la que se sumará la que fuera número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

A la hora de pedir la aplicación de la doctrina Botín, las defensas subrayaron que el propio perjudicado por la destrucción de los ordenadores, Luis Bárcenas, optó por dejar de ejercer como acusaciónen 2016: si él mismo no pide una condena por el delito de daño informático, las acusaciones populares no pueden perseguir una condena por hechos que afectan a un particular, argumentaron las defensas. La Fiscalía, de hecho, también expuso una postura similar: "Consideraríamos que la acción popular estaría legitimada para acusar por un delito de encubrimiento, no de delito de daños informáticos", llegó a decir la representante del Ministerio Público. "Las acusaciones no están legitimadas", dijo a continuación el abogado de la extesorera. Y el letrado del PP, Jesús Santos, se sumó a la protesta en la fase final de cuestiones previas: "Parece que quieren seguir la acusación a toda costa contra el Partido Popular".

La destrucción de los ordenadores

Antes de retirarse como acusación particular en 2016, el propio Barcenas aseguró que uno de los discos duros que se borró contenía información sobre el funcionamiento de la caja B del partido: listados de donantes, datos de reuniones, recibos de pagos con la contabilidad paralela, hojas Excel con presupuestos de campañas electorales o incluso detalles de sus cuentas en Suiza. La Fiscalía, sin embargo, considera esta versión de los hechos "inverosímil y contradictoria", por lo que pidió el sobreseimiento y archivo de la causa, solicitud que la Audiencia Provincial de Madrid echó por tierra en noviembre de 2017: “El resultado de la instrucción es por tanto en este punto suficiente para acordar la prosecución del procedimiento”, sostuvo la Sección Cuarta en un auto.

El PP se enfrenta a condena por daño informático, por el que IU pide una multa de 10,9 millones

Respecto al papel que jugó cada uno de los acusados en estos hechos, la Audiencia Provincial de Madrid sostiene que la ex tesorera “no sólo ostentaba un cargo de responsabilidad del partido, sino también que entre sus responsabilidades estaba precisamente la de gestionar lo que se hacía con estos equipos”. De igual forma, para subrayar su posible implicación en los hechos, menciona también al abogado investigado: “Tanto es así que se preocupó de pedir información al señor Durán cuando el señor Bárcenas reclamó los equipos y que el señor Durán se la dio cuando llegó el requerimiento de la Audiencia Nacional para su entrega”. En cuanto al informático, el tribunal considera que "el señor Moreno borró voluntariamente los datoscontenidos en los equipos, según ha reconocido, y que lo hizo a orden del señor Durán, según este también refiere".

En el auto de julio de 2016 en el que se daba la instrucción por finalizada, la jueza que llevaba hasta entonces la investigación, Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, iba un paso más allá y describía cómo se habían destruido los discos duros: "Moreno se ocupó personalmente de iniciar el sistema de borrado seguro, que consistió en la sobreescritura de los discos duros, hasta en 35 ocasiones, su posterior ralladura, y por último los tiró a la basura".