El PP, al banquillo desde este viernes por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El PP se sentará este viernes en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en 2013, en pleno escándalo de la caja B de la formación. La Fiscalía pide el sobreseimiento y archivo de la causa, al considerar que la única versión sobre estos hechos es la del extesorero popular, que califica como "inverosímil y contradictoria", pero tres acusaciones populares se mantienen firmes a la hora de señalar al partido: Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc. El PP se enfrenta así a una posible condena por daño informático, delito por el que Izquierda Unida pide una multa de 10,9 millones de euros, Adade una de 109.500 euros y el Observatori Desc la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y la prohibición de recibir donaciones por cinco años. Con estas penas sobre la mesa, el juicio arranca el viernes a las 9:45 en el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid.

Junto a la formación política, se sientan también en el banquillo la extesorera del partido Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno. Además del delito de daños informáticos, a ellos se les acusa de encubrimiento, por lo que las condenas que solicitan las acusaciones incluyen penas de cárcel: IU pide cuatro años y seis meses de prisión para todos ellos; el Observatori Desc lo rebaja a dos para Navarro, un año y 11 meses para Durán y un año y 10 meses para Moreno, y Adade vuelve a solicitar dos para la extesorera y el abogado, pero uno para el informático. Más allá de los acusados, destacan entre los testigos que van a declarar el propio Bárcenas, que en un principio iba a personarse como acusación particular y después se echó atrás, y la que fuera número dos del PP María Dolores de Cospedal.

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Antes de retirarse como acusación, el propio Bárcenas aseguró a los investigadores que uno de los discos duros que se borraron contenía información sobre el funcionamiento de la caja B del partido: listados de donantes, datos de reuniones, recibos de pagos con la contabilidad paralela, hojas Excel con presupuestos de campañas electorales e incluso detalles de sus cuentas en Suiza. La Fiscalía, sin embargo, considera esta versión de los hechos "inverosímil y contradictoria", por lo que pidió el sobreseimiento y archivo de la causa, solicitud que la Audiencia Provincial de Madrid echó por tierra en noviembre de 2017: “El resultado de la instrucción es por tanto en este punto suficiente para acordar la prosecución del procedimiento”, sostuvo la Sección Cuarta en un auto.

Respecto al papel que jugó cada uno de los acusados en estos hechos, la Audiencia Provincial de Madrid sostiene que la extesorera “no solo ostentaba un cargo de responsabilidad del partido, sino también entre sus responsabilidades estaba precisamente la de gestionar lo que se hacía con estos equipos”. De igual forma, para subrayar su posible implicación en los hechos, menciona también al abogado investigado: “Tanto es así que se preocupó de pedir información al señor Durán cuando el señor Bárcenas reclamó los equipos, y el señor Durán se la dio cuando llegó el requerimiento de la Audiencia Nacional para su entrega”. En cuanto al informático, el tribunal considera que "el señor Moreno borró voluntariamente los datos contenidos en los equipos, según ha reconocido, y lo hizo a orden del señor Durán, según este también refiere".

En el auto de julio de 2016 en el que se daba la instrucción por finalizada, la jueza que llevaba hasta entonces la investigación, Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, iba un paso más allá y describía cómo se habían destruido los discos duros: "Moreno se ocupó personalmente de iniciar el sistema de borrado seguro, que consistió en la sobreescritura de los discos duros, hasta en 35 ocasiones, su posterior ralladura, y por último los tiró a la basura". En respuesta a este auto, el 28 de septiembre, las defensas presentaron un escrito en el que se recogía un argumento que se repetirá una vez más este viernes durante la celebración de las causas previas del juicio: la aplicación de la doctrina Botín, es decir, evitar mantener un procedimiento judicial solo con la acusación popular, tal y como consiguió el banquero fallecido Emilio Botín.

La última polémica: no se televisará el juicio

Este mismo lunes saltó la polémica, después de conocerse que el juicio no se retransmitirá en vídeo. El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid atiende así los argumentos de la Fiscalía y del PP y prohíbe que se televisen las vistas, limitando la captación de imágenes “a grabaciones mudas tomadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales en evitación de una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación”.

Al tratarse de vistas públicas, los periodistas podrán acceder a las mismas, pero en esta ocasión no se permitirá la retransmisión de una señal de televisión para que se pueda seguir en directo, como ocurre en otros juicios mediáticos. En esta línea se enmarcaba la solicitud del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia, a la que se opusieron tanto la Fiscalía como los acusados, y que tampoco ha sido atendida por el juez.

En el auto, el juez Eduardo Muñoz de Baena hace suyos los argumentos de las defensas y prohíbe televisar las sesiones. "Al haber sido programada su celebración en cinco sesiones, ese grado de difusión no es compatible con la adopción de las cautelas que impone el artículo 704 LECrim, ya que permite que los testigos puedan presenciar y conocer la declaración de los acusados y de otros testigos que han depuesto previamente", explica. "Al motivo anterior se añade que los tres acusados distintos del Partido Popular, al igual que la mayoría de los testigos y peritos que habrán de intervenir, no son personajes públicos ni de notoriedad pública. Puede haber trascendido su identidad, pero no su imagen, por lo que la retransmisión del juicio les puede suponer una exposición pública desproporcionada".