La otra 'guerra' de uniformes: los policías de Emperador pierden contra Asuntos Internos

Por debajo de la investigación del caso Emperador, que rastreó a una supuesta mafia china en torno al empresario afincado en Fuenlabrada Gao Ping, ha habido también una 'guerra' entre dos bandos policiales que aún persiste. El propio comisario hoy encarcelado José Villarejo situó —durante su declaración en el caso Nicolay— en la instrucción de Emperador el inicio de su enemistad con el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y con la Fiscalía Anticorrupción, responsable de que el primero lleve ya casi dos años en prisión preventiva en el marco de la operación Tándem. Villarejo dijo que él recriminó a Martín Blas que investigara a varios policías inocentes y que desde ese momento la relación entre ambos se torció.

Hoy, esos policías son inocentes porque así lo ha dicho la Justicia. Están resarcidos por el Tribunal Supremo, que les absolvió tras pasar cinco años bajo la lupa de la duda que les colocaron Anticorrupción y Asuntos Internos de la Policía Nacional. Tras el cierre de este doloroso —para ellos— capítulo judicial, alguno decidió iniciar una particular 'batalla' por su cuenta. Con base en los errores que el propio juez Fernando Andreu, instructor inicial de la causa, destacó en un auto publicado en agosto de 2015, en el que el magistrado abroncaba a los agentes de Asuntos Internos por haber incurrido en una retahíla de errores durante la investigación contra los —por aquel entonces— nueve policías que estaban imputados, el inspector F. S. F. —hoy ya fuera del cuerpo— interpuso un recurso para tratar de reabrir la causa contra los responsables de las diligencias policiales.

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La iniciativa, sin embargo, ha caído en saco roto. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el mencionado recurso del inspector F. S. F. contra el auto del Juzgado 6 de Fuenlabrada, que había rechazado también un escrito previo del mismo funcionario, que acusaba a los agentes de Asuntos Internos de falsificar documentos para encausarlo en el marco del caso Emperador. "La absolución de F. S. F. lo fue por falta de acreditación de los hechos, no por la falsedad de los oficios", argumentó el juzgado de instrucción y ratifica ahora la Audiencia, que también confirma otra de las conclusiones de Fuenlabrada. "Los hechos denunciados en su día están prescritos", zanja el tribunal.

"Tuvieron lugar en mayo de 2011", recuerda. "La sentencia de la Audiencia Nacional es del 16 de diciembre de 2016", añade. Y la reapertura de las diligencias la solicitó el recurrente en julio de 2018, argumenta. Por otro lado, continúa la Audiencia Provincial, el alto tribunal que dictó sentencia en 2016 absolvió a los funcionarios y mencionó el citado auto de agosto de 2015 en el que el juez Andreu descalificó la labor de los agentes de Asuntos Internos y acordó el archivo de la causa (luego reactivada). En ese auto, prosigue la última resolución, destacó asimismo que el procedimiento judicial no podía afectar a la reputación de los policías acusados. Para la Audiencia Provincial, ahora, aquel auto resulta "firme respecto al hoy recurrente", que no necesitaría, por lo tanto, que sean condenados los investigadores para resarcir su imagen.

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No opina igual, sin embargo, el propio F. S. F. "Cuando comenzó la investigación, yo ya no estaba en el cuerpo y tenía un futuro prometedor en la empresa privada, donde ejercía como director de seguridad; cuando estalló todo, fui fulminantemente despedido por estar implicado en el caso Emperador y ahora no soy capaz de encontrar trabajo porque no logro quitarme de encima el estigma de policía corrupto", asegura a El Confidencial el que fuera inspector de la Policía Nacional.

Por otra parte, el tribunal madrileño rechaza el recurso no solo porque considere que los hechos estén prescritos sino también porque entiende que el recurso de F. S. F. "no justificó suficientemente la perpetración de delito alguno" y no fue puesto presumiblemente ante el órgano adecuado. "Es evidente que los hechos que se denuncian no tuvieron lugar en Fuenlabrada", justifica la Audiencia Provincial. "Ni los informes emitidos ni los testimonios durante la instrucción en la Audiencia Nacional, donde declararon los agentes de Asuntos Internos ahora denunciados y se recibieron los informes tachados de delictivos por el hoy recurrente", arguye la sala, que no tiene reparo en que F. S. F. denuncie los hechos que considere delictivos "ante el órgano competente", que claramente no es el juzgado de Fuenlabrada.