Cs exige al PP en CyL apartar a los alcaldes de Burgos y Palencia y a otros altos cargos

La primera exigencia de Ciudadanos en materia de regeneración democrática planteada al PP de Castilla y León consiste en aplicar desde ya la limitación de mandatos de 8 años, lo que implicaría que no puedan aspirar a ser alcaldes o presidentes de Diputación varios de sus dirigentes.

En una entrevista con la Agencia EFE, el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha explicado que esta es una "condición sine qua non" para que avancen las negociaciones con el PP, lo que afectaría al alcalde de Burgos, Javier Lacalle; al de Palencia, Alfonso Polanco; al presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, y al presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otros casos de altos cargos de las administraciones, incluidos los municipios de más de 20.000 habitantes.

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Es decir, si el PP acepta esta exigencia de Ciudadanos, ningún alto cargo del Gobierno autonómico, diputaciones o ayuntamientos de la Comunidad podrá seguir en el cargo si en este momento llevan ya ocho años en el mismo puesto, mientras que no afectaría si cambian de cometido, en el caso de los consejeros o directores generales.

"Ayer la gente leyó el índice y dijo que le gustaba el libro", ha resumido en referencia al modo en que se ha recibido la sintonía inicial que se apreció en la primera reunión formal entre el PP y Ciudadanos. "Lo que no somos ni seremos, ni este servidor será nunca, es el tonto útil de nadie", ha dicho sobre la exigencia en regeneración que plantea al PP.

Igea ha destacado que la limitación de mandatos que se acordó en la anterior legislatura "no es un capricho", sino que es una forma "eficaz y probada de romper redes clientelares", por lo que Cs se ha propuesto aumentar el nivel de exigencia que tenía la norma, ya que pretende hacerla efectiva con carácter retroactivo, por incluir esta demanda en el acuerdo de gobernabilidad.

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Esta postura es propia del comité negociador de Ciudadanos en Castilla y León porque "las situaciones son diferentes" entre autonomías y en este caso de gobierno son "32 años por el mismo partido", lo que en su opinión ha generado "redes clientelares" que hacen "más urgente" aplicar este cambio.

Ha insistido en que se trata de un "acuerdo político de gobierno", que incluye "medidas que van más allá de la ley", pero ha avisado de que "lo que es difícil es que el PP argumente que lo que va a ser bueno en 2022 no va a ser bueno en 2020".

El líder de Cs ha reconocido que de momento no tienen respuesta del PP a esta demanda, porque ha sido "el último punto" planteado en la reunión y después "se han levantado", aunque Igea ha descartado hablar de "desencuentro", sino que están a la espera de contestación.

También ha adelantado también que la propuesta presentada al PP incluye un "nuevo código ético" para los altos cargos de la Administración, que afectará también a los procuradores, y que implicará, entre otras cuestiones, la existencia de unas "agendas transparentes" y la imposibilidad de que acepten "viajes, congresos, cursos o comidas de ninguna clase ni condición".

La propuesta de Cs incluye también "una política de medios absolutamente transparente", con un "reparto objetivo de los planes de medios y la publicidad institucional", bajo la premisa de que "nadie volverá nunca a levantar un teléfono para decir 'ojo que tengo el plan de medios'".

Igea se ha referido también a las aspiraciones que pueda tener el procurador electo del PP por León y consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de seguir en el Ejecutivo, lo que el dirigente de Cs ve "imposible" por "sentido común", en referencia a su vinculación con las grabaciones del caso Enredadera de supuesta corrupción. "No es razonable que nadie que haya hecho eso pueda representar el cambio", ha dicho.

En este sentido, Ciudadanos ha extendido esta limitación para seguir en el cargo al actual alcalde de León en funciones, Antonio Silván, por comportamiento "poco ético", vinculado al mismo caso, ya que también figuraba en las grabaciones policiales como informante a un empresario sobre el estado de un concurso público.

Por otra parte, Igea ha sostenido respecto a la denuncia y las diligencias previas abiertas para investigar las primarias del PP-CyL que lo que le "preocupa es que no se desmienta" y ha confiado en que "empiece a aclararse a la mayor brevedad posible porque de momento nadie lo ha desmentido".

Con estas palabras, Igea se ha referido a la denuncia anónima que tramita el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca y que apunta a la supuesta comisión de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y de falsedad documental al pedir dinero la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a las primarias del PP de Castilla y León a cargos populares para pagar cuotas de afiliados que necesitaban saldar su deuda para poder participar en el proceso.

"No creo que un juez decida abrir diligencias si no hubiera una sospecha o indicio", ha subrayado Igea, quien ha rechazado de nuevo que estas prácticas sean un simple "pago de una deuda a un tercero", como ha sostenido el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

Sobre la pretensión del PP de hacer valer el peso de sus 29 procuradores frente a los 12 de Ciudadanos para determinar quién presidirá la Junta, Igea ha recordado que el PSOE ha conseguido 35: "la lista más votada o está o no está, lo que no puede ser es que hace dos semanas digas la lista más votada y ahora la segunda".

En este sentido, sobre lo que pueda ser un planteamiento de Ciudadanos de cara a la Presidencia, sin desvelar detalles, Igea ha remarcado que "esto es una mayoría parlamentaria y cualquiera puede ser candidato y cualquiera puede ser presiente"