TRES ANTIGUOS PRESIDENTES DE LA COMPAÑÍA

La Audiencia investiga a excargos de Johnson por fraude en las prótesis de cadera

La investigación penal arrancó en secreto en agosto de 2017 y se abrió a raíz de la querella presentada por 64 afectados en España por el producto, retirado en 2010

Foto: Sede de la compañía. (Reuters)
Sede de la compañía. (Reuters)

La Audiencia Nacional investiga a tres ex altos cargos de la compañía Johnson & Johnson SA por un presunto fraude en la comercialización de prótesis de cadera defectuosas. La investigación penal, que arrancó en secreto en agosto de 2017, se abrió a raíz de la querella presentada por 64 afectados en España por el producto, que fue retirado del mercado europeo a mediados del año 2010 por los riesgos que implicaba.

La vía penal se inició después de ocho años de litigios en la jurisdicción civil y a raíz de los indicios de que la multinacional tenía un conocimiento previo de que las prótesis distribuidas tenían fallos e implicaban, por ello, un riesgo de peligro sanitario. Los querellantes, que aseguran que existe indicio de que el peligro se conocía antes de 2005, acusan a altos cargos de la compañía de la comisión de delitos de estafa, lesiones continuadas, contra la salud publica y fraude de sustancias farmacéuticas o medicinales.

Según especifica un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, los indicios se basan en la declaración de un testigo clave, el doctor Anthony Nargol, "que podría acreditar el conocimiento de los defectos y de sus gravísimas consecuencias por parte de los responsables en España de su importación y distribución como directivos de la entidad Johnson & Johnson SA".

Conforme a la tesis de los querellantes, la dilatada colocación de estas prótesis en el tiempo, a pesar de los problemas de salud que acarreaban, fue posible gracias a la elusión de nuevos controles médicos por un artificio consistente en la modificación del dispositivo inicial que ya los había superado. Los daños físicos provocados residen tanto en los defectos de fabricación como en la composición del producto.

El secreto de las actuaciones, que constan ya de cuatro tomos, se alzó el pasado 6 de mayo y, según ha podido saber El Confidencial por fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción 6 citó poco antes de esas fechas a Enrique Álvarez López, Margarida Neves y Ángel Ignacio Cano, los tres con cargos directivos al frente de la división española de la empresa. También fue citado su actual representante legal, Pablo Arias Sanjuán. Todos ellos se negaron a declarar hasta conocer el contenido del procedimiento.

En agosto, la compañía reconoció que ha recibido "miles" de quejas de pacientes en todo el mundo que se lamentan de "dolores agudos"

Las fuentes citadas apuntan a que serán emplazados de nuevo para comparecer en la Audiencia Nacional a finales de este mes, tras el alzamiento del secreto. Los afectados en España, a los que representa el bufete Emilio Ortiz Abogados, han pedido también que se investigue al ingeniero responsable del diseño de las prótesis, Graham Isaak. Los querellantes solicitan que se investigue igualmente a la que fuera vicepresidenta para asuntos regulatorios de la división mundial de la compañía Shally Katherin. En declaraciones prestadas en el proceso civil, esta responsable apuntó que las prótesis fueron catalogadas como clase A, es decir, susceptibles de causar daños a la salud de las personas, antes incluso de 2005, indican.

Estas dos personas y otras dos vinculadas con la empresa no han podido ser localizadas por el momento. Lo mismo sucede con dos ex representantes legales de Johnson. Los denunciantes no descartan pedir que se proceda a su busca y captura internacional. La representación legal de los afectados ha aportado documentos internos de la multinacional matriz y correos electrónicos que, según defienden, acreditan el conocimiento previo del riesgo. Los papeles aportados han sido empleados en litigios a nivel internacional, en concreto en Australia, EEUU, Irlanda o Reino Unido. La Audiencia Nacional ha escuchado también las declaraciones de varios testigos. Bajo el foco se encuentra, además, la fabricante de las prótesis: la marca estadounidense Depuy.

La alerta sanitaria saltó en octubre de 2010 cuando, de forma supuestamente voluntaria, Depuy, filial de Johnson & Johnson, solicitó la vigilancia y retirada de cerca de 93.000 prótesis de cadera y huesos metálicos de titanio implantados en todo el mundo, debido a "fallos graves" del material. Las prótesis defectuosas, en concreto los modelos ASR XL Acetabular System y ASR XL Hip Resurfacing System, estaban en el mercado desde los años 2004 y 2003, respectivamente.

La alerta saltó en octubre de 2010, cuando Depuy, filial de Johnson & Johnson, solicitó la vigilancia y retirada de cerca de 93.000 prótesis de cadera

Los productos defectuosos provocaron una sintomatología de dolor, inflamación o dificultad al caminar. Presentaban también un peligro de traspaso de metales como el cromo y el cobalto a tejidos circundantes a la prótesis. Los productos fueron repartidos en unos 70 centros de todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Melilla, Navarra y La Rioja.

La empresa hizo entonces público un llamamiento en el que reclamaba que los pacientes de todo el mundo consultaran con su médico y avisaba de que era recomendable una intervención de recambio. La decisión se produce después de que en agosto pasado la compañía diera a conocer que ha recibido "miles" de quejas de pacientes en todo el mundo que se lamentaban de "dolores agudos" y de "enormes dificultades para moverse".

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