La Audiencia Nacional valora imputar a OHL por 10 años de mordidas

El Grupo OHL está en apuros. La compañía se encuentra en el centro de una de las piezas de la trama Lezo en que se investigan presuntas mordidas millonarias a cambio de contratos de obra pública durante más de una década. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional valora proceder a la imputación de la compañía como persona jurídica ante los indicios de que altos cargos de la compañía autorizaron que se destinaran cerca de 40 millones de euros a sobornos para copar el pastel de las adjudicaciones en comunidades autónomas de toda España, desde Extremadura a Canarias.

El juez Manuel García-Castellón ya se ha dirigido a la empresa para reclamar que se le dé cuenta de los planes habilitados para controlar el riesgo. Pese a la existencia de filtros internos de alarma y detección de actos de corrupción en sus empleados, dos argumentos jurídicos dificultan que la constructora quede exenta de asumir una responsabilidad penal. Las fuentes consultadas apuntan a que los pagos irregulares que comenzaron a rastrearse en secreto hace más de dos años sustentarían una práctica "generalizada" conducida por responsables de la propia OHL. Además, en la balanza pesa el elevado daño económico y la extensión del procedimiento irregular a distintos puntos del territorio nacional. En cualquier caso, la responsabilidad de la empresa se limitaría a lo sucedido desde el año 2010, año en el que se introdujo la responsabilidad penal de la empresa.

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Pese a que la compañía mantuviera habilitados mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción para respaldar buenas prácticas, es evidente que estos fallaron. En el centro de la investigación se encuentra el exdirector de Gestión Paulino Hernández, al que le fueron incautadas grabaciones que sustentan esta contabilidad sumergida destinada a alimentar la entrada de obra pública. Junto a él, figura como imputado el exdelegado de Obra Civil de Andalucía Oriental José Manuel Sanjurjo.

En concreto, se encuentran bajo el foco contratos en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014 por un importe total de 38,6 millones de euros. Según ha adelantado 'Vozpópuli', la investigación ha conducido ya a los presuntos receptores de las mordidas. El juzgado ha citado durante este mes de junio a tres políticos: Abelardo Genaro Moya, excargo de la Junta de Andalucía, José Luis Almazán Palomino, del PP de Melilla, y Albino Pardo Rodríguez, exdirector del puerto de Cádiz. Está previsto que declaren como investigadas otras tres personas: Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria (CC) y expresidente del puerto de Santa Cruz de Tenerife; Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de Construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP, y Antonio Ángel Castro Cordobez, quien fuera consejero de Infraestructuras de Canarias y ex diputado regional de CC.

Investigación interna

Consciente de la gravedad de los indicios, OHL encargó el pasado mes de marzo al bufete Baker & Mackenzie una investigación a directivos y exdirectivos de la compañía por el presunto pago de sobornos para la consecución de contratos que, a su vez, están siendo investigados en una pieza separada del caso Lezo, han dicho fuentes de la constructora. Fuentes de la compañía apuntan que el despacho está llevando a cabo una "exhaustiva" investigación forensic.

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La empresa dirigió la pasada semana un escrito al juzgado en el que da cuenta de estos trabajos e informa de que comunicará su resultado en el momento en que se extraigan conclusiones. Ratifica también su intención de cooperar con la Justicia. Fuentes cercanas al caso destacan que, entre las opciones que baraja la constructora, se encuentra la de personarse en la pieza, la 8 del caso Lezo, como perjudicada por las irregularidades de sus empleados.

La compañía recuerda que, al menos de momento, la empresa no es parte investigada en ninguna causa y que ninguno de sus empleados ha sido nunca condenado por corrupción. Las grabaciones que se encuentran en el origen del procedimiento fueron encontradas en un registro ordenado por Lezo cuando se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente, Juan Miguel Villar Mir, está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.