Los 300 'mossos' díscolos se hartan: recurren a los tribunales para ser policías o guardias

Los casi 300 'mossos' que quieren abandonar el cuerpo para reconvertirse en policías nacionales o guardias civiles se han cansado de esperar a que el Gobierno mueva ficha. Cuatro años después de que el Parlamento aprobara la Ley de Personal de la Policía (julio de 2015), que contempla la creación de una pasarela que permita a los agentes autonómicos pasarse a la institución nacional, las cosas siguen como estaban.

El Ministerio del Interior aún no ha movido ficha ni tiene previsto hacerlo. Todavía, ni siquiera, ha iniciado los trámites para aprobar un reglamento que desarrolle la disposición adicional cuarta de la mencionada Ley de Personal, que prevé que cualquier agente autonómico pueda ingresar en la Policía Nacional "en la escala y categoría equivalente a la que ostente en su cuerpo de procedencia". No hay tampoco plazo alguno para comenzar la redacción del reglamento que la citada ley ordena elaborar, apuntan desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

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En la misma línea de pasividad, Interior tampoco ha respondido a la petición del defensor del pueblo, que pidió información al ministerio sobre la consecución de la citada pasarela y también recibió la callada por respuesta. "Desde el Defensor del Pueblo, nos han dicho que van a insistir", asegura uno de los 'mossos' que encabezan la iniciativa y que prefiere permanecer en el anonimato por temor a posibles represalias. "Han expedientado al compañero que denunció al mecánico de Reus por no querer reparar el coche de su mujer, que es policía nacional", recuerda el funcionario para justificar su decisión de ocultar su identidad.

También ha respondido Interior con silencio administrativo a la reclamación de los 'mossos' que quieren abandonar el cuerpo, agrupados ahora en torno a la Asociación de Policías Autonómicos por la Pasarela, que han decidido por ello dar un paso más allá. En concreto, a través del sindicato CSIF, los 'mossos' han interpuesto este lunes un recurso de alzada, paso previo a acudir a los tribunales, para solicitar el desarrollo reglamentario de la pasarela con base en la mencionada Ley de Personal así como en diversos puntos de la Constitución española.

En concreto, los 'mossos' apelan al artículo 14 de la carta magna, que defiende la igualdad de todos los españoles; al 94, que establece que la potestad reglamentaria la tiene el Gobierno y que es este poder ejecutivo el que debe desarrollar lo previsto en la Ley de Personal; al 19, que protege la libre circulación de los españoles por todo el territorio nacional, y el 23, que prevé el acceso en condiciones de igualdad a la función pública. En la misma línea, el recurso de alzada se basa en el Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge el derecho de los españoles a la movilidad interadministrativa.

"Entre el año 2000 y 2008, hubo varias convocatorias que permitieron a policías y guardias civiles reconvertirse en 'mossos'; eran específicas para ellos, que tuvieron que hacer unas pequeñas pruebas y se incorporaron; ni siquiera llegaron a completarse todas las vacantes que salieron", explica el mismo policía autonómico, uno de los que llevan la voz cantante. "Muchos de los que aterrizaron de ese modo en el cuerpo se fueron luego", recuerda el mismo 'mosso', que entiende que las razones de que ahora muchos se quieran ir van más allá de la política.

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Es cierto que muchos están incómodos con la situación de los últimos años, que tienen "desapego" y, sobre todo, "mucha inseguridad jurídica", asegura el funcionario, que cree, aun así, que la creación de la pasarela "no vaciaría el cuerpo" de fieles a la Constitución. "Sería un derecho al que se acogería quien quisiera; muchos tienen a su familia fuera y lo harían por esa razón, por ejemplo", explica. "Otros, es cierto, están marcados y se quieren ir; sienten desconfianza hacia la Generalitat", afirma el agente, que en cualquier caso entiende que se trata de un número muy pequeño el que actualmente ha mostrado interés por dar el salto.

La Agrupación Reformista de Policías (ARP) se ofreció a servir de intermediaria entre Generalitat y Ministerio del Interior para todos aquellos 'mossos' que estuvieran interesados en cambiarse de 'casa'. Según este sindicato, casi 300 funcionarios de la policía catalana dieron su nombre y su apellido para que la ARP conformara una reclamación conjunta ante el departamento dirigido hoy por Grande-Marlaska.