Interior denunció ante la Fiscalía en 2015 a la firma del recuento del 26-M por corrupción

La chapuza en el recuento electoral de 26-M ha provocado que los votantes de León (125.000 habitantes) no conocieran hasta cinco días después del cierre de los colegios quién tiene más opciones de ser su próximo alcalde. El pasado viernes, por fin salieron de dudas. En otros municipios y diputaciones, el caos del escrutinio tardará más tiempo en solventarse. El propio Ministerio del Interior, encargado de licitar el contrato del recuento de las locales y europeas, ha culpado de los problemas a la UTE que se adjudicó el encargo, formada al 50% por las mercantiles Scytl y Vector. El enfado en Moncloa es tal que Fernando Grande-Marlaska convocó el pasado miércoles a directivos de ambas compañías para reprocharles los fallos que se estaban registrando y urgirles a buscar soluciones.

No es el primer encontronazo de Vector con Interior. La compañía, una multinacional tecnológica con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que tiene presencia en casi una decena de países y cuenta con una plantilla integrada por unos 2.500 trabajadores, optó en 2015 a uno de los lotes del recuento de las elecciones generales que se celebraron en diciembre de ese año. Su lote, el número dos, ascendía a 65.000 euros. El apartado más importante, de 13 millones de euros, iba a llevárselo Indra, que hasta ese momento ostentaba casi el monopolio en España del escrutinio electoral.

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Sin embargo, Interior paralizó la adjudicación cuando estaba a punto de formalizarse tras descubrir que tres funcionarios de diferentes departamentos del ministerio habían conspirado para filtrar presuntamente los pliegos del concurso antes de que este se celebrara. Interior reaccionó apartándolos de sus respectivos puestos. Uno de esos funcionarios tenía un vínculo familiar directo con la firma que se había impuesto en el cuarto lote, Base 100 SA.

El comisario de la Policía Nacional José María Rodríguez Calderón lideró una investigación interna del departamento de Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar de determinar la dimensión de la presunta estafa y qué otras licitaciones de procesos electorales podían haber sido corrompidas.

Las pesquisas del equipo liderado por el comisario Rodríguez Calderón confirmaron el vínculo familiar del funcionario de Interior con Base 100 y desvelaron que esta empresa había utilizado su influencia en el ministerio para favorecer a otras firmas para que se llevaran apartados a los que no podía optar por no estar homologada. Así habría ocurrido en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y en las municipales de 2015, por ejemplo. Según el informe de conclusiones que elaboró la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, una de esas compañías que se beneficiaron de una supuesta alianza secreta con Base 100 fue precisamente Vector.

Documentos de la investigación demostraron incluso que, en 2014, Vector cedió casi la totalidad del trabajo que correspondía a su lote a Base 100

Documentos incorporados a la investigación demostraron incluso que, en las europeas de 2014, Vector cedió luego casi la totalidad del trabajo que correspondía a su lote a Base 100, a pesar de que la subcontratación estaba prohibida. La sensación de impunidad era tal que Base 100 no tuvo problemas en reconocer en su propia página web que había realizado el servicio que había sido asignado a Vector.

En las municipales de 2015, se repitió el mecanismo. A uno de los lotes solo se presentaron Vector y Base 100. La primera se llevó la adjudicación por solo 1.000 euros de diferencia, pero todo el trabajo fue asumido por la segunda, que volvió a admitir en su página web que era la compañía que verdaderamente había ejecutado el encargo.

Las pesquisas permitieron a Interior paralizar la adjudicación del escrutinio de las generales de 2015 antes de que se formalizara y empezar de nuevo el proceso agrupando todos los servicios en un solo lote. Finalmente, más tarde de lo que estaba previsto, se terminó proclamando oficialmente vencedora del segundo concurso a una UTE integrada por Tecnocom y Scytl, la otra componente de la sociedad encargada del recuento del 26-M. Fue un hito en la historia de las elecciones en España. Por primera vez, Indra perdía la licitación de unas generales.

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La cotizada recurrió la decisión, pero Base 100 y Vector aceptaron su exclusión del proceso. La Inspección de Servicios de Interior remitió sus conclusiones a la Fiscalía de Madrid, que abrió automáticamente diligencias por presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, el Ministerio Público apenas efectuó nuevas averiguaciones y acabó archivando la denuncia de Interior meses después sin llegar a presentarla nunca ante un juez. El comisario Rodríguez Calderón recomendó a la Fiscalía que solicitara un análisis de las cuentas bancarias y las comunicaciones de los supuestos implicados, pero el caso se durmió en un cajón. De los tres funcionarios señalados por la investigación interna, uno optó por jubilarse y los otros dos fueron trasladados a otros organismos de la Administración central del Estado, donde continúan encuadrados. Ninguno tuvo que afrontar nunca ningún tipo de responsabilidad.

Cuatro años después de ese escándalo que provocó la paralización de un contrato millonario, Vector volvió a imponerse el pasado enero en un concurso para el escrutinio de unas elecciones en España. La UTE que formó con Scytl se adjudicó el recuento de las municipales y europeas con un precio de 8,7 millones de euros. El actual equipo de Interior no tuvo en cuenta su dudoso historial con el propio ministerio. Indra también se presentó, pero lo hizo con una oferta mucho más cara, de 10,8 millones de euros, que la dejó sin opciones. La UTE vencedora no solo ha provocado errores en León. También ha habido incidentes en Ibiza, Torrelavega, Baza, Chipiona, Allariz y Villanubla, entre otras localidades.

Este diario se ha puesto en contacto con Vector para preguntarle por la investigación interna de Interior y por la denuncia que llegó a la Fiscalía, pero ha asegurado que no tiene conocimiento de esos hechos y que, por tanto, no puede realizar ningún comentario.