LA FAMILIA PRESENTA OTRO ESCRITO

La semana decisiva para exhumar a Franco: división entre los jueces sobre la paralización

Una ajustada mayoría de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se decanta por el momento a favor de atender la medida de la familia y paralizar la exhumación

Foto: Vista general del Valle de los Caídos y de su cruz de 150 metros de altura. (Juanma Romero | EC)
Vista general del Valle de los Caídos y de su cruz de 150 metros de altura. (Juanma Romero | EC)

El Tribunal Supremo tendrá que decidir la próxima semana si paraliza la exhumación de Franco. El Gobierno pretende sacar al dictador del Valle de los Caídos el 10 de junio, por lo que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya no puede retrasar más su pronunciamiento. Aunque en principio barajaron anunciar su postura el pasado martes, la división entre los jueces ha aplazado la respuesta hasta el último momento. Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que una ajustada mayoría se decanta, por el momento, a favor de atender la medida cautelar solicitada por la familia Franco, lo que conllevaría paralizar de forma temporal el proyecto de Moncloa hasta entrar a valorar el fondo del asunto en una posterior sentencia.

Los magistrados Pablo María Lucas, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, José Luis Requero y Celsa Pico mantienen, por el momento, opiniones distintas respecto a la posible paralización, una situación que ha llevado a retrasar la decisión para evitar que el auto contenga votos particulares. A la hora de rechazar el pasado diciembre un recurso de la familia Franco por considerar que se había presentado de forma prematura, Segundo Menéndez Pérez, que ahora no tomará parte en la decisión final al encontrarse al frente de la Junta Electoral Central, ya se desmarcó del resto e incluyó un voto particular: aunque mostró su "total conformidad" con el rechazo, defendió que se "hubiera debido acordar la inadmisión a trámite del recurso contencioso-administrativo, por interponerse contra un acto no susceptible de impugnación".

Pero mientras la Sección Cuarta trata de pulir sus diferencias, el Gobierno sigue dando pasos hacia la exhumación. El pasado 11 de mayo, se publicó en el BOE un decreto en el que se desvinculan de Patrimonio Nacional los derechos funerarios que la institución tenía sobre el panteón de Mingorrubio-El Pardo, lugar en el que se encuentra enterrada la mujer de Franco, Carmen Polo, y que Moncloa pretende utilizar para inhumar al propio dictador tras sacarlo del Valle de los Caídos. Con este cambio, los socialistas pueden ya tomar la decisión de forma directa sin depender de Patrimonio Nacional y, de hecho, el Gobierno ya comenzó a acondicionar la cripta en cuestión esta misma semana para tener preparado el correspondiente nicho el próximo 10 de junio.

En vista de que desde Moncloa siguen adelante con su calendario, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, presentó un nuevo escrito ante el Supremo el pasado martes en el que insta al tribunal a poner fin al procedimiento de exhumación. Para ello, el letrado subraya dos argumentos por encima del resto. En primer lugar, que "no concurre el presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar un real decreto ley una vez no estamos ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad", refiriéndose así al paraguas legal con el que los socialistas pretenden justificar la exhumación. A continuación, el letrado subraya que la fórmula del real decreto ley no puede ser utilizada cuando afecte a derechos y libertades fundamentales, "como sucede en este caso", apuntando en este sentido al derecho a la libertad religiosa de los familiares de Franco, al derecho a la intimidad personal y familiar y al derecho a la igualdad ante la ley.

De igual forma, Utrera-Molina sostiene que el Gobierno no es competente para llevar a cabo la exhumación, pues la decisión corresponde a la autoridad eclesiástica, que en este caso, según el letrado, es el prior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. "No se trata de que el Ejecutivo haya de obtener una simple autorización de acceso a la basílica, sino que es necesaria la autorización eclesiástica para la propia exhumación", asegura. También incide en que "tanto el proyecto arquitectónico de exhumación, que fue redactado por Patrimonio Nacional (en un solo día), como el Informe favorable del Ayuntamiento del Escorial para la realización de las obras necesarias para llevar a cabo la misma (que se basa en el anterior) adolecen de graves deficiencias", por lo que considera que debe pararse la exhumación. Por último, apunta a que se requiere autorización por parte de la Comunidad de Madrid al competente en materia de Sanidad mortuoria, trámite que asegura que no se ha cumplido.

Aunque las fuentes consultadas apuntan a que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se decanta a favor de atender la medida cautelar y paralizar por el momento la exhumación, Utrera-Molina también dedica parte de su escrito a la posibilidad de que no sea así y, en concreto, a oponerse a "la decisión del Gobierno de prohibir la posterior inhumación en el lugar designado por la familia, esto es, en la Cripta de la Catedral de la Almudena". Con el 10 de junio a la vuelta de la esquina, la decisión de los jueces no puede esperar más: deben decidir si el dictador sale del Valle de los Caídos 44 años después.

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