Olona, defensora de polis, gestora anticorrupción y ahora negociadora de Vox

Macarena Olona Choclán (Alicante, 1979) tiene dos cosas que celebrar estos días. Hace dos semanas cumplió 40 años y, más importante, días antes se enteró de que estaba embarazada. "Un pequeño milagro", como califica la concepción de su primer hijo, que llega en un momento álgido de su carrera profesional. Otro más dentro de una trayectoria plagada de éxitos. Esta abogada del Estado, premio extraordinario de Derecho en la Universidad de Alicante (curso 2002/2003) y defensora de policías forma parte del equipo negociador de Vox que tratará de llegar a acuerdos con Partido Popular y Ciudadanos para gobernar ayuntamientos y comunidades autónomas tras los resultados obtenidos por la formación de Santiago Abascal en los pasados comicios del 26 de mayo.

Vox perdió 1,3 millones de votos en las elecciones europeas con respecto a las generales celebradas hace un mes, pero esos sufragios han sido suficientes para que el partido sea clave en casi una veintena de capitales de provincia y en dos gobiernos autonómicos. Junto a Olona, conforman ese grupo negociador Iván Espinosa de los Monteros, Enrique Cabanas, Pedro Fernández y Víctor González, todos pesos pesados de la formación, una suerte de camarilla en la que se ha colado la alicantina. "Me he encontrado techos de cristal cuando veía a políticos ignominiosos que confundían al abogado del Estado con el abogado del Gobierno; por eso quise dar el salto a la política, otro ámbito donde se pueden tomar decisiones; con el escudo de abogada del Estado me era imposible gritar", explica orgullosa de ser uno de los 24 diputados que Vox tiene en el Congreso.

Su experiencia contra la corrupción y su brillante mente jurídica han sido el mejor agarradero que podía imaginar Espinosa de los Monteros, que se lleva a Macarena a presentar todas las iniciativas parlamentarias que requieren de una formación en derecho, un reconocimiento que su trabajo le ha costado a la diputada, la mayor de dos hermanas. Educada en los Jesuitas y criada por su madre, Olona tiene en esta última mujer su mayor referente. "El ejemplo de su trabajo me ha marcado para siempre", afirma convencida y emocionada. En noviembre de 2009, aprobó las oposiciones de abogada del Estado después de cinco años y nueve meses "atada" a una silla. Su primer destino, Burgos, donde comenzó con decisión.

Allí defendió a policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana acusados "falsamente" a raíz de los sucesos de Gamonal. Logró la absolución de todos ellos. "Ahí empecé a conocer y a valorar la labor de las fuerzas de seguridad", recuerda. "No había horas en el día para dedicárselas; vi que era una injusticia tremenda lo que les había pasado, que no iba en el sueldo; funcionarios con salarios muy humildes que dan su vida por los demás y encima se ven injustamente acusados", afirma Olona, que no duda en ponerse la camiseta de Jusapol para mostrar su simpatía hacia la Policía y la Guardia Civil. "La equiparación salarial será lo primero por lo que lucharé", se propone.

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"No había pleito económico contra la Hacienda Pública —afirma en referencia al trabajo que más realizan los abogados del Estado— que fuera más importante para mí que ese centenar de procedimientos, alguno de los cuales tenía hasta diez policías acusados", subraya Macarena, que rememora como su gran logro en aquella época el "conseguir que los tribunales permitieran a los agentes sentarse en el banquillo uniformados". "Habían sido imputados por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, por eso ir con el uniforme les daba seguridad; además, permitió que al empezar el juicio se levantasen aquellos que no eran claramente identificados por los denunciantes", cuenta la diputada, que aún conserva la metopa que le regalaron 'sus' agentes con el escudo de la Policía Nacional.

En 2011, Macarena fue trasladada a Bilbao, donde tampoco pasó desapercibida. Al año y medio, la nombraron abogada del Estado jefa del País Vasco. "Asumí personalmente todos los juicios que tenían que ver con terrorismo y con defender a las víctimas de cualquier humillación en la comunidad autónoma", asegura Olona, que interpuso más de 1.500 recursos judiciales contra actuaciones del mundo abertzale por vía contencioso administrativa en defensa de los símbolos españoles. Denunció a 87 de los 88 ayuntamientos de Guipúzcoa por no poner la bandera nacional y logró la primera multa contra un alcalde por incumplir la ley de 1981 que obliga a hacer ondear la enseña de España. El condenado fue Natxo Urkixo (de EH Bildu), presidente de la corporación municipal de Llodio (Vizcaya), precisamente la localidad donde fueron grabadas las violentas imágenes de Abascal recogiendo su acta de concejal el 14 de junio de 2003.

La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la múltiple doctrina que fue construyendo para defender el principio de neutralidad política que deben tener los dirigentes de las instituciones, se refirió a Olona como "la guardiana de la memoria". "En mi etapa del País Vasco estuve muy expuesta; recibí muchos ataques que no venían precisamente del mundo abertzale", recuerda Macarena, que además de esta lucha contra las actuaciones de los radicales defendió a cuatro agentes de la Guardia Civil acusados de torturas "infundadas". Todos quedaron absueltos.

Pero en lo que Olona realmente se especializó durante su estancia en el País Vasco fue en procesos concursales en los tres territorios de la comunidad autónoma. "Empecé a observar casos demasiado similares de empresas que se creaban y al momento recibían fondos públicos del Gobierno central y de las diputaciones, luego dilapidaban el dinero y cerraban", recapitula. "En todos los casos había altos cargos, algunos del Gobierno vasco del PNV", cuenta Macarena, quien consiguió condenas en la inmensa mayoría, siempre en el marco del procedimiento concursal, no penal. Esta última vía sigue aún abierta. "El proceso concursal es más rápido y deben decir la verdad; todos fueron condenados a inhabilitación y a devolver el dinero; no solo los testaferros, sino también los cómplices; conseguí recuperar entre 80 y 100 millones de euros", cuenta con satisfacción. "Una parte se ha recuperado ya y otra está en vías de hacerlo", asegura Olona, que acabó su etapa en el País Vasco con un episodio más propio de un investigador privado que de un abogado del Estado.

En busca del testigo clave

Fue en el caso de los purines de Vizcaya. El testigo clave para lograr la condena no aparecía y el juicio estaba a punto de terminar. La jueza incluso llegó a decir que no emitiría sentencia sin su testimonio. Macarena decidió dar un paso adelante y pidió a la magistrada autorización para tratar de localizarle. Esta accedió y la joven abogada del Estado fue a su domicilio, donde nunca estaba cuando se presentaba la Policía para notificarle su obligación de acudir al tribunal. Entrevistó a los vecinos y logró averiguar que el testigo se escondía durante el día en una caravana aparcada en una carretera de un solo sentido que acababa en un acantilado. De noche, regresaba a su casa a dormir. "Le entregué la citación y tuvo que acudir a declarar; 20 días antes de irme del País Vasco, en junio de 2017, me notificaron la sentencia; era absolutoria; me encerré y presenté un recurso de 250 folios que sirvió para que un año después les condenaran a todos", recuerda con satisfacción.

Ese mes de junio de 2017 Macarena tiene que abandonar la que había sido su casa durante cinco años. Los medios publicaron que el PNV había exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vía la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la cabeza de Olona a cambio de apoyar los presupuestos. "Asumí la decisión del Ejecutivo con sentido de Estado", afirma la letrada, que fue destinada a Madrid. En concreto, fue designada secretaria general de la empresa pública Mercasa, que tres meses antes de la llegada de Macarena había sido registrada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigaban la corrupción en la sociedad de la mano del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Olona inició una investigación interna cuyos resultados fue trasladando al juzgado hasta que el 1 de octubre de 2018 el Gobierno cesa al presidente de la sociedad y nombra a José Ramón Sempere, quien tarda apenas diez días en fulminar a Olona con el fin de que esta no declarase ante la Audiencia Nacional, donde estaba citada para el 17 de ese mismo mes para explicar los 15 meses de investigación interna que había llevado a cabo. "Me llamó a su despacho y me dijo que iba a proceder a mi cese inmediato", recuerda.

"Mandé entonces un correo electrónico al consejo de administración y conté que el fin de esa decisión era que yo no pudiera declarar, con lo que el consejo suspendió una sesión que tenía y la trasladó al lunes, un día antes de la citación judicial, y yo pude explicar todo lo que había pasado; me cesaron como secretaria general, pero seguí como representante de la sociedad y por eso pude declarar nada menos que durante un mes ante la Audiencia Nacional", explica la hoy diputada, que ve su salto a la cámara baja como "un paréntesis" en su carrera. "España me dolía demasiado, por eso di el paso", resume Macarena.