La Policía rastrea los teléfonos de Iveco para llegar al que envió el vídeo sexual

Agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares siguen el rastro de los teléfonos que recibieron y reenviaron el vídeo de contenido sexual de la empleada de Iveco que el pasado sábado se quitó la vida. La mujer tuvo conocimiento el viernes de que su marido había visto las imágenes, sufrió una crisis de ansiedad y se suicidó. La escena que originó todo fue grabada cinco años atrás, cuando la pareja aún no se había casado.

Los funcionarios investigan la relación causal entre los hechos y tratan de averiguar qué empleados recibieron las imágenes y las mandaron luego a otros compañeros y quiénes se las enviaron previamente a estos. Pretenden de este modo ir rastreando la señal hasta llegar al dispositivo que grabó el vídeo y lo mandó por primera vez. De este modo, los investigadores lograrían una evidencia que podría servir para apuntar un posible delito de extorsión por parte del autor de la grabación. Faltarían, sin embargo, otras pruebas que ayudaran a sostener el mencionado ilícito.

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En paralelo, los agentes investigan un segundo delito, contra la intimidad, en el que podrían haber incurrido esos empleados que difundieron masivamente la grabación de la vida personal de una compañera. El mencionado rastreo de los teléfonos, por supuesto, serviría para indagar esta última infracción penal. De momento, la investigación la llevan los policías con la máxima discreción, no solo para el buen término de las diligencias sino también por la familia de la fallecida.

La Fiscalía Especializada en Criminalidad Informática se ha hecho cargo del caso y ha reclamado a la Policía un informe sobre los hechos con el fin de determinar si estos pudieran ser constitutivos de alguno de los dos delitos mencionados. Asimismo, también la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto diligencias en el marco de sus competencias.

De momento, los investigadores implicados no descartan ninguna opción, ni el citado chantaje por parte de una pareja anterior de la víctima ni siquiera el que ella enviara por error el archivo o cualquier otro supuesto. "Se trata de determinar si los hechos tienen relevancia penal", explican desde la Fiscalía Especializada que dirige Elvira Tejada.

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Cuando tuvo conocimiento de que el vídeo estaba siendo distribuido, la mujer acudió al departamento de Recursos Humanos de la empresa, que la invitó a denunciar ante la Justicia lo que le estaba ocurriendo. Las fuentes sindicales consultadas aseguran que desde Recursos Humanos le ofrecieron un cambio de puesto o que se cogiese una baja temporal, opciones que declinó la empleada, que según las mismas fuentes tan solo pretendía que pasase ese mal trago.

Comisiones Obreras, por su parte, ha anunciado que denunciará a la compañía ante la Inspección de Trabajo porque, a su juicio, esta debía haber activado el protocolo de acoso sexual en cuanto la empleada contó la historia. "Lo ocurrido es un claro caso de acoso sexual", considera el sindicato. Entiende además que Iveco incumplió la Ley de Riesgos Laborales al no activar las medidas preventivas necesarias cuando llega un caso de riesgo como este. Un grupo de unos 300 trabajadores de la compañía está saliendo estos días a las puertas de las instalaciones para concentrarse y protestar por lo ocurrido. La plantilla prevé seguir teniendo el mismo gesto durante toda la semana.

El Confidencial ha tratado de ponerse en contacto con Iveco a través de los diferentes medios que la compañía pone a disposición de los medios de comunicación. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta de la sociedad.