Prisión eludible bajo fianza para el dueño de la funeraria que intercambió ataúdes

La Audiencia de Valladolid ha establecido prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros para el dueño del Grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., quien hasta ahora permanecía en prisión sin opción a fianza tras su detención en la investigación abierta por delitos económicos en la empresa. El magistrado ha tomado esta decisión tras concluir que no hay riesgo de fuga por parte del acusado y que el pago de esta cantidad no perjudicaría a su derecho a la libertad. La compañía está implicada en delitos de estafa y falsedad, blanqueo y organización criminal cmetidos, presuntamente, durante dos décadas. En total, se produjeron 25 detenciones en el marco de la operación policial.

Tras la vista desarrollada en la Audiencia vallisoletana la pasada semana, en la que el letrado del investigado solicitó su puesta en libertad, la Audiencia ha considerado que el propietario de la funeraria puede eludir su situación de prisión si deposita una fianza de 800.000 euros, según han informado este martes a Efe fuentes jurídicas.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, que se ocupa del caso, centra la investigación en la supuesta comisión de delitos continuados de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

La operación policial denominada 'Ignis', que desembocó en el arresto de veinticinco personas, puestas en libertad después excepto el dueño del Grupo funerario, se dirigió a que el propietario de la funeraria, varios familiares y trabajadores vendieron féretros que retiraron antes de incinerar y los volvieron a vender. La estafa continuada que se investiga supuestamente pudo cometerse durante veinte años con casi 6.000 ataúdes.

Bienes embargados, su familia y edad: los motivos del juez

La Audiencia ha establecido que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero sí se ha diluido y puede neutralizarse "con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad", como la imposición de una fianza, han detallado fuentes del TSJCyL.

En este sentido, el tribunal ha tenido en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, que tiene sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.

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También ha valorado la sección segunda de la Audiencia que no existe posibilidad de que altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación porque ya se ha intervenido toda la documentación encontrada.

La resolución de la Audiencia refleja además que tampoco existe un "peligro fundado y concreto" de que el propietario de la funeraria pueda "influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo" ni de que "pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas" o cometer "otros hechos delictivos".

Los magistrados de la Audiencia han considerado que, de la documentación intervenida, de los informes policiales y de la declaración de algunos testigos, se desprende que existen "indicios mínimos bastantes" de la participación del empresario en los hechos investigados.

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Por este motivo, establecen como ajustada la cantidad de 800.000 euros como fianza y no los 150.000 que solicitaba el investigado para poder abandonar la cárcel. Además del pago de la fianza para salir de prisión, el Juzgado que instruye la causa podrá imponerle otras medidas cautelares como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

El abogado de Ignacio M.A. ha considerado "elevada" la cantidad de 800.000 euros, por lo que ha adelantado a Efe que seguirá reclamando su reducción.