El Congreso estudia retrasar su calendario y la ronda con el Rey por el caso de los presos

La suspensión de los diputados presos, que se dirime en una partida de ajedrez entre el Congreso y el Tribunal Supremo, se alarga. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, no ve clara una suspensión automática, y el tribunal considera que es la Mesa de la Cámara quien debe aplicar la medida. Jueces y políticos consideran la suspensión inevitable, pero prefieren que sea el otro quien la aplique. Eso tiene un efecto práctico. El lunes se cierra el plazo para que los grupos nombren a sus portavoces, lo que da vía libre al turno de consultas con el Rey para la investidura. Pero hasta que no se resuelva la suspensión, una opción que maneja el Congreso, según fuentes parlamentarias, es alargar el plazo para formar los grupos, lo que retrasaría todo y evitaría que Oriol Junqueras sea designado portavoz.

Como un dominó, la dilación en la suspensión va empujando a la pieza siguiente y abre todo un horizonte de problemas. La situación es clara. "La suspensión es inevitable. El tema es quién la aplica", resume una fuente que conoce bien el Congreso. El Supremo quiere que lo haga el Congreso en función de su reglamento —"el diputado quedará suspendido cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta"—. Considera que se evita así una imagen que se podría interpretar como una intromisión del poder judicial en el legislativo.

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Pero la mayoría del Congreso, que controlan ahora PSOE y Unidas Podemos, prefiere que lo haga el tribunal aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como hizo en el Parlament. La ley establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". La diferencia es que la cámara autonómica no contaba con previsiones sobre la suspensión de las que sí disponen las cámaras nacionales.

PP, Ciudadanos y Vox reclaman la suspensión inmediata, pero Batet ha enfriado esa petición. La presidenta del Congreso comenzó la jornada del miércoles dándola por inevitable. "De acuerdo con la ley, parece que todo indica esto", señaló. Pero luego, en el Congreso, y después de que se conociera que había pedido aclaraciones al Supremo, indicó que consideraba que debía suspenderlos el poder judicial. En una 'pinza' de escritos, la presidenta y la Fiscalía se dirigieron el miércoles al alto tribunal con un propósito común. Que este les apunte el artículo de la Lecrim citado en el párrafo anterior. El 384 bis. La respuesta a ambos del Supremo no se hará esperar. Se conocerá este mismo jueves. Las Cortes quieren una orden directa. Todo apunta a que el Supremo no irrumpirá en el terreno parlamentario.

La respuesta a ambos del Supremo no se hará esperar y se conocerá de forma inminente

En el mismo sentido que Batet se expresa Jaume Asens, portavoz de los comunes. En Unidas Podemos, creen que hay que ser muy restrictivo con la aplicación del reglamento para suspender a diputados y que en este caso no se cumple la literalidad de lo que marca la norma, porque no ha habido suplicatorio —el Supremo considera que no hace falta porque han sido procesados antes de ser elegidos diputados—. "El Supremo ya aplicó la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando eran diputados en Cataluña y puede volver a hacerlo", opinan fuentes parlamentarias.

La Mesa se reúne hoy con la nueva mayoría en la que PSOE y Unidas Podemos suman cinco puestos frente a cuatro de PP y Ciudadanos. Pero Batet ya trasladó que no habrá decisión inmediata. Una opción es que pida un informe a los letrados del Congreso sobre cómo proceder o que insista en pedir que sea el Supremo quien los suspenda.

Aunque no hay actividad parlamentaria, los plazos corren para un trámite esencial. El lunes por la tarde se cierra el plazo para formar los grupos parlamentarios y que los partidos designen a sus portavoces. Si no están suspendidos, ERC y JxCAT pueden designar a Junqueras, Turull, Rull y Sànchez en puestos relevantes, lo que les permitiría pedir permisos al tribunal para acudir a reuniones y alterar el desarrollo del juicio, que ya se vio sin sesiones lunes y martes para que acudieran al Congreso a entregar sus credenciales. Además, la Constitución establece que "después de cada renovación del Congreso de los Diputados", el Rey comenzará una ronda de consultas "con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria" para proponer un candidato a la investidura.

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Por eso, el Congreso estudia ampliar el plazo para la constitución de los grupos. No está decidido, pero es una opción, según fuentes parlamentarias. Aunque el reglamento establece un plazo de cinco días para formar los grupos, fuentes parlamentarias explican que la Mesa podría flexibilizarlo. En ese caso, el Rey tendría justificado no empezar la ronda de consultas. JxCAT ha anunciado su intención de que a la reunión en Zarzuela acuda Jordi Sànchez, y ERC podría elegir a Junqueras (aunque este ha anunciado que renunciará al acta, porque es candidato a las europeas).

Hay otros plazos que ya corren. El reglamento del Congreso establece que "dentro del plazo de los 15 días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva, tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura". Si los diputados presos no están suspendidos para entonces, podrían pedir un permiso al Supremo para la sesión solemne.