El Supremo devuelve la 'pelota' de la suspensión de los presos al Congreso

El tribunal del 'procés' ha contestado en solo unas horas a la petición de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre la suspensión de los presos. En un breve oficio, el magistrado Manuel Marchena se remite a lo que ya comunicó a la Cámara y dice que "la causa penal va a seguir su curso". "Es misión de esta Sala salvaguardar los fines del proceso", incide. Esta última frase es clave: el Supremo apunta que la pretensión de la Cámara puede hacer tambalear el procedimiento que se sigue contra los políticos independentistas.

La respuesta se produce coincidiendo con la reunión de la Mesa este mismo jueves. El escrito, de apenas dos párrafos, acusa recibo de la comunicación de Batet en el que esta reclamaba explicaciones sobre el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido", dice, para reiterar "lo que ya fue razonado" en su auto del 14 de mayo, en el que se señalaba tanto el reglamento de la Cámara como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Reciba el testimonio de mi más alta consideración personal", concluye Marchena.

Tras el movimiento del Supremo, la pelota vuelve al tejado del Congreso. El escrito remitido por Batet coincidió con otro registrado por la Fiscalía que, en una 'pinza' al tribunal que juzga a los presos, pedía que se ordenara la inmediata suspensión en aplicación de la pata jurídica que justifica la suspensión, en lugar de la parlamentaria. La Mesa, que no conoció con antelación la decisión de la nueva presidenta de pedir aclaraciones, se reúne hoy por primera vez con la intención de reclamar un informe a los letrados del Parlamento antes de decidir sobre una suspensión que comienza a convertirse en una agonía.

La clave está en el artículo 21 del reglamento de la Cámara, que establece que un diputado quedará suspendido "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta", así como "cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria". Batet, sin embargo, se resiste a su aplicación y trató de ganar tiempo pidiendo una aclaración al Supremo sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando el Congreso también tiene potestad para suspender a los diputados presos.

Mientras tanto, la dilación en la aplicación de la medida ha comenzado a producir un efecto dominó. La Mesa estudiará hoy retrasar la formación de los grupos para evitar que alguno de los presos sea nombrado portavoz de grupo y, por tanto, reclame acudir a las consultas con el Rey. El próximo lunes se cierra ya el plazo para que los grupos nombren a sus portavoces, lo que da vía libre al turno de consultas con Felipe VI para la investidura, pero como todavía no se ha resuelto la suspensión, la idea de la Mesa pasa por alargar el plazo para formarlos: esto implicaría retrasar el trámite y evitar así que Oriol Junqueras sea designado portavoz.

Pero no solo ERC quiere que los presos ocupen puestos clave en el Congreso. Junts per Catalunya ya ha anunciado también su intención de proponer a su cabeza de lista por Barcelona, Jordi Sànchez, como representante de la formación en la ronda de consultas que emprenderá el Rey. La medida afectaría de forma directa a la propia Batet, que este miércoles ya acudió al Palacio de la Zarzuela a informar a Felipe VI de la constitución de las Cámaras, tras lo que tiene el encargo de sondear a los distintas formaciones parlamentarias para preparar la lista de representantes políticos que tienen intención de participar en la mencionada ronda de consultas.