El peligro estaba en la malversación: la cifra que cerca a los acusados del 'procés'
Cuatro expertas cuantifican, con esa escalofriante precisión que solo puede tener un inspector de Hacienda, el daño que produjo al erario el 1-O
Ocho años de prisión. El delito de malversación agravada dejó este miércoles de ser una idea difusa para convertirse en algo palpable en el juicio del 'procés'. Tres expertas cuantificaron, con esa escalofriante precisión que solo puede tener un inspector de Hacienda, el daño que, en su opinión, produjo al erario la financiación del referéndum del 1 de octubre. Y dieron una cifra que roza el millón pero que impresiona más en toda su exactitud: 917.648 euros. Dígito tras dígito.
No solo la cifra es impresionante. Las tres peritos de Hacienda, también. Impresionaron por su solvencia. Escucharlas y querer que se ocupen de las finanzas de un Estado era todo uno. Sin fisuras ni grietas, fueron detallando sus conclusiones. Dieron ante la sala, amontonadas en la mesa que hasta hoy se reservaba a los testigos y que se nutrió de sillas para acogerlas a todas, una lección de primero de teoría de desfalco de las arcas del Estado.
Comenzaron sentando las bases. El perjuicio a las arcas se produce en el momento en que se presta el servicio por parte del empresario. No importa que el pago nunca llegue a producirse. Al escucharlas, una de las periodistas que cubre la vista desde la sala de prensa lo resumió de forma muy expresiva: "Solo con pensarlo ya has malversado". Y eso fue lo que sucedió en los distintos casos analizados hasta sumar casi el millón. El quebranto abonado es muy inferior, ojo. La perito de la Abogacía del Estado no lo cuantificó 'in voce', pero sí en un informe que refleja una cantidad pagada que roza los 200.000 euros.
Las expertas fueron repasando, uno a uno, lo sucedido en casos como los encargos de publicidad, la puesta en marcha de páginas web o el diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal. Se sucedían en el uso de la palabra pero complementándose. Poniendo, uno a uno, los ladrillos de los cimientos para construir una condena de nada menos que ocho años de prisión, a la que se enfrentan todos los acusados salvo tres. Cinco de ellos cambiaron el miércoles la moqueta de las Cortes por la madera del banquillo.
Las cuatro expertas fueron repasando, uno a uno, lo sucedido en casos como encargos de publicidad, puesta en marcha de webs o diseño de cartelería
Todo el esquema de la defensa se desmoronó. Ante esta misma sala desfilaron, hace semanas, los proveedores de servicios. Los que diseñaron anuncios o publicidad o pasquines. Normalmente, con graves problemas de memoria. Y en su mayoría, con un mensaje común. No cobraron. Todo gratis total. Las peritos derribaron esa coartada, que se había ido depositando como polvo encima de un mueble, de un solo plumazo.
Fue evidente que el golpe que se veía no era del agrado de los acusados. Antes de que las cuatro mujeres ocuparan sus asientos, las defensas saltaron en masa contra su presencia en el juicio sin que las sustentara un informe previo comunicado a las partes. Alegaron indefensión por no contar con un escrito físico en el que se vertieran las conclusiones que iban a exponer y que venían respaldadas por un 'pendrive', este sí, aportado con la información en bruto que analizaron. La protesta condujo a un receso para la deliberación del tribunal, que decidió de forma unánime que iba a escucharlas.
El espíritu de Alonso Martínez, al que el magistrado Manuel Marchena ya ha citado en alguna ocasión a lo largo de los 45 días que se cumplen de juicio, volvió a la sala. En su exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, allá por septiembre de 1882, el jurista sentó las bases de los principios procesales españoles, vivos aún hoy. Y colocó en el centro el juicio oral, el plenario, donde todo lo anterior no cuenta y se juega sobre tabla rasa. "Desde el punto de vista de la actividad probatoria, es lo que nos permite que sea en el acto del juicio oral donde se desarrollen con estos principios de contradicción, publicidad y defensa la práctica y la batalla dialéctica entre acusación y defensa acerca del respaldo de la prueba pericial", destacó el magistrado como sustento a su decisión de admitir la pericial.
La rebelión y la sedición, hoy, quedaron olvidadas. Se manifestó, cómo no, otro espíritu menos ilustre que el de Martínez. El espectro de Cristóbal Montoro, que reconoció con la boca 'chica' que igual desde la Generalitat se la colaron, pero no mucho. La jefa de las tres peritos indicó, a una pregunta directa del presidente, que asesoraba al ministro. La defensa trató de mentarle las dudas que evidenció el de Hacienda, pero no tuvo éxito.
Se manifestó, cómo no, el espectro de Cristóbal Montoro, que reconoció con la boca 'chica' que igual se la colaron, pero no mucho
Los abogados de los acusados intentaron luchar a brazo partido contra el peso de los hechos. Preguntaron por las partidas analizadas. Quisieron demostrar que se atribuyeron a gastos del referéndum cosas que no eran tales. Y salió el anuncio de la campaña del Registro de Catalanes en el Exterior de la mano de Andreu Van den Eynde, el mejor de la jornada, que depositó la semilla de la duda razonable. El defensor de Junqueras quiso saber por qué las expertas habían considerado ilícitas algunas de las partidas, como esa, por ejemplo. La publicidad sospechosa mostraba la silueta del mapa de Cataluña desgajada del de España y un sí o no manuscrito. Las peritos respondieron que fue su interpretación "leal".
Ocho años de prisión. El delito de malversación agravada dejó este miércoles de ser una idea difusa para convertirse en algo palpable en el juicio del 'procés'. Tres expertas cuantificaron, con esa escalofriante precisión que solo puede tener un inspector de Hacienda, el daño que, en su opinión, produjo al erario la financiación del referéndum del 1 de octubre. Y dieron una cifra que roza el millón pero que impresiona más en toda su exactitud: 917.648 euros. Dígito tras dígito.
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