Batalla de peritos sobre si el uso de locales en el 1-O implicó un gasto público

Testigos fuera, peritos dentro. Tras la comparecencia de las expertas de Hacienda para apuntalar la malversación, el jueves llegó el turno de una nueva prueba pericial sobre el valor de uso de los locales del 1-O. Cuatro hombres se sentaron ante el tribunal y respondieron a la misma cuestión: si se puede atribuir un gasto público por el hipotético arrendamiento de los locales para el referéndum. Los dos de las defensas, Jordi Duatis y Joan Güell, sostuvieron que no. Los de las acusaciones, Carlos Javier Irisarri y José Manuel Cámara, que sí. La mañana acogió así una batalla en la que los conceptos técnicos volaron por la sala, un cruce dialéctico en el que a la Fiscalía se olvidó de preguntar por la principal cuestión: ¿a cuánto asciende este supuesto gasto?. En una comparecencia en la que se buscaba reforzar el delito de malversación, los magistrados se quedaron sin escuchar la cifra clave.

Los peritos de las acusaciones comenzaron explicando que su análisis parte de una simple premisa: los locales presentan un valor potencial de arrendamiento que debe tenerse en cuenta. Los de las defensas, por el contrario, sostuvieron que esta idea no tiene sentido, pues no existe la posibilidad de alquilar los edificios que se utilizaron. "Cualquier local comercial en una área industrial tiene su canon y sus tasas. Hemos valorado y establecido cánones de uso de puertos en más de una ocasión", argumentó Irisarri. "No hay comparación con el mercado con los inmuebles estudiados. No hay un submercado de equipamientos públicos", contraargumentó por su parte Güell. Las mismas ideas se repitieron una y otra vez a lo largo de la sesión y terminaron por cansar a los propios peritos : "Es un bucle al que volvemos siempre", llegó a decir Cámara.

Sin ponerse de acuerdo en el principal punto, los cuatro discutieron entonces durante más de una hora sobre aspectos de menor peso: si hay que calcular el valor de todo el edificio cuando solo se utilizó una pequeña parte de los mismos, si había que diferenciar los centros que eran de titularidad pública de los privados... La comparecencia arrancó con la fiscal Consuelo Madrigal, que buscó reforzar la postura de Cámara e Irisarri frente a la que sostenían los de las defensas. Sus intentos de echar por tierra la versión contraria llegaron a tal punto que en algunas de sus intervenciones ni siquiera planteó preguntas, sino que se limitó a indicar a sus dos peritos que contraargumentaran lo que Güell y Duatis acababan de decir. Pero en su afán por desmontar a las defensas y reforzar el delito de malversación, a Madrigal se le olvidó preguntar a los suyos por el gasto al que ascendió el uso de estos locales.

En la sesión de tarde, los sobresaltos no pararon. Hubo bronca por la comparecencia de dos peritos policiales que iban a exponer un informe sobre la documentación intervenida a Josep María Jové. Las defensas protestaron ante el hecho de que uno de los expertos ya había acudido a la sala durante el turno de testigos. Tras una deliberación el tribunal decidió que este no podía quedarse y permitió la presencia del otro pero despojado de su condición pericial. El interrogatorio comenzó. pero de forma tan accidentada que el fiscal acabó renunciando a la prueba.

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Antes de la prueba pericial, la sesión arrancó con los últimos cuatro testigos del juicio del 'procés', todos ellos propuestos por Meritxell Borràs y Santi Vila. La primera fue Josefina Valls, ex directora de servicios del Departamento de Gobernación. La declaración no había hecho más que empezar cuando lanzó una frase para exculpar a su antigua jefa: "La consejera nos reunió y nos dijo que teníamos que aplicar la providencia del Constitucional". A partir de ahí, su comparecencia se convirtió en una sucesión de odas a la gestión de Borràs: "Todo estaba de acuerdo con la legalidad", "no cedimos ningún local del departamento para el 1-O"... El segundo testigo de la mañana fue Xavier Urios, director general de asuntos contenciosos del gabinete jurídico de la Generalitat. Y por si Valls no lo había dejado claro, se encargó de reforzar la misma idea sobre la 'exconsellera': "Tenía la certeza absoluta de que no se estaba haciendo nada para el referéndum del 1 de octubre".

La ronda de testigos finalizó con los propuestos por el 'exconseller' de Empresa Santi Vila: Pau Villòria, abogado y funcionario del cuerpo superior de la Generalitat, y Josep Solà, director de servicios del departamento de Empresa. El primero de ellos aseguró que el 'exconseller', que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia, le dio la orden de no inicia r"ningún expediente de gasto relacionado con el referéndum del 1-O". Según aseguró, el propio Vila le explicó que Puigdemont pretendía financiar el referéndum "con aportaciones de particulares". A continuación, Solà expuso la misma idea: "El conseller me dijo que el departamento no haría ningún gasto relacionado con el 1 de octubre". En la 46ª sesión del juicio del 'procés', las testificales llegaron a su fin. Pero según apuntan los abogados del juicio, el final definitivo no se espera hasta el 11 de junio.