Inadmitida la querella de IU contra Villacís por la sociedad que tenía con su marido

La juez de Instrucción número 24 de Madrid, Coro Monreal Huerta, ha inadmitido la querella interpuesta por Izquierda Unida contra la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de la formación naranja a la Alcaldía, Begoña Villacís, por la sociedad que tenía con su marido, Iuriscontencia S.L., al avalar la documentación que acredita tanto que la edil vendió su participación en 2009 como que cesó como administradora en 2011.

Así consta en un auto dictado este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez inadmite a trámite la querella presentada por la representación procesal de IU al respaldar la versión ofrecida por la edil madrileña. Contra esta decisión, fallada a cinco días de las elecciones, cabe recurso de reforma ante la juez y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

IU acusaba a la líder municipal de Cs de la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. La formación sostenía en su demanda que Villacís incurrió en un conflicto de intereses ya que esta sociedad asesoró a varios sindicatos policiales en acciones contra el Ayuntamiento de Madrid.

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E.P.

De hecho, IU Madrid registró el pasado 25 de marzo esta querella criminal contra Villacís tras conocer que no habría comunicado al secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para incluirlo en su declaración de bienes que era administradora solidaria de la sociedad Iuriscontencia.

En el auto, la juez relata que basta con analizar la documentación aportada por el partido político querellante relativa al registro mercantil sobre la sociedad, que refleja que inicia sus operaciones en 2007, que adopta la forma de sociedad unipersonal de manera sobrevenida el 1 de abril de 2009, pasando a ser socio único Antonio Suárez-Valdés. "A partir de ese momento, como en todas las sociedades unipersonales con capital, pasa a tener el control total de la sociedad sobre el órgano de administración, ya lo desempeñe personalmente o haya nombrado a otras personas para que lo desempeñen", subraya la juez.

Seguidamente, añade la resolución, el 1 de septiembre de 2011 se produjo "el cese de esta, puesto que es la fecha que aparece en la citada documentación como la del nombramiento de Suárez (el marido de Villacís) como administrador único".

Este análisis de la propia documentación que incluía la querella se refuerza, según recoge el auto, "con la certificación que aporta la querellada, certificación del registro mercantil que cita literalmente la situación de unipersonalidad de Iuriscontencia por compra ante notario de Madrid, Pedro Domínguez Sors, el 1 de abril de 2009, de la totalidad de las participaciones sociales por las que pasa a ser único socio Antonio Suárez-Valdés". Además, cita también el acuerdo de cese de Begoña Villacís como administradora solidaria el 1 de septiembre de 2011.

La magistrada concluye que no es "certera la afirmación que se hace en el escrito de la querella y que es lo que la sustenta, de que la querellada cese en su cargo de administradora solidaria en la tan mentada sociedad el día 26 de marzo de 2018". "Esta es la fecha en que se inscribió su cese en el registro mercantil, pero se produjo en fecha muy anterior, como se ha visto y se publicó en el BORME el día 6 de abril", recalca la instructora.

Agrega que no puede ser sometida a investigación por estar "junto a su esposo en una entrega de premios jurídicos, uno de los cuales, el de derecho militar, se otorga al gabinete jurídico Suárez-Valdés" y reseña que se deberá convenir que "está dentro de los usos sociales".

"Y resaltaré que, la materia jurídica por la que recibe el premio el despacho algo tendrá que ver con que asista a militares y policías en pleitos que estos colectivos tengan pendientes ante los órganos judiciales, sin que haya aportado ningún indicio de la participación de la querellada en la actividad del citado gabinete, ni directa ni indirectamente, como tampoco a través de la sociedad Iuriscontencia S.L.", señala la juez.

Además, alude al informe del gabinete de la Alcaldía aportado junto con la querella sobre incompatibilidades, deber de abstención y obligaciones relacionadas con el registro municipal de intereses en el que se indica que "si la concejal hubiera omitido o falseado los datos aportados podría plantearle el traslado a la Fiscalía", algo de lo que según subraya la juez "no se tiene constancia en los registros del decanato que se haya producido".

Por tanto, sostiene que no procede adoptar ninguna medida cautelar ni personal, al igual que tampoco procede adoptar ninguna diligencia "a la vista de que procede la inadmisión de la querella".