La Fiscalía pide levantar la imputación de Gallardón en el caso Lezo

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicita levantar la imputación de quince personas en la pieza sobre la compra de Inassa, petición en la que incluye a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González. Aunque el magistrado Manuel García Castellón atienda su demanda, González seguiría imputado en el resto de piezas por las que le investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 6 en el marco del caso Lezo, pues el Ministerio Público solo centra su solicitud en aquella que pone el foco en la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. Gallardón, que solo se encuentra imputado por esta operación concreta, sí quedaría desvinculado de Lezo si se acepta la solicitud de la Fiscalía.

Anticorrupción considera ahora que la participación de ambos no ha quedado probada, postura que defiende en un escrito de doce páginas al que ha tenido acceso El Confidencial: "Tras analizar el resultado de las diligencias practicadas debe concluirse que no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta procedente acordar el sobreseimiento provisional de los mismos", argumentan en el mismo.

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De todos modos, en el mismo escrito instan a finalizar la investigación al haberse practicado ya las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, pidiendo por ello que se acuerde auto de transformación en procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento. De esta manera solicitan que el caso siga adelante abriendo una pieza separada con 22 imputados, listado que se puede consultar en este enlace y que cuenta, entre otros, con la presencia de dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: Pedro Calvo y Juan Bravo.

Los argumentos que salvan a Gallardón

En el caso de Gallardón, la Fiscalía argumenta que no ha quedado acreditado que tanto él como el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "conocieran los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría con la compra de Inassa". Respecto a González, sostiene que su "sobreseimiento se justifica al no haber quedado acreditada suficientemente su participación en este proceso de adquisición de Inassa, iniciándose además la vinculación de los dos primeros con Canal Isabell II con posterioridad a la culminación de esta operación".

Entre el resto de personas para las que se pide levantar la imputación, destaca el que fuera número dos del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, el exconsejero de Presidencia y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Manuel Cobo Vega, la exviceconsejera de Medio Ambiente, María Paz González García, o el exdiputado madrileño Carlos Mayor Oreja. El resto pueden consultarse en la última página del escrito de la Fiscalía.

Gallardón, que declaró ante el juez Manuel García Castellón en junio de 2018 por la compra de Inassa, insistió en que la operación fue "ética", negó que hubiesen mediado comisiones ilícitas y puso el acento en que contaba con todos los informes preceptivos favorables, si bien en las actuaciones consta un estudio de Cuatrecasas que carga contra la adquisición. A lo largo de la instrucción, la fiscal y el juez han escuchado además a todo el Consejo de Gobierno de Gallardón, cuyos representantes alegaron que se habían fiado de los informes técnicos para refrendar la operación.

Piden la apertura de una nueva pieza

A la hora de justificar la apertura de una nueva pieza por Inassa, Anticorrupción sostiene que la compra estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta": en realidad se adquirió la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica".

Anticorrupción señala en este sentido a dos exdirectivos del Canal: José Antonio de Cachavera Sáncher, director Económico y de Desarrollo Comercial, y Juan Pablo López Heras, subdirector de Nuevos Negocios. Con el beneplácito del director generente, Arturo Canalda, el Ministerio Público sostiene que elaboraron un análisis sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña. "En ese dosier también se especificaban, aunque de forma atemperada, los principales riesgos y contingencias fiscales que esta compra generaría para el ente público", pero al mismo tiempo "obviaron deliberadamente valorar tales riesgos, lo que determinó que el 13 de diciembre de 2001" se aceptara pagar 73 millones de dólares por dicha compra.