La Audiencia Nacional reclama a Josu Ternera por lesa humanidad

El Juzgado 3 de la Audiencia Nacional ha reclamado a las autoridades francesas a José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias 'Josu Ternera', por el delito de lesa humanidad. A través de una providencia, la magistrada titular María Tardón ha pedido cursar una comisión rogatoria con el fin de que la Justicia gala notifique al detenido su procesamiento y estudie su traslado a España con el fin de que la jueza pueda tomarle declaración en el marco de la citada causa.

Tardón tomó esta decisión el 20 de mayo después de que los padres de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz, asesinados por ETA el 30 de julio de 2009 en Palmanova (Mallorca), y la Fundación Luis Portero —creada en honor a quien fuera fiscal jefe de Andalucía, acribillado por la banda en 2000— solicitaran al Juzgado 3 que reclamara a Francia la inmediata extradición de Ternera, al entender que el delito de lesa humanidad que se le atribuye en este caso tiene "carácter prioritario".

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Las víctimas, que provocaron la apertura del procedimiento con sus denuncias, alegaron que una resolución publicada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1973 estableció este rasgo preferente del mencionado ilícito penal sobre otros debido a su especial relevancia social. La causa de lesa humanidad es una de las cuatro que tiene pendientes Ternera, que fue detenido el pasado 15 de mayo por la Guardia Civil y la inteligencia francesa después de estar 17 años huido de la Justicia.

"Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o de lesa humanidad", reza el punto número dos de esa resolución que recordaban las víctimas. "Los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de guerra y lesa humanidad, y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias a ese fin", subraya el punto tres, al que también se referían los reclamantes, que sostienen que este ilícito es considerado prioritario por Naciones Unidas porque "atenta contra la propia comunidad internacional, contra el conjunto de la humanidad".

En el caso de la lesa humanidad, además de Ternera, se encuentran procesados otros tres jefes de ETA. Se trata, en concreto, de Garikoitz Aspiazu Rubina, Mikel Carrera Sarobe y Aitzol Iriondo Yarza. El primer, según trasladó la Fiscalía a la Audiencia Nacional, se encuentra preso en el centro penitenciario de Arlés, donde cumple cuatro penas por terrorismo que suman 30 años y que concluirán el 24 de enero de 2033. El segundo está encerrado en la prisión de Sud-Francilien, donde cumple dos cadenas perpetuas y otras dos penas de 20 años de cárcel por asesinato, homicidio, robo a mano armada, posesión ilícita de armas, asociación ilícita, secuestro y otros ilícitos. El tercero está recluido en la prisión de Moulins-Yzeure, donde cumple penas que suman 30 años por acciones terroristas que cumplen el 17 de febrero de 2025.

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Bajo el mandato de todos ellos, ETA asesinó al concejal socialista Isaías Carrasco, al brigada del Ejército Luis Conde, al empresario Ignacio Uría, al inspector de Policía Eduardo Puelles, a los guardias civiles Juan Manuel Piñuel, Carlos Enrique Sáenz y Diego Salvá y a los ciudadanos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, víctimas estos últimos de la bomba que explotó en la T4 de Barajas. Ternera era el único dirigente de la banda al que no se pudo comunicar el procesamiento por encontrarse huido. El sumario está concluido y solo falta designar fecha de juicio. La Audiencia Nacional se declaró competente para investigar a los jefes que tuvo la banda desde 2004 porque consideró que fue ese año cuando el ordenamiento jurídico español integró el tipo penal de lesa humanidad. Antes de ese momento, entendió el alto tribunal, no podía enjuiciar a nadie.

Esta limitación que se impuso la Audiencia Nacional provocó que la asociación Dignidad y Justicia, presidida precisamente por uno de los hijos de Luis Portero, Daniel Portero, interpusiera una denuncia ante los tribunales argentinos que pedía a estos investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los etarras que dirigieron la banda antes de 2004. La Justicia argentina aceptó la propuesta y reclamó a la Audiencia Nacional toda la documentación sobre dos de los atentados cometidos por la organización terrorista que no fueron enjuiciados —los de los concejales de Rentería José Luis Caso y Manuel Zamarreño—, pero el tribunal español rechazó por tres veces remitir la información.