El nuevo Congreso enfría la suspensión automática de los presos que piden PP y Cs

Hay un consenso básico de que un preso no puede ejercer como diputado. Bien por el reglamento del Congreso, bien por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la mayoría de juristas y políticos coinciden en dar poca vida a la carrera como diputados de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Lo que no está tan claro es cómo se articula la suspensión. Albert Rivera y Pablo Casado anunciaron que pedirán a la Mesa del Congreso que hoy se constituye —previsiblemente, con mayoría del PSOE y Podemos— que proceda a ejercutarla de forma automática. Pero el nuevo Congreso se inclina por actuar con más pausa y pedir un informe a los letrados de la Cámara. De nuevo, Cataluña marca la vida parlamentaria y augura la primera batalla política de la legislatura.

Los cuatro diputados y el senador de ERC y JxCAT acuden este martes procedentes de Soto del Real para tomar posesión de sus escaños. Los cinco contarán durante el trámite con el asesoramiento de sus abogados, que les acompañarán durante esta jornada sin precedentes.

Mientras tanto, Albert Rivera ha comenzado ya su asalto al liderazgo de la oposición. En vísperas de la constitución de las Cámaras y después de que los presos del 'procés' tomaran sus credenciales escoltados por la Policía, pidió que la suspensión de funciones se produzca de forma inmediata. "Vamos a presentar un escrito ante la Mesa del Congreso al minuto de que se constituya para exigir la suspensión automática de los diputados presos. Quienes dieron un golpe contra nuestra democracia no pueden tener un escaño y cobrar un sueldo de todos los españoles", lanzó.

Rivera: "Quienes dieron un golpe contra nuestra democracia no pueden tener un escaño y cobrar un sueldo de todos los españoles"

Pablo Casado, en la reunión del grupo popular, coincidió en esa idea y señaló que los diputados del 'procés' tienen que ser suspendidos sí o sí, por el reglamento o por la Lecrim. Casado criticó incluso la entrega de credenciales autorizada por el Supremo y la consideró "ofensiva" para la mayoría de los españoles. El inicio de la legislatura replica el fin de la anterior en el Congreso, con Casado y Rivera compitiendo a veces por adelantarse unos minutos en distintas salas en su crítica al independentismo.

La clave radica en que el Tribunal Supremo ha indicado a las Cortes que los diputados presos deben ser suspendidos de sus funciones y ha señalado que así lo establecen tanto el reglamento del Congreso como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez Pablo Llarena suspendió a los diputados del Parlament esgrimiendo esta segunda —"firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión"—. La norma de la Cámara catalana no incluía previsión alguna sobre el supuesto, en contra de lo que sucede con la que rige la actividad del Congreso y el Senado.

El Supremo mira ahora a las Cortes. Considera que en este caso no solo la ley sino el reglamento del Congreso conducen de forma ineludible a una suspensión, y que debe ser el poder legislativo quien los suspenda. Se evitaría así una intromisión indeseada del poder judicial en la vida parlamentaria. En un auto, el Supremo apuntó la semana pasada a la Mesa: "Las previsiones normativas del reglamento de ambas Cámaras para el caso de que un diputado o senador resulte procesado y se declare su prisión son bien expresivas".

El reglamento del Congreso establece que serán suspendidos los diputados "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". El Supremo ha decidido que en esta ocasión no hace falta el suplicatorio —el permiso que la Justicia pide a las Cámaras para investigar a un diputado— porque han sido elegidos diputados mucho después de las fases de instrucción e intermedia.

"Se les tiene que suspender, no creo que nadie tenga duda de eso, pero me da que, ahora mismo, nadie quiere hacerlo", resume una fuente que conoce bien el funcionamiento del Parlamento. La Mesa que elija la nueva mayoría del Congreso estará previsiblemente controlada por PSOE y Unidas Podemos (tres puestos de los socialistas y dos de los morados) frente a cuatro de PP y Ciudadanos (dos cada uno). Y es esta Mesa bajo el mandato de Meritxell Batet la que debe aplicar el reglamento.

Fuentes parlamentarias dan por hecho que la decisión no será inmediata y que lo previsible es que pidan un informe a los letrados de las Cortes

Fuentes parlamentarias dan por hecho que la decisión no será inmediata y que lo previsible es que pidan un informe a los letrados de las Cortes. Pedir un informe jurídico es el comodín en estos casos y los letrados tardan más o menos según lo urgente del caso y de lo que les requiera la presidencia. Eso sí, una vez pedido, su criterio prácticamente ata a los miembros de la Mesa. El fin previsible, sea de forma inmediata o menos urgente, es la suspensión, salvo extraña lectura del gabinete legal. Desde Ciudadanos y PP consideran que no hay lugar a la interpretación y una suspensión no automática generaría un ataque al PSOE por dar aire al independentismo y a solo unos días de las autonómicas y municipales, justo cuando el PSOE esgrime su ruptura con ERC por el caso Iceta.

Hay quien no descarta que el Congreso quiera guardarse las espaldas. Fuentes gubernamentales apuntan como una posibilidad que, tras el criterio del gabinete jurídico, la Mesa con mayoría progresista se dirija de nuevo al Supremo para solicitar aclaraciones. La posición del PSOE frente a ERC, a unas semanas de la investidura, es delicada: por un lado, hay una tensión creciente, especialmente después del veto republicano a que Miquel Iceta fuese designado senador, y por otro, Sánchez necesita al menos una abstención de ERC para la investidura y está vendiendo la desinflamación en Cataluña.

Hay debate de fondo y tensión sobre cómo se soluciona. El Supremo quiere que los diputados sean suspendidos por el Congreso y en la Cámara preferirían que lo hiciera la Justicia. Si los días corren, es previsible que los presos diputados pasen a integrar sus respectivos grupos o incluso a ser designados portavoces. Lo mismo sucede con las comisiones, que se formarán a partir de la próxima semana. Mientras tanto, el miércoles continuará el juicio del 'procés'.