Caso Villarejo: detenidos dos empresarios por la pieza que salpica a la ministra Delgado

La Policía Nacional ha lanzado un operativo este miércoles para detener a cinco presuntos implicados en el proyecto PIT del comisario Villarejo, una de las operaciones del policía que se investigan en la Audiencia Nacional en el llamado caso Tándem. Entre los arrestados se encuentran el naviero Ángel Pérez-Maura, descendiente del fundador del banco Santander, y el industrial y amigo del comisario Adrián de la Joya, según han confirmado a este diario fuentes próximas a las pesquisas.

Las detenciones se han producido a petición de la Fiscalía Anticorrupción y han sido efectuadas por la Unidad de Asuntos Internos encargada de este procedimiento. También han sido arrestados un hermano de Pérez-Maura, Álvaro, que trabaja en la compañía familiar; el consejero delegado de la misma, Francisco Javier Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre. Asimismo, se están produciendo registros en varios domicilios y oficinas. El dispositivo ha arrancado a primera hora y se prolongará al menos durante el resto de la jornada.

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Beatriz Parera

Como adelantó El Confidencial el pasado septiembre, la pieza PIT salpica al exjuez Baltasar Garzón y a la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Se investiga un presunto pago de más de siete millones de euros de Pérez-Maura a Villarejo para tratar de desactivar un procedimiento por corrupción abierto contra su compañía en Guatemala y que sigue pendiente de juicio. El naviero también habría pedido al comisario que frenara su propia extradición al país centroamericano y consiguiera la libertad del único empleado que permanece en prisión, Juan José Suárez Meseguer, detenido por las autoridades guatemaltecas en 2016.

Gestiones de Delgado y Garzón

Documentos y audios intervenidos al comisario revelarían que, tras ser contratado por el naviero, Villarejo trató de recurrir a Garzón y Delgado, que en aquella época era fiscal de la Audiencia Nacional, el órgano encargado de estudiar la entrega de Pérez-Maura, para evitar que la causa prosperara. El comisario había anotado en sus papeles una reunión con Delgado. No obstante, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción precisan que la ministra no está siendo investigada en estos momentos por su participación activa en el caso.

Respecto a Garzón, se investigan varios pagos que recibió de Villarejo para que presuntamente empleara sus contactos judiciales al otro lado del Atlántico en beneficio de Pérez-Maura. Los agentes de Asuntos Internos han localizado movimientos de fondos que terminaron bajo el control del exjuez de la Audiencia Nacional y que estarían relacionados con sus supuestas gestiones en Guatemala. Se da la circunstancia de que Garzón ya había trabajado en el pasado con Iván Velásquez, máximo responsable del organismo fiscal que impulsó la investigación contra los empresarios españoles.

En concreto, Pérez-Maura y Suárez Meseguer están acusados por la Justicia de ese país de haber pagado sobornos al expresidente Otto Pérez Molina para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), se llevara la gestión del estratégico puerto de Quetzal, en la costa del Pacífico, durante 25 años en régimen de usufructo. El acuerdo se oficializó en 2012, con Pérez Molina en el poder.

El otro industrial detenido hoy por Asuntos Internos, Adrián de la Joya, habría sido el encargado de poner a Pérez-Maura en contacto con Villarejo. De la Joya, residente en Suiza, tenía que declarar este martes en la Audiencia Nacional por el caso Lezo, otra causa en la que también está siendo investigado por su presunta relación con el pago de una comisión de 1,5 millones de euros de OHL al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la adjudicación del Cercanías de Navalcarnero.

Las facturas de los pagos

Según documentos contables incorporados al sumario de la operación Tándem, la compañía matriz de Pérez-Maura, Pérez y Cía SL, hizo un primer pago en 2016 de 3.388.000 euros a la agencia de investigación de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) —hay una factura de 2.178.000 euros y otra de 1.210.000—, y de otros 1.452.000 euros a Stuart & McKenzie, el bufete jurídico del policía. Esos pagos se debieron presuntamente a que Villarejo ya había alcanzado uno de los objetivos: evitar la extradición del naviero a Guatemala. Efectivamente, en abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la petición de entrega de Pérez-Maura.

A partir de ese momento, las dos empresas de Villarejo empezaron a recibir de Pérez y Cía SL un total de 145.200 euros mensuales por los encargos que seguían pendientes. Hasta noviembre de 2017, fecha en la que estalló la operación Tándem, Pérez-Maura pagó a las compañías del comisario más de siete millones de euros.